Y es que, claro, con este año cumplido, el 25% del mandato se le escurrió como arena entre los dedos y, con ello, sus posibilidades de alcanzar un logro en ese tan complicado problema se han reducido en igual proporción; sabe que, si nada hace al respecto, terminará condenada por los innumerables crímenes -¿sólo robos o, también, asesinatos de fiscales y secretarios?- que cometió y algunos que todavía intenta cometer.

La misiva, además, fue un innegable ataque a la Constitución y a su sistema republicano de división de poderes. Pese a que su reforma resulta una misión imposible porque requiere de mayorías legislativas de las que carece, en un país normal Cristina Fernández sería sometida a un inmediato juicio político por atentar contra las instituciones pero, tristemente, estamos en la Argentina y aquí se la volvió a elegir, a pesar de su enorme prontuario y para asombro del mundo.

Y si recordamos su abortada pretensión de "democratizar" la Justicia en su anterior mandato, el éxito que alcanzó cuando logró modificación de la conformación del Consejo de la Magistratura para aumentar la participación de la política en la designación y remoción de los jueces, y, ahora, su avanzado proyecto para domesticar a los fiscales y someter a la Procuración General a la voluntad del Senado, nada puede sorprendernos.

La virulencia y la ferocidad del ataque a los integrantes de la Corte Suprema, que busca imitar a lo que hizo su amigo Hugo Chávez en 2004 para acabar con la democracia en Venezuela, permite suponer que la temida pero desesperada "abogada exitosa" se ha enterado de su real impotencia y que, más allá de la desestimación de la queja de Amado Boudou y la consecuente confirmación de su condena a prisión, el Superior Tribunal tampoco revisará la negativa de la Casación a ordenar una gigantesca auditoría sobre toda la obra pública realizada en el país en el período 2003-2015; así, el juicio por la causa "Vialidad", que la tiene sentada en el banquillo, continuará y, en algún momento, terminará con un fallo condenatorio.

Aquí corresponde que usted se formule algunas preguntas. Supongamos que es acusado de un delito que no cometió, pero es llevado a juicio. ¿No querría que su conducta fuera analizada por el juez lo más pronto posible, sin las demoras que sus abogados pudieran obtener con chicanas de todo tipo? Entonces, ¿por qué Cristina Fernández sigue interponiendo recursos para evitar precisamente ese análisis?, ¿por qué continuar invocando un imaginario lawfare en lugar de demostrar su inocencia?

El Instituto Patria, que ella comanda a través de su principal sicario, el ya famoso "pelotudo" Senador Oscar Parrilli, convoca a una marcha para el lunes 14 bajo el lema "Navidad sin presos políticos", y lo hace con un afiche que, en realidad, constituye otra prueba de la asociación ilícita que Néstor Kirchner organizó y Cristina Fernández encabeza. Aparecen, detrás de su rostro, Amado Boudou, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Luis D'Elia, Juan Pablo "El Pata" Medina y su hijo, Omar "El Caballo" Suárez, Milagro Sala y Juan Pablo Schiavi; ¡menuda banda! Sólo faltó incluir a Luis "El Gordo" Valor (que me perdone por compararlo con estos criminales), José López y sus bolsos, Hebe de Bonafini y Sergio Schocklender y sus "Sueños Compartidos".

El Presidente Pinocho, por su parte, interesadamente desmemoriado y sin ponerse colorado, se desdijo otra vez de cuanto sostuviera durante sus años en el desierto y nuevamente se abrazó a las posiciones más extremas del kirchnerismo. Tal como hizo con los tuertos derechos humanos y con las desapariciones de ciudadanos en democracia durante su gobierno, en un momento tan complicado en la renegociación de la deuda con el FMI, se abstuvo de condenar las fraudulentas elecciones venezolanas, con las cuales Nicolás Maduro se quedó con la Asamblea Nacional, el único poder del Estado venezolano -Justicia y prensa libre incluidas- que no controlaba. ¿Ve usted alguna similitud con la Argentina?

Así, la dupla Fernández² reafirmó su hipocresía y su cinismo. Mientras se niega a reprobar las probadísimas violaciones a los derechos humanos que cometen los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua con el argumento de no inmiscuirse en los asuntos internos de esos países, desembozadamente irrumpe en los procesos electorales de Bolivia, Ecuador y Brasