Cuesta encontrarle el sentido a la conferencia de prensa que el Gobierno armó, sorpresivamente, para anunciar un aumento del 5% para los jubilados que es casi la nada misma o es directamente la nada misma, visto por las necesidades de los destinatarios.

La suba regirá desde diciembre y será la última por decreto hasta que, en marzo, empiece a aplicarse un sistema automático donde desaparece cualquier referencia al impacto de los precios.                                       

Si la idea detrás de la movida fue remachar que los haberes mínimos están ganándole a la inflación y "recuperándose de las pérdidas que arrastraban desde 2018 y 2019", como afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es bien posible que estemos ante el sueño de una noche de primavera. Esto es, que hacia mediados de enero, cuando salga el índice de diciembre, se pruebe que hubo un error de cálculo o que fue puro relato K.

El ejercicio de Cafiero consistió en contrastar el 35,3% que aumentó el grueso de las jubilaciones en lo que va del año con el 26,9% que el índice de precios marcó hasta octubre. Pero si en noviembre y diciembre se repitiese el 3,8% del mes pasado o algo semejante y probable, el acumulado de 2020 daría 36,7% y el resultado sería que, en lugar de recuperarse, los haberes mínimos siguen arrastrando pérdidas.

Los medios y altos, que no figuran en el discurso oficial, han crecido alrededor del 28% desde enero, o sea, casi nueve puntos menos que los de abajo.

Pregunta con respuesta casi de cajón: si en enero 2021 la estadística del INDEC lo contradice, ¿Cafiero admitirá que se equivocó? Mejor no hacerse ilusiones.

También subida al tren de las buenas ondas, Fernanda Raverta, la camporista directora de la ANSeS, voceó: "La decisión del Presidente es cuidar y proteger la capacidad de compra de las jubilaciones y pensiones y dejar atrás el tiempo en que cada vez y cada mes te alcanzaba para menos".

Se recontra sabe que la mejor manera de medir la capacidad de compra de los sectores postergados y, en general, de los asalariados ancla en el costo de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Y qué dice el INDEC sobre este punto? Dice que en los primeros diez meses los bienes que integran el rubro se encarecieron 32,5% y que octubre anotó un considerable 4,8%. Luego, si en noviembre y diciembre se repite un número similar al de octubre tendremos 45,5% anual y continuará firme eso de que "cada vez te alcanza para menos", solo que ahora con la marca del kirchnerismo en el orillo.

Visto el cuadro completo y a falta de mejores explicaciones, queda la posibilidad de que el Gobierno hubiese querido adelantar el anuncio del 5% para enfriar la polémica que ya se ha desatado alrededor de la nueva fórmula jubilatoria. Claro que más que calma, el aumentito del 5% añade barullo al barullo y descontento al descontento.

Existe otro dato llamativo, aparentemente contradictorio, dentro del relato oficial.                                                  Si hoy pone el foco en el contraste entre los haberes y la inflación para criticar el modelo macrista, tiene sentido preguntarse por qué en su modelo no aparece ningún factor asociado a los precios, sino un mix de salarios y recaudación de la ANSeS con tope incorporado.

Nada de error ni de contrasentido, la explicación quizás se llame la Argentina súper inflacionista. Para decirlo sin vueltas, se llama apriete y ajuste de las jubilaciones.

A propósito de un debate que al kirchnerismo no le pinta barato, ahora mismo se ha repetido una ecuación muy fuerte: muestra que en un solo mes tenemos la inflación que los países del vecindario, ninguno por cierto desarrollado, tardan un año o un año y pico en alcanzar.

El 3,8% de octubre compara muy desfavorablemente con inflaciones anuales como la del 1,7% de Paraguay, el 1,75% de Colombia y el 1,99% de Perú; con el 3 de Chile y el 3,92% de Brasil. Un desastre: contra nuestro registro de octubre aquí aparecen cifras que equivalen a dos años enteros.                                                           Así se entiende, definitivamente, por qué el Gobierno le escapa al ajuste por inflación en la fórmula previsional y le carga a los jubilados el riesgo de pérdida de ingresos. Y se entiende, también, por qué los títulos públicos que se indexan por precios ya representan cerca del 70% del stock colocado en pesos, esto es, 20 puntos porcentuales más que a fines de 2019. Urgencias fiscales, operaciones peligrosas y negocio para los especuladores, con perdón de la palabra.

