“Los 70”, el nuevo libro del periodista Ceferino Reato, brinda cifras y puntos de vista sobre los muertos del terrorismo -de Estado y subversivo- de la época más violenta de la Argentina en el siglo XX.

En el caso de las víctimas de la dictadura, esos registros son públicos: fueron elaborados y revisados por el Estado en 1984, 2006 y 2015, que, lógicamente, los recuerda en monumentos; sus herederos fueron indemnizados y sus victimarios han sido juzgados y, en general, condenados.

Dado el tiempo transcurrido, es improbable que se llegue a la cifra de 30.000 a la que todavía se aferran los organismos de derechos humanos y la mayoría de los dirigentes políticos, encabezados por la izquierda y el kirchnerismo. También buena parte del periodismo.

Muchos de esos dirigentes políticos no solo defienden ese número: también amenazan con una ley que meta en prisión a quienes no lo repitan en público por el presunto delito de “negacionismo”.

Una iniciativa semejante fue presentada en 2019 por los organismos de derechos humanos con un castigo de dos meses a dos años de prisión; en febrero de este año el presidente Alberto Fernández admitió en París que podría impulsarla en cualquier momento.

Los muertos de las guerrillas, en cambio, no fueron contados por ningún gobierno de la democracia; no hay monumento que los recuerde; sus parientes no fueron indemnizados y sus victimarios no han sido juzgados porque no se considera que hayan cometido crímenes de lesa humanidad; es decir, que ya prescribieron.

Mirados los hechos por encima de los intereses de bando y considerando que todas las personas tienen o deberían tener derechos humanos, los muertos de la guerrilla parecen víctimas menores, de segundo nivel.

La teoría de los dos demonios es un artificio hueco. La represión ilegal del Estado tiene una gravedad única. Que impacta aún más cuando se repasa el circuito infernal de la “Disposición Final” descripto por el ex dictador Jorge Rafael Videla: secuestro, cautiverio, tortura, asesinato y desaparición del cuerpo de la mayoría de las víctimas.

Aun las últimas cifras no pueden ser consideradas definitivas. Los listados de los desparecidos y muertos del Terrorismo de Estado dependen de las denuncias de parientes, amigos, compañeros y abogados, que pueden ser presentadas en cualquier momento.

De acuerdo con el último informe del Estado, hubo en la dictadura 6348 desaparecidos más 952 muertos, 7300 personas en total.

La fuente es inmejorable: el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), elaborado en septiembre de 2015 y publicado por la secretaría de Derechos Humanos tres meses después, unos días antes del final del segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner.

El número es similar a la que ya había registrado el Estado en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que revisó el Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

En realidad, el kirchnerismo no solo volvió a contar las víctimas de la dictadura, en 2006 y 2015, sino que también fue estirando el concepto original; de esta manera, abarcó otros 1500 nuevos casos, muchos de ellos muy polémicos, cuyos parientes pudieron cobrar la indemnización prevista por la ley.

                    Ceferino reato.

No son víctimas de la dictadura, como era el propósito de la Conadep, sino de gobiernos anteriores.

En silencio, sutilmente, el concepto de víctimas del terrorismo de Estado fue estirado para incluir a todos los caídos en la lucha por la liberación o la Revolución —a los “combatientes”—; no importa cuándo, ni cómo ni dónde murieron.

La modificación les permitió trascender los límites del gobierno militar, y extender los listados hacia atrás, primero a 1969; luego, a 1966, y por último, a 1955.

Por el contrario, los muertos de los grupos guerrilleros se mantienen invisibles para los gobiernos, el Congreso y el Poder Judicial. Invisibles también para la mayoría de los medios de comunicación y de los periodistas.

Hasta que llegue, algún día, una lista del Estado, se cuenta con algunos pocos registros privados. El más completo fue realizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) —su presidenta es la abogada y escritora Victoria Villarruel— que durante más de tres años analizó información publicada por cuatro diarios nacionales y diversos libros, así como revistas de los grupos guerrilleros.

El periodo analizado fue acotado a once años —del 1° de enero de 1969 al 31 de diciembre de 1979— por una cuestión metodológica.

De esa manera, la investigación dejó afuera a las víctimas anteriores, que comenzaron el 12 de marzo de 1960 con una bomba que explotó en La Lucila en la casa del mayor David René Cabrera. El primer muerto de la guerrilla fue una nena de 3 años, María Guillermina Cabrera Rojo, que estaba durmiendo junto a sus padres y tres de sus hermanitos. El atentado fue reivindicado por los Uturuncos, una mezcla precoz de peronistas radicalizados y marxistas guevaristas.

El informe se refiere solo a la “población civil”, a las personas que, según los Convenios de Ginebra, “no participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención, o por cualquier otra causa”.

No están incluidos los militares y policías que cayeron en tiroteos en la calle o en el ataque a cuarteles y comisarías. Por ejemplo, no cuentan los muertos en la defensa del cuartel de Formosa, en 1975.

Aún con este recorte, el número de víctimas de la “población civil” es de 1094 muertos, 2368 heridos y 758 secuestrados.

Para tener una dimensión de estas cifras, se puede recordar que la organización terrorista vasca ETA mató a 864 personas, pero en cincuenta años, entre 1961 y 2011. En la quinta parte de ese tiempo, Montoneros, el ERP y otros grupos menores liquidaron a 230 personas más.

Los números tienen algo esencial, que permite revelar la verdad y eludir la manipulación política: no mienten.