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21 de mayo de 2020

Amenazas contra la libertad . . .

de expresión en Internet .

Amenazas contra la libertad

de expresión en Internet.

Lino González Veiguela .

Protestas contra el plan de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), para cambiar la regulación de los proveedores de conexión a red. (Scott Olson/Getty Images).

¿Cómo limitan la libertad de expresión en la Red los gobiernos y Estados del mundo, no sólo los autocráticos también las democracias?                           

He aquí las claves para entenderlo y cuáles son los retos.

En su último informe, la ONG Comité para la protección de los periodistas ofrecía una lista de los diez países con menos libertad informativa. Se trata de países en los que se lleva a cabo una combinación de tácticas de represión tradicionales –como el encarcelamiento de periodistas, la censura sistemática o el cierre de medios- con un uso progresivo de herramientas electrónicas que les permiten ejercer un control cada vez más efectivo de los contenidos publicados en Internet.

Las amenazas a día de hoy para la libertad de expresión en Internet, sin embargo, no proceden únicamente de la represión estatal en países autocráticos como Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, Arabia Saudí o China, con su modélico tecnoautoritarismo.

En las democracias, se ha ido conformando un ecosistema mediático en el que interactúan empresas tecnológicas que obtienen beneficios por el volumen de información compartida y el tiempo de atención que le dedican los usuarios; gobiernos y partidos políticos cada vez más activos a la hora de contribuir a campañas de desinformación y medios de comunicación que tratan de viralizar contenidos para detener la sangría de lectores y publicidad.

Ese ecosistema enrarecido está afectando a los flujos informativos cotidianos y también, con más intensidad, a los que se producen durante las campañas electorales.

Todo ello en un contexto de desigualdad creciente, precarización laboral y desconfianza generalizada entre los ciudadanos hacia sus representantes públicos.

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus no ha hecho más que intensificar, en casi todos los países, dinámicas que ya estaban en curso desde mucho antes de que China emitiese una alerta sanitaria.

¿El fin de la neutralidad de la Red?

La libertad de expresión e información en Internet depende, en buena medida, de que podamos acceder a todos los contenidos a la misma velocidad, sea el vídeo de un gran medio de comunicación o uno incrustado en un blog con unos pocos cientos de lectores.

La neutralidad en Internet implica que los proveedores de red –las grandes empresas de telecomunicaciones- no pueden acelerar el acceso de unos sitios web ni ralentizar la entrada a otros.

En 2017, sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) trató de cambiar la regulación para permitir que los grandes proveedores de conexión –como Verizon,

Comcast o AT&T- pudieran negociar con los proveedores de servicios –como Netflix o con medios de comunicación con más recursos- un precio de conexión si querían que sus contenidos fueran accesibles preferentemente. Varios de estos proveedores de servicios, aliados con gobiernos estatales, presentaron un recurso contra esa decisión.

El pasado octubre un tribunal de apelación emitió una sentencia ambivalente: reconoció la potestad de la FCC para poner fin a la neutralidad de Internet, pero no aceptó su competencia para imponer esa regulación federal a los estados.

Además de los recursos judiciales planteados contra esa sentencia, serán claves las próximas elecciones para el futuro de esta regulación: los demócratas pidieron en el Congreso la revocación de la nueva regulación de la FCC, pero no lograron que el Senado, controlado por los republicanos, secundase la iniciativa.

En paralelo a esta lucha judicial y política, cada vez son más numerosas las voces que piden otro debate sobre las plataformas de contenidos y buscadores.

Basándose en unos algoritmos opacos, éstas obtienen una parte considerable de sus ingresos discriminando contenidos sin rendir cuentas. Una falta de neutralidad de la Red relacionada con la preminencia de unos contenidos frente a otros que, de momento, los reguladores no se han atrevido a abordar.

Las multas contra Google impuestas por Bruselas, por ejemplo, han tenido que ver hasta ahora con una regulación antimonopolio basada en la concepción tradicional de la competencia, necesaria pero insuficiente para afrontar las nuevas fuentes de poder de los gigantes digitales.

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