Es un fantasma nuevo.                                                                                          Tan impredecible que vuelve insignificantes temores clásicos como, por ejemplo, el que siempre le tuvieron a un bloqueo de planta sindical.

Los empresarios acaban de incorporar a su prospecto de condiciones de inversión una pregunta elemental: ¿corre riesgo la propiedad privada en la Argentina? “Pensaba que era un tema exagerado, pero veo que no”, dijo esta semana a LA NACION el principal accionista de un grupo fabril.

La preocupación, que quedó al tope de los reclamos en IDEA y se había empezado a insinuar con el caso Vicentin, se terminó de consolidar con las tomas de terrenos.

Es cierto que las usurpaciones son un problema viejo.

Las de estos días traen, sin embargo, dos cambios cualitativos. El más obvio es la temporada en que ocurren, un año no electoral. La otra novedad reside en la motivación: ya no parten solo de un negocio inmobiliario, sino que, esta vez, se originan desde el aval de grupos afines al Gobierno o de funcionarios públicos

Omisión y acción. Si Sergio Berni necesitaba ejemplos para seguir sospechando, algunos casos le dan motivos. Hace un mes, la Fiscalía Nº 5 de Moreno-Gral. Rodríguez detuvo a Miriam Celeste González Rodríguez y Emilene Pezo González, dos paraguayas a quienes sorprendió, dice la causa, instando a vecinos de los barrios Cuartel V y Trujui, en Moreno, a meterse en terrenos. “Abusándose de su necesidad habitacional para que usurpen un predio de Trujui, invitando casa por casa a las personas, instruyéndolas para que ingresen al predio agrupados, que se enfrenten a las fuerzas de seguridad y permanezcan en el lugar para poder ser recompensados en caso de tener éxito”, describe el texto. Al día siguiente, el Movimiento Popular la Dignidad publicó en Facebook: “Exigimos la liberación de Emilene Pezo, referenta del Merendero Comunitario Arcoíris del Movimiento Popular La Dignidad en Cuartel V del distrito de Moreno. Desde el Movimiento Popular La Dignidad no impulsamos tomas de tierra en el distrito de Moreno ni en ningún otro municipio, pues somos parte del gobierno municipal, que encabeza la intendenta Mariel Fernández, somos parte del gobierno del Frente de Todos y desde ahí planteamos que la problemática de tierra, techo y trabajo debe abordarse sin estigmatizar ni criminalizar a los sectores populares”. La militante fue liberada horas después.

Lo que pasó esta semana en Santa Elena, Entre Ríos, en una propiedad de la familia de Luis Etchevehere logró algo inusual: que casi el 100% de los dirigentes agropecuarios, algunos de los cuales no se llevan bien con el exministro de Macri, lo respaldaran frente a lo que consideran una incursión del Poder Ejecutivo en un litigio privado que debería resolver la Justicia.

“Es una amenaza para todos los campos”, se leyó en uno de los WhatsApp en que conviven líderes y productores rurales.

Objetan que Victoria Donda, jefa del Inadi, haya participado de la audiencia, y que Gabriela Carpineti, directora nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, haya pasado la noche dentro de la propiedad.

El conflicto revivió además una imagen de 2008: ayer por la mañana, Alfredo De Angeli se sumó a los manifestantes que hacían vigilia en la puerta.

La actitud de ambas funcionarias, que dicen haberse involucrado por pedido de Dolores, hermana del exministro, para evitar situaciones de “violencia económica”, molestó en el establishment económico. “El Presidente tiene que decir algo de todo esto, reaccionar”, se lamentó ayer un petrolero.

El que habló fue Martín Guzmán. “El Gobierno no tiene absolutamente nada que ver con eventos de ese tipo.

Queremos articular más reglas de juego con el sector privado. Que cada evento se tome como lo que es va a ayudar a la Argentina a tener un mejor clima de confianza”, dijo a Radio con Vos.

Alberto Fernández se viene reuniendo seguido con empresarios. Ayer almorzó con Marcos Bulgheroni y el lunes con Paolo Rocca, con quien venía de un desencuentro público en marzo y al que pretende convencer de que Tecpetrol vuelva a invertir en Vaca Muerta.

Además de un reclamo judicial por subsidios que Rocca tiene desde la gestión de Macri, el Presidente debe resolver también la incertidumbre que provocan las ambigüedades del Frente de Todos.

El sector privado empezó a detectarlas con Vicentin, aquel sueño trunco de Anabel Fernández Sagasti. Pero los anhelos de Gabriela Carpineti, militante de la agrupación de Juan Grabois, parecen bastante más antiguos y estructurales que los de la senadora mendocina.

¿Qué sería específicamente la agenda de Tierra, Techo y Trabajo?, le preguntó en febrero de 2019 la agencia Paco Urondo. “Hablamos de una reforma agraria que es posible en la Argentina”, contestó.

Detenerse en la cosmovisión de esta funcionaria que depende en el organigrama de Marcela Losardo puede explicar, por lo pronto, qué la llevó a viajar a Entre Ríos sin esperar la decisión del juez.

“El Estado no es neutral: debe tomar parte”, le explicó a Fernando Carnota en Radio Rivadavia.

Un modo de razonar distinto al de, por ejemplo, el gobernador Bordet. Porque ella no es una peronista clásica. A fines de 2017, mientras el kirchnerismo se lamentaba por la derrota de Cristina en la provincia de Buenos Aires y la aprobación de la reforma previsional de Macri, Carpeti celebraba. “Recuperamos al enemigo -le dijo entonces a la revista Almagro-. Ahí es cuando se empieza a reconstruir la alianza histórica de clases”. Consultada sobre la Justicia, agregó: “Hay jueces y abogados que se sienten superiores a los demás, y que se piensan dueños de privilegios y prerrogativas respecto del resto de la ciudadanía. Es una lógica feudal que encuentra un correlato en la posmodernidad: la cuestión de los privilegios y este discurso del esfuerzo propio en detrimento del apoyo comunitario.

Es muy barroca la posmodernidad, muy oscura en algunas cosas. Si algo nos decía la modernidad, a través de las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX y de las gestas populares del siglo XX, era que la lucha contra la desigualdad y por la construcción de un mundo justo era algo por lo que valía la pena dar la vida.

La posmodernidad nos lo vuelve a negar y nos dice que la desigualdad es natural y que no hay nada que se pueda hacer contra eso. Mañana iba a ser mejor en la modernidad. Hoy rige el paradigma de un mundo preburgués, donde los discursos en favor de la igualdad no tienen sentido”.

¿Es eso lo que piensa el Gobierno? Los empresarios no están en condiciones de contestar.

Desengañados de aquella ilusión de diciembre, cuando creyeron que la llegada de Alberto Fernández serviría para volver a crecer, ven ahora al Presidente cómodo con la ambivalencia.

Les pasa también con la política exterior. No debería sorprender que algunos miren a Uruguay. Ya se mudaron Marcos Galperin, Federico Tomasevich, Gustavo Grobocopatel. “Quieren ver la Argentina desde la otra orilla”, graficó un par de todos ellos, que ubica los motivos más en un acto de supervivencia que en la aparición de oportunidades afuera.

Traducido: no buscan tanto nuevos horizontes como huir.

Por: Francisco Olivera