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11 de octubre de 2019
Debemos salir de este pantano.
"¡Y después!... Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda, de los sucesos que ocurren a otros, que no son él.

La Prensa

Debemos salir de este pantano.

                                              Por : Fermín Ricardo Aranda.

Las Mil y Una Noches nos dice: "¡Y después!... Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda de los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra y se reprimirá".

Cuesta aprender de la historia, y más por las visiones parcializadas que existen de la misma, dominadas por la mezquindad, la cobardía y/o la cultura de la inmediatez.              Pero hay lecciones que no se pueden soslayar.
Por ejemplo, se puede aprender que la intolerancia que regó de sangre el planeta el siglo pasado con las dos guerras mundiales.                                                                                            Del mismo modo que la soberbia que llevó a los vencedores a aplastar y humillar en Versalles a Alemania e Italia, y que engendró el fascismo y el nazismo, se pudo ver aquí con el reemplazo de la Constitución por el imperio del Estado soy yo.

Lo que vivimos en nuestro país en los años "70 no fue más que la explosión de la intolerancia, de la prepotencia y de la muerte.                                                                                La guerrilla urbana y rural que se consolidó con el aval de Perón, quien desde el exilio proclamó "si tuviese 20 años sería guerrillero", siguió a quince años de proscripción del peronismo.

Esa década estuvo plagada de crímenes aberrantes.                                                                     

En cualquier lugar y hora del día eran asesinados, indiscriminadamente, políticos, sindicalistas, militares, religiosos, civiles, niños, empresarios, diplomáticos, policías, estudiantes, intelectuales, músicos, poetas; en fin, el terror.

Al principio fueron ERP y Montoneros, luego la réplica de la Triple A, con el aval del gobierno electo en 1973, contra librepensadores e integrantes de los grupos guerrilleros armados.

Aniquilar a la guerrilla fue el objetivo, primero de un gobierno constitucional con la Operación Independencia, y luego de las Fuerzas Armadas con la toma del poder.             

Pero combatir a la subversión con las mismas herramientas de ésta, sin asegurar el Estado de Derecho, profundizó el conflicto.

Hoy, se encuentran presos o con pedido de captura, militares y personal de las fuerzas de seguridad, formados, educados y armados por el Estado Argentino, para defender los valores políticos de nuestra nacionalidad.                                                                                   

Son acusados y condenados por hechos que, en principio, se produjeron por órdenes que debían cumplir, provenientes de sus mandos naturales.

AGUAS DE BORRAJAS

Los intentos de reconciliación buscados durante los primeros veinte años de democracia, primero con Alfonsín y luego con Menem, cayeron después en aguas de borrajas.               

Se desconocieron tanto las condenas impuestas por igual a los actuales reos y a los guerrilleros, como los indultos y la ley de amnistía para todos los que participaron de ese delirio armado.

El mismo Congreso que había sancionado las leyes de obediencia debida y de punto final fue el que las declaró nulas, arrogándose una atribución que no le compete.                         

Y la destitución de la Corte Suprema y el recambio de sus integrantes favoreció la declaración de inconstitucionalidad de esas leyes.                                                                         

Lo actuado entonces por los tres poderes no significó otra cosa que una manifiesta violación al Orden Constitucional.

Desde entonces se reiniciaron los procesos contra militares y fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad.                                                                                                           

Pero ya no se abrió ninguna causa penal ni contra el terrorismo, ni contra los gobiernos responsables por los delitos causados por la Triple A.                                                                     Y esto, sólo porque el poder político no los consideró delitos de lesa humanidad ni violación a los derechos humanos.

A los que sí son imputados por delitos de lesa humanidad, se les niega la aplicación del Art. 18 de la CN, y se les viola el derecho de todo reo a no estar detenido preventivamente más de dos años, si no tiene posibilidad de entorpecer la causa o fugarse del país.         

Hay casos, de hecho, que llevan quince años, o más, en esa situación.

También se les viola el derecho a que se les suspenda el proceso en caso de no poder defenderse por su estado de salud, como consta en procesos en que los reos fueron trasladados de forma degradante e indignante en camillas, moribundos, con tubo de oxígeno, según mostraron los medios de prensa, para que se defiendan en audiencias públicas o, mejor dicho, en circos romanos.                                                                                     

Se les niega, además, el derecho humano a recibir, debidamente, asistencia médica y ser hospitalizado cuando aquejan enfermedades, muchas de ellas, terminales.                          

Lo que ocurrió fue todo lo contrario: se dejó morir a muchos de ellos abandonados a su propia suerte en sus celdas.                                                                                                                

Y por último se les niega el derecho que tiene todo reo a cumplir la condena en su domicilio, cuando tiene más de setenta años.

Este pantallazo muestra la intolerancia, que no es otra cosa que la incapacidad de escuchar y ver al otro con los mismos derechos de todo ser humano, por el solo hecho de ser tal.
Debemos salir de este pantano que está destruyendo los cimientos de nuestra nacionalidad.                                                                                                                                Los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de no discriminación, son pilares fundamentales para la convivencia social.



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