Argentina y la guerra a los muertos.                                                        El indigenismo retroactivo llevó al retiro de la estatua de Colón ubicada detrás de la Casa de Gobierno.

La reescritura del pasado y la censura retroactiva tardaron en arrancar en el Primer Mundo.              Con todo su progreso, los norteamericanos y europeos van rezagados si los comparamos con los avances que imprimió en nuestro país la exaltación de lo que se conoce por "memoria histórica".

Como se recordará, la estatua de Cristóbal Colón ubicada en los jardines de la Casa Rosada fue retirada en 2013 (cinco años antes que la de la ciudad de Los Angeles), en medio de una disputa que terminó siendo más política que histórica y que hoy nadie tiene presente.                                    Y cómo olvidar que, desde 2011, el 12 de octubre no es más el Día de la Raza sino el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Hubo otros casos. En 2010 la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional dejó de llamarse Gustavo Martínez Zuviría (nombre real del escritor católico que firmaba con el seudónimo de Hugo Wast), con el argumento de que el autor de Oro, uno de los más populares de la historia literaria argentina, había sido antisemita.                                                                                                                            Un año antes la plaza del barrio porteño de Flores que homenajeaba al general Pedro Eugenio Aramburu se convirtió en "Del Angel Gris", por el personaje de Alejandro Dolina. Quienes decidieron la modificación olvidaron que la plaza no recordaba a Aramburu por haber sido el que ordenó los fusilamientos de 1956, sino porque él mismo fue secuestrado y asesinado en 1970 por la célula fundadora de Montoneros.

EL SETENTISMO

La obsesión setentista pesó mucho en los cambios.                                                                      En 2011 la entonces Ministra de Seguridad, Nilda Garré, dispuso reemplazar los nombres de los institutos de formación policial Ramón L. Falcón, Alberto Villar y Cesáreo Angel Cardozo.         Lo hizo aduciendo que se trataba de figuras asociadas con prácticas represivas, sin mencionar que los tres fueron víctimas de atentados terroristas, el primero en 1909, los otros en 1974 y 1976.        O quizás la decisión obedeció a esa misma finalidad: borrar de la memoria histórica los nombres de esas víctimas para que con ellas también desaparezca del recuerdo la crueldad de la que fueron capaces sus asesinos.

Pero no todo se queda en el pasado.                                                                                              En 2017 el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó una ley que hacia el futuro obliga a las reparticiones de los tres poderes provinciales a calificar en todos sus pronunciamientos públicos de "dictadura cívico-militar" al régimen que gobernó entre 1976 y 1983, y a agregar la cifra de 30.000 junto a la expresión "desaparecidos".                                Ello pese a que ese número nunca jamás ha sido confirmado ni por el Estado ni por los registros de organizaciones de derechos humanos.                                                                      Será otra forma de censura que recaerá sobre el que no repita esa "verdad" de la "memoria".

JM