El tema jubilatorio está escalando posiciones en el ranking de preocupaciones del Gobierno y de los jubilados.                                                                                                                                     Pensábamos que la nueva fórmula de ajuste que provocara la baja de nuestros haberes, nos sería recompensada moderadamente, por el alza actual de la inflación, pero no fue así, pues del mismo modo que implantó el cálculo basado en la inflación para perjudicarnos, el gobierno al contemplar ahora el posible aumento, la modifica para que no nos beneficie.
Como de costumbre, Anses de acuerdo con la medida, acompañada con su silencio que es aprobación y ninguna palabra por la defensa de nuestros derechos pisoteados por el fisco nacional.
Hoy recibimos otro cimbronazo o saqueo, pues el Tesoro se prestó 16.000 millones de pesos del Fondo de Sustentabilidad, lo cual fue anunciado por los medios televisivos, con la mayor naturalidad, al igual que el precio de la manteca y de las verduras.                                                    El comentarista económico deslizó la posibilidad de que hasta fin de año se repitan los "préstamos" por las exigencias impuestas por el FMI. 
De hecho, la tormenta fiscal que soporta el sistema financiero del país será capeada con el dinero de Anses, Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo totalmente divorciado de la finalidad de sus funciones y bajo la impropia e irónica denominación de seguridad social.
Quedan pendientes, como lo advertimos en artículos anteriores, la resolución de la Corte Suprema sobre más de 200.000 juicios con sentencia firme que el gobierno se niega a pagar apelando nuevamente a la fórmula de recomposición salarial. De tener éxito significaría una rebaja de las sentencias en más de un 50%.                                                                                                              Las apelaciones fueron hechas por Anses que quiere imponer la fórmula establecida en la Ley de Reparación Histórica, una real extorsión oficializada por el Congreso Nacional.
Además, se llega a la sarcástica ironía de que el Alto Tribunal, cuyos integrantes se hallan exentos del pago del impuesto a las ganancias, tiene que resolver si los jubilados deben pagarlo.                Los jueces de la Previsión Social dictaminaron que es inconstitucional, pero Anses apeló pues afirma que debe pagarse.
La situación es muy grave ya que el Poder Ejecutivo, con el presidente en persona y su ministro de justicia apremiaron a la Corte en sendas visitas privadas realizadas últimamente.                              Necesitan dinero.
Estamos exponiendo la realidad objetiva observada sobre la economía de cinco millones de familias afectadas por las decisiones del gobierno, No se trata de una crítica política ni de una actitud opositora al macrismo. 
Como todo argentino bien nacido y amante de su país, estamos dispuestos a poner el hombro en esta emergencia, a pesar de las magras remuneraciones asignadas, pero exigimos que las medidas de ajuste sean aplicadas en todos los niveles y en razonables proporciones. Debemos señalar, no acusar, al gobierno de que ha prometido en diciembre del año pasado terminar con las jubilaciones de privilegio y con los altísimos sueldos de funcionarios de los tres poderes y nada de eso ha sido cumplido. La reducción de los gastos en toda la administración nacional no se percibe.
Tenemos la obligación de exigir la eliminación de cuantiosas subvenciones de carácter político pagadas por el anterior gobierno que aún se mantienen.
Doloroso es decir que estos pagos son afrontados por los jubilados, pues provienen de Anses. 
Más doloroso aún nos resulta pagar millonarias indemnizaciones a terroristas, desaparecidos, presos, que dispuso el kirchnerismo y que nunca ni del actual gobierno hemos conocido las exactas cantidades y nómina de los favorecidos, rendición de cuentas que la Secretaría de derechos humanos no informó, no obstante nuestros constantes pedidos,                                                        Es ésta una obligación establecida por ley y que no se cumple con la debida transparencia de los actos de gobierno,