Robos organizados:                                       

             ¿conspiración golpista o hambre desatendida?
 

PREOCUPACIÓN. La corrida cambiaria, una de las principales problemáticas que trata de solucionar el Gobierno.

El gobierno de Mauricio Macri está abocado en estos días a dos tareas decisivas: frenar la corrida cambiaria y garantizar que no se produzca ningún saqueo o cosa parecida.

Sabe que asegurar la paz social va a ser tan difícil como transmitir confianza a los mercados. Así que ha decidido prevenirse al máximo, no sólo con medidas específicas de control y asistencia, sino con una preventiva deslegitimación de cualquier eventual "estallido".                Para ello está recibiendo una involuntaria pero como siempre muy oportuna ayuda del kirchnerismo, que echa alevosamente leña al fuego cada vez que puede, en una suerte de caricatura del agitador incendiario.                                                                                                 Vidal se diferenció de Peña:                                                                                                "No reconocer la dificultad económica es no entender lo que le pasa a la gente".

Tanto al presidente como a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal los desvela lo que pueda pasar en particular en el conurbano en los próximos meses, en que la recesión económica va a tocar fondo.                                                                                                            De ahí que hayan acompañado las medidas de ajuste con anuncios de más partidas para atender a los excluidos, aumentos de emergencia en la AUH y otros planes sociales. Y también que estén muy ocupados con el despliegue de fuerzas de seguridad y el contacto con los supermercadistas, para intervenir a tiempo en caso de que se produzca cualquier "movimiento sospechoso".

El mismo tratamiento están recibiendo las autoridades con jurisdicción en áreas periféricas calientes, tanto de Buenos Aires como de ciudades del interior: recursos para atender la emergencia acompañados de la oferta de fuerzas federales para asistir a las policías distritales y un contacto cotidiano para prevenir cualquier eventualidad.

Claro que para que la política local, sobre todo cuando es controlada por la oposición, colabore con esta compleja operación es preciso que su ánimo no esté dominado por el cálculo de que le conviene el estallido antes que prevenirlo, porque va a poder echarle la culpa a sus adversarios, y en particular al gobierno nacional. De ahí el otro costado de la estrategia oficial: dejar en claro de antemano que los saqueos no son tanto resultado de un malestar social auténtico, como de operaciones de grupos políticos radicalizados.

Vino en ayuda de esta tesis el episodio registrado días atrás en Mendoza, en el que al menos un dirigente ligado al kirchnerismo está entre los ocho acusados de promover ataques a supermercados en la periferia de varias ciudades. Las acusaciones se basan en el análisis de los celulares de los saqueadores detenidos. Que eran, sin excepción, vecinos y familias de bajos recursos. Con buen criterio, la Justicia no se ensañó contra estos últimos sino que busca determinar la responsabilidad de quienes habrían estado fogoneando esos episodios: los organizadores y transmisores de la cadena de mensajes en que se señaló los blancos y se montó la escena de la “protesta”.

Al menos desde diciembre de 2001, cuando se consagró la eficacia del método para liquidar gobiernos, se viene discutiendo si estamos frente a hechos "espontáneos" u "organizados". Y la discusión se renueva y reactiva cada vez que pasa algo parecido. El supuesto de esa discusión es, muchas veces, que si se establece que los saqueos se gestaron "desde abajo", aún siendo ilegales, tendrían cierta legitimidad, por el grado de necesidad en que han sido colocados los saqueadores: gente dispuesta a dejarse matar con tal de comer y darle de comer a su familia. Algo así como una justicia distributiva espontánea y de emergencia se estaría canalizando a través de las turbas que atacan y destruyen la propiedad de comerciantes que, en ocasiones, son solo un poco menos pobres que los saqueadores. Con el agravante de que en general los saqueos no son solo de comida.                                          Lo que tiene también obviamente su lógica:                                                                              "Ya que vamos a robar, robemos lo de más valor, no nos conformemos con pequeñeces".

Es también bastante obvio que los políticos oportunistas considerarán "espontáneos" y "auténticos" los saqueos que se hagan contra gobiernos de sus adversarios, y en cambio "organizados” y “fraudulentos", "no auténticos saqueos" en suma, a los que sufran gobiernos amigos.                                                                                                                                          Ejemplos de ello ya tuvimos varios durante el kirchnerismo, que se cansó de celebrar la "rebelión popular" de fines de 2001, pero hizo lo contrario en diciembre de 2012, cuando estallaron saqueos en Bariloche y el Gran Buenos Aires: el secretario de Seguridad de entonces, Sergio Berni, sostuvo como explicación que "hay un sector de la Argentina que quiere llevar el caos, la violencia y teñir de sangre nuestras fiestas", entre quienes el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, identificó a los gremios de “camioneros, gastronómicos y ATE", entonces enfrentados al kirchnerismo, explicando que se trató de acciones "estructuradas y organizadas, en las que nadie iba por comida, sino por plasmas, LCD y bebidas".

Un año después el kirchnerismo metió la pata aún más hondo, al celebrar y hasta prohijar los saqueos que estallaron en Córdoba a raíz de una huelga policial durante la cual el gobierno nacional se negó a enviar las fuerzas federales requeridas.

Pero cuando la ola saqueadora se le fue de las manos y se extendió a provincias amigas, como Buenos Aires (el foco fue Mar del Plata), Tucumán, Chaco y Jujuy, no dudó en enviar a la Gendarmería y la Prefectura.                                                                  Hubo cerca de dos decenas de muertes ese diciembre.                                                        Sólo en Tucumán, gobernado por el hiperoficialista José Alperovich, los muertos fueron al menos ocho.                                                                                                        El gobierno nacional, lejos de aplaudir esta vez la "rebelión popular" consideró que tenía que premiar a los uniformados y les otorgó un "reconocimiento económico".                                                                                       Les dio un premio por matar saqueadores que él mismo había alentado a actuar, dicho mal y pronto.

¿Se imaginan lo que dirían los kirchneristas, si fanáticos de Macri  hicieran algo parecido? "MMLPQTP" y "… basura, vos sos la dictadura" les quedarían chicos.

Por suerte, el macrismo y otros sectores moderados parece que algo aprendieron de estas experiencias y de las trágicas secuelas dejadas por tantos desmanes, los producidos por la desesperación y sobre todo los mucho más dañinos que resultaron de una política salvaje.      Y se están esmerando en que los saqueos no se produzcan, y no que se produzcan en las ciudades y ocasiones gobernadas por los demás.

Es sociólogo, historiador y doctor en Filosofía.                                                                                                         Actualmente es investigador independiente del CONICET, dirige el Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani y del Centro de Investigaciones Políticas.                                                                 Además es profesor titular de las materias “Liderazgos, representación y opinión pública” y “Teoría Política Contemporánea” en la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.                                      Nacido en Buenos Aires en 1965, es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).                                                                                                                                                  Actualmente es director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA http://www.iigg.fsoc.uba.ar/historiapolitica/, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del Centro de Investigaciones Políticas (http://www.cipol.org/).

Es profesor titular de la materia “Liderazgos, representación y opinión pública”, desde agosto de 2000, y adjunto regular de la materia “Teoría Política Contemporánea”, desde agosto de 1999, en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran: Historia de la Argentina Contemporánea (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2006), La Historia Reciente. Ensayos sobre la experiencia democrática argentina, en colaboración con Vicente Palermo (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2004), La Dictadura militar (1976-1983) (Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003, en colaboración con Vicente Palermo). Versión en portugués: A ditadura argentina (1976-1983), (Editorial Edusp, São Paulo, 2007), El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad, (Editorial Norma, Buenos Aires, 2002).