El Doctor Carlos Rosenkrantz, hijo de un emigrante Judío Polaco y de una Maestra Católica, natural de Corrientes.

Actualmente es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Argentina.

Su C.V abreviado dice:

Medalla de Oro en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Medalla de Honor y Abanderado en la Universidad de Buenos Aires, promedio 9,42 .

Becario de la Comisión Fulbright de 1987 a 1989.

Doctorado en Yale.

Profesor Titular de Teoría del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, desde  1989 y continúa .

Profesor  Honorario de Universidades extranjeras . 

Esta claro que todo esto, molesta a los mediocres, que creen que todos somos iguales, y que cualquiera merece ocuper un lugar, pese a que cada uno se preparó para ocupar lugares destacados en la sociedad.

Carlos Fernando Rosenkrantz . 

Nació en la Ciudad de Buenos Aires, el 28 de octubre de 1958​ es un abogado argentino, académico y el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Fue el titular junto a Gabriel Bouzat de un importante estudio jurídico argentino, denominado Bouzat, Rosenkrantz & Asociados  y rector de la Universidad de San Andrés hasta el año 2015 cuando fue designado como juez de la Corte Suprema de Justicia por el presidente Mauricio Macri mediante el Decreto 83/2015. 

El mismo fue objeto de críticas y recursos por recurrir a la facultad de designación en comisión, prevista en la Constitución pero con pocos antecedentes respecto de jueces del máximo tribunal.​

En junio de 2016 fue confirmado por el Senado.

Su trayectoria política empezó con la Unión Cívica Radical como integrante del grupo de trabajo de Carlos Santiago Nino.

Colaboró con el Consejo para la Consolidación de la Democracia en el estudio de la reforma de la Constitución Nacional.

Formó parte de Subcomisión 1: “Alcances de la Reforma” y la Subcomisión

4: “Descentralización, participación e institucionalización de los partidos políticos y las asociaciones intermedias” junto a Mirna Goransky y Roberto Gargarella.

En 1994, Rosenkrantz fue asesor de Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente.

En 2016 recibió el Premio Konex a las Humanidades de la Argentina, en la disciplina "Teoría y Filosofía del Derecho".

Su designación despertó, al comienzo, una fuerte polémica cuando fue designado como juez de la Corte Suprema en comisión por el presidente Mauricio Macri, dentro de la primera semana de su gestión, mediante un decreto que utilizaba un procedimiento con sólo once antecedentes en democracia para suplir vacantes en la Corte Suprema.

Aquella designación fue duramente criticada, aunque algunos autores resaltaron la constitucionalidad de la medida.

 La polémica generada por su designación lo calificó de poco republicano e inconstitucional.​

Luego de audiencias públicas en el Senado fue ratificado por el Congreso.

Fue criticado por su artículo Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo) de 2007, en el cual abordó los fallos de los casos Simón y Mazzeo y relativizó los fundamentos para declarar la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final sobre delitos de lesa humanidad porque, según él, se basaban en la importación apresurada de jurisprudencia extranjera, lo que otorgaría una mayor discrecionalidad a los jueces que la utilización de la jurisprudencia local.

En ese artículo sostiene que los argentinos no deben evadirse de las obligaciones internacionales que asumieron pero deben apelar, también, a las leyes locales para fortalecer la normativa que los constituye como sociedad.

"No estoy discutiendo con Filippini acerca de si el derecho internacional integra o no integra nuestro derecho ni si debemos aplicar el derecho vigente y honrar los compromisos que nos vinculan. Lo único que quiero hacer aquí es llamar a la reflexión a aquellos que solo ven bondad en la práctica de diferirse a normas extranjeras o internacionales y contribuir a que se entienda la posición de aquellos que consideran que el autogobierno colectivo requiere que miremos mucho más para adentro para llegar a soluciones que puedan ser vistas como la reconstrucción de los principios que nos constituyen como la comunidad política que somos. "
Desde su designación como miembro de la Corte Suprema, solicitó licencia en su cargo de rector de la Universidad de San Andrés.