La causa Larrabure y el manto de impunidad.          El camino hacia la necesaria reconciliación de nuestra sociedad continuará lamentablemente bloqueado si la Justicia no aplica las Convenciones de Ginebra.

La Cámara Federal de Rosario debe resolver próximamente si el horrible asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, ocurrido en agosto de 1975, conforma o no un crimen de lesa humanidad. Por unanimidad, los miembros del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia determinaron que el coronel Larrabure fue estrangulado tras un largo cautiverio en manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en condiciones absolutamente infrahumanas que debió soportar a lo largo de 372 interminables días.

En el caso Larrabure, la parte actora sostiene que la norma por aplicar es necesariamente la del artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949 que, transformadas en derecho interno argentino en 1957, prohíben de modo expreso torturar y asesinar a los prisioneros de guerra.          Esa norma debió, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ser respetada por igual tanto por quienes atacaron como por quienes defendieron el Regimiento de La Tablada, en 1989.    Con las Convenciones de Ginebra de 1949 en mente, el Tribunal Oral de La Plata ordenó recientemente, en el caso "Castillo", investigar los crímenes que pudieron haber sido cometidos por Montoneros contra los miembros de la llamada Concentración Nacional Universitaria.                        Lo hizo atento a que las Convenciones de Ginebra son ciertamente aplicables al conflicto armado interno de los 70, en el que intervinieron no solo el Estado argentino, sino también ejércitos irregulares, con uniformes, grados y reglamentaciones propias.