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10 de junio de 2020

Así avanza Cristina Kirchner . . .

contra la empresa privada en Argentina.

Así avanza Cristina Kirchner

contra la empresa privada en Argentina.

Al inicio de esta semana el presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención y expropiación de la empresa Vicentín, una de las mayores agroexportadoras de Argentina.

Fuente : Primer Informe  Redacción.

Bajo el manto de cierta indiferencia hacia las noticias que no son relacionadas con el coronavirus y la cuarentena, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) posiciona a gente de su confianza en puestos clave de la administración del estado.

El foco de interés de la expresidenta son aquellos organismos que manejan grandes presupuestos. Esa disponibilidad de caja es fundamental para que la presidenta haya logrado controlar entes como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ente que maneja la recaudación de impuestos nacionales.                                   

Pero CFK ha logrado también posicionar sus fichas en otros entes claves como el ANSES, organismo que maneja a seguridad social y a través del cual se extienden los planes sociales que van a la clientela electoral adepta al peronismo, pero muy especialmente al kirchnerismo.                                                                                                     

Este control es solo un medio para un fin mayor. Todo indica que el kirchnerismo planea avanzar sobre la empresa privada con el pretexto del apoyo que el Estado ha brindado a algunas empresas para cumplir con el pago de salarios. Las comparaciones con Venezuela son obvias y ya han levantado alertas en la opinión pública.                     

En medio de ese contexto, el presidente Alberto Fernández decretó la intervención, y anunció la expropiación, de la empresa agroexportadora Vicentín, una de las más grandes del país. La ley de expropiación será sometida al Congreso mientras que la administración de los bienes sería conferida a YPF Agro.                                                        De acuerdo con Fernández con esa decisión se busca resguardar a la empresa, sus trabajadores y los productores que dependen de ella.  Altos ejecutivos de Vicentín no habrían estado enterados de esta actuación presidencial.     

La empresa tiene una deuda de 1.350 millones de dólares  siendo su principal acreedor el Estado argentino. Vicentín es en parte de propiedad la suiza Glencore, empresa productora de biodiesel.                                                   

La medida de expropiación había sido pedida por sectores cercanos al gobierno la semana pasada para impedir una mayor «extranjerización» del mercado de granos, según reportes de prensa.

Una vieja estrategia

El kirchnerismo ha mostrado antes como apoderarse del sector privado. Ya en 2008, durante el primer año de su mandato como presidenta, Cristina Kirchner nacionalizó las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones.

Entonces, la crisis financiera de 2008 había impactado en los precios de las commodities, y una Argentina dependiente de las exportaciones de soja vio sus ingresos muy afectados.

Con la nacionalización de esos fondos de pensiones, que eran privados desde 1994, el Estado se aseguró un ingreso extra 6.500 millones de dólares. Entonces, la medida se justificaba como necesaria para resguardar a los pensionados y se decía que las administradoras privadas habían incurrido en graves pérdidas en medio de la gran recesión.

“En todo el mundo, cuando aparecen pérdidas, aparece el Estado”, dijo la expresidenta.

La nacionalización de esos fondos venía con otro regalo. La participación accionaria en importantes empresas privadas equivalentes a 2.000 millones de dólares.  Eso garantizaba al gobierno kirchnerista una representación en las juntas de empresas de rubros como la metalurgia, telecomunicaciones, energía y agroindustria. Esa representación del estado en las juntas de accionistas se mantiene hasta hoy.

Socialismo a la venezolana

Con su vuelta al poder, hombres cercanos a lo más radical del movimiento K, La Cámpora, se han incorporado a empresas como Telecom (telecomunicaciones), Edenor (distribución de electricidad) y Ternium (filial de Techint, industria metalúrgica).

El kirchnerismo ahora planea tener control parcial de un número importante de empresas que para mantenerse a flote han acudido al plan de Asistencia y de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que ejecuta el gobierno de Fernández a través de la AFIP.

La diputada Fernanda Vallejo, de la coalición gobernante Frente de Todos, ha dicho que esa ayuda justifica que el Estado sea acreditado con participación accionaria en las empresas beneficiadas. Un proyecto de ley se prepara en ese sentido y la legisladora ha sido rápida en rechazar cualquier comparación con el socialismo venezolano.

Además, ha aclarado que esa medida sólo afectaría a empresas de “los grandes grupos económicos”. El ejemplo de Alemania sería el modelo a seguir. En ese país, la canciller Ángela Merkel logró que el Estado se hiciera con el 25% de las acciones de Lufthansa luego de haberle inyectado 9.000 millones de euros.

194 mil empresas en peligro

En mayo, 280.000 empresas se adhirieron al ATP. Este número sin embargo, se reducirá en junio pues a las empresas receptoras de la ayuda estatal se les ha impuesto restricciones en la compra de dólares y el giro de utilidades. Esa decisión  ha llevado a que 86 mil empresas se retiraran del programa.

Además de esos obstáculos, el temor a ser controladas directamente desde el Estado ha hecho que muchos empresarios se resistan a recibir el apoyo estatal. José Urtubey, de la Unión Industrial Argentina, afirmó que la propuesta no tenía sentido pues no se trataba de un salvataje a las empresas sino de una asistencia puntual.

“Es casi lo mismo que a las personas físicas a las que se les dio asistencia se les obligue a hacer trabajos después”, dijo Urtubey.

El diputado macrista Ricardo Buryaile, agregó: “Con plata de todos los argentinos buscan extorsionar al sector privado para lograr cargos de directores para militantes en empresas asfixiadas por la crisis”.

El ejemplo de Aerolíneas Argentinas es muy significativo para entender el rechazo a la administración estatal de la economía. Esta empresa, privatizada en la década de 1990 y vuelta a estatizar durante la primera gestión de Cristina Kirchner no para de generar déficit.

Tan solo en 2019, se calcula que sus pérdidas superaron los 680 millones de dólares. En medio de la pandemia, a pesar de haber sido utilizada por la propaganda gubernamental para resaltar el compromiso del estado con los argentinos, la aerolínea terminó por suspender a 7.500 trabajadores y solicitó la asistencia para pagar sueldos. En la práctica, eso significa una reducción de las remuneraciones para su personal.

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