Según un informe del Iaraf, desde el punto de vista fiscal el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, aunque también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por la Ley de movilidad.

Luego de la suspensión en diciembre de 2019 de la Ley de Movilidad Previsional sancionada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri en 2017 y de los aumentos por decreto establecidos durante la gestión de Alberto Fernández en los primeros dos trimestres del año, sumado al que se hará en septiembre, el Estado reduciría el gasto público en $72.000 millones o el equivalente a la erogación del primer mes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Esto siempre que el Gobierno no otorgue ningún bono a jubilados, pensionados y asignaciones de acá a fin de año.                                                                                                                                    El informe al que accedió infobae sostiene que con esta medida, desde el punto de vista fiscal, el Gobierno reduce el gasto en prestaciones sociales, aunque también genera una pérdida relativa de poder de compra para los jubilados y pensionados bajo lo que correspondía por la Ley de movilidad.

En ese marco, afirma que para el fisco, el menor gasto para el período comprendido entre diciembre 2019 y noviembre de 2020, neto de bonos (dos de $5.000 que se otorgaron en diciembre y enero, y uno de $3.000 en abril), sería de $72.000 millones (0,25% del PIB).

“Dados estos aumentos discrecionales puede haber litigios que terminen en sentencias que hagan que el Estado tenga que pagar lo que se ahorró o incluso más. Ya pasó otras veces y puede volver a pasar. Si bien es un ahorro hoy, nada garantiza que esos recursos haya que ponerlos en el futuro”, dijo a Infobae Nadin Argañaraz, director del IARAF.

En ese sentido, agregó que el desembolso en dinero del primer mes del IFE fue del 0,3% del PIB. “Es decir que el ahorro anual en jubilaciones puede ser equivalente al primer mes del ingreso que dio la Anses”, destacó.

El informe indica que al ahorro de $72.000 millones se les deben restar los posibles bonos discrecionales a jubilados que se otorguen desde el 18 de agosto hasta el cobro del próximo haber actualizado, que sería en diciembre 2020.

El menor gasto para el período comprendido entre diciembre 2019 y noviembre de 2020, neto de bonos (dos de $5.000 que se otorgaron en diciembre y enero, y uno de $3.000 en abril), sería de $72.000 millones (0,25% del PIB)

Por tanto, sostiene que, suponiendo que los bonos se siguen otorgando para los que cobren la jubilación mínima, se podrían dar cuatro mensuales (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) de $6.500 a cada jubilado que cobre la mínima o menos (2,8 millones de jubilados).

Estos cuatro bonos consumirían el ahorro potencial de gasto en jubilaciones y pensiones que generaría el Gobierno suspendiendo la fórmula de movilidad, advirtió el IARAF.

“Es clave recalcar que el resultado final de estos aumentos por decreto determina una baja de la base de actualización de las jubilaciones y sienta las bases para menores erogaciones futuras para el fisco por la vía de jubilaciones y pensiones”, destacó el informe.

Y añadió que un segundo efecto es que los ingresos de los jubilados pasan a depender del componente discrecional, es decir los bonos mensuales, que el Gobierno decida otorgar o no, y dependiendo de la pertenencia o no al grupo objetivo.