La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionó hoy la creación del organismo estatal para evaluar la información en medios de comunicación y redes.

El organismo difundió un comunicado en el que asegura que "monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión" en relación al Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), que funcionará bajo la órbita de la Defensoría del Público.

"Como ha señalado ADEPA respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover", señaló el organismo.                                                                              Y agregó: "La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello".                                    

Nodio estará integrado por figuras como la exdecana de la facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y actual diputada, Florencia Saintout (Frente de Todos - Buenos Aires); la escritora María Seoane; la analista de medios Adriana Amado; el profesor de derecho a la información de la UBA Damián Loreti, y el psicoanalista Jorge Alemán.

Según ADEPA, este tipo de iniciativas pueden ser utilizadas como una herramienta de "censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión".                                                                                                                  Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño.                                            Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos", agrega el escrito.