Todo pinta color de ajuste, y de ajuste subido: desde salarios, jubilaciones y tarifas, hasta planes sociales y consumos básicos. Y todo, en una economía parecida a una montaña rusa, donde el desempleo real ronda el 25%, la inversión cae a pique y el capital productivo que se gasta no se repone.

Según una investigación del Banco Mundial, los países que tienen inflaciones superiores al 20% anual no crecen, como la Argentina -otra vez- que desde 2010 convive con inflaciones superiores al 20% y que desde 2010 arrastra un crecimiento económico cero.

En realidad ya pasamos de largo al parámetro del Banco Mundial: durante los últimos cinco años el índice de precios circuló en los alrededores o por arriba del 35% y la caída de 2020 depositará la economía al nivel de 2007-2008. Un añadido, para que se entienda mejor adónde quedamos: hoy, con el mismo PBI de 2007, somos casi 6 millones de habitantes más que en 2007.

Detrás de este cuadro tenemos al consumo privado, que va camino de bajar por quinto año consecutivo y de retroceder al estadio de 2009. Mezcla de problemas que venían de antes y de una cuarentena sin fin, el desplome del 22,3% del segundo trimestre fue la nota de este 2020.

Y detrás del consumo asoma la inflación ajustadora, bajo la forma de salarios que medidos contra el costo de una canasta alimentaria básica han caído 22% desde comienzos de 2017.

En esta economía parecida a una montaña rusa, la inversión cae a pique y el capital productivo que se consume no se repone; hace rato que el sector privado dejó de crear empleo y la desocupación real anda por el 25%. Obviamente, no es el terreno más propicio para el ajuste fiscal de 2021, cuya expresión de superficie señala que el déficit bajará del 7,3% del PBI que algunas consultoras proyectan para 2020 al 4,5% anunciado por el ministro Martín Guzmán. O al 3,5% que se comprometería con el Fondo Monetario.

Si la referencia es el PBI de este año, estamos hablando de un guadañazo que va de US$ 10.000 millones a US$ 13.600 millones en solo doce meses.

Pero dice más, muchísimo más, si se quiere, todo lo que hay al interior de esa enormidad de plata. Empezando por la eliminación, si no la gran poda que habrá en el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Ya famoso por sus siglas, ha subsidiado a cerca de 9 millones de personas de muy bajos recursos.

También incorporado al sensible paquete de medidas Covid-Cuarentena, en el mismo limbo está el programa ATP destinado a financiar el pago de una parte de los salarios de 2,4 millones de trabajadores privados. Entre los dos suman un gasto fiscal que llega a $ 432.800 millones y equivale prácticamente a toda la partida que se les asignó. A otra cosa, mariposa.

Con la proa puesta en marzo, el aumento de la electricidad y el gas siguen en la lista oficial. Final previsible, caerá sobre los dos tercios de los usuarios que no cubre la tarifa social, es decir, clase media baja, media y alta. Subas tentativas: piso del 40% para la luz y arriba del 40% en el gas.                                                            Agregado, un dato extraño revela que el Presupuesto no contempla recortes en los subsidios a la energía ni al transporte, sino que le pone a la suma de ambos el mismo 2,2% del PBI de este año.                                          En plata de 2021, son $ 806.000 millones.                                                                                                              Aún si esto no fuera modificado en los hechos, el ajuste salta por donde se mire, desde las jubilaciones, los salarios y los planes sociales a las tarifas, le pega por igual a relatos y montajes oficiales. Incluida la carta en la que Cristina Kirchner y sus senadores le exigieron al Fondo Monetario que "se abstuviera de exigir o condicionar la política económica de la Argentina".

Por si no se recuerda, apurado por la presión cambiaria y la necesidad de dar una señal tranquilizadora fue el Gobierno el que invitó al FMI a iniciar negociaciones para cerrar pronto un acuerdo. Ahora se sabe que el arreglo deberá aguardar hasta entrado febrero, demasiado tiempo para un país donde abundan incertidumbres, pérdidas y cortocircuitos en la cima del poder.

Alcadio Oña .