El candidato propuesto por Argentina al SPT en el marco de su política exterior en materia de Derechos Humanos declaró que trabajará desde “la articulación y operatividad del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), con los demás componentes del sistema universal y  regionales, como así también los actores locales", aseguró el experto argentino.

Agradeció al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto encargado de promover candidaturas en organismos internacionales, al jefe de Gabinete de la Cancillería Guillermo Justo Chaves y al Representante Permanente de la República Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Federico Villegas, que lograron el apoyo de los países.

Mario Coriolano es actualmente Defensor del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires y es profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal en la Universidad Nacional de la Plata. Integró el Subcomité para la Prevención de la Tortura por dos términos en el pasado, habiendo sido su vicepresidente electo durante un plazo de dos años. Asimismo, tiene una vasta carrera en el Sistema de Naciones Unidas, donde fue también Presidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos.

El Gobierno argentino felicita al Doctor Coriolano, celebra su elección y considera que, con su presencia en el SPT, el mecanismo se verá más fortalecido y profundizará su cooperación con los Estados Parte y el resto del sistema de Naciones Unidas.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura es el órgano de control del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y está integrado por diez expertos que ejercen sus funciones a título personal.

El Protocolo establece un sistema de visitas periódicas a cargo del Subcomité para la Prevención de la Tortura y de organismos nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad.

La República Argentina asigna una gran importancia a este instrumento internacional por su potencial para el fortalecimiento de los derechos de las personas sometidas a cualquier forma de detención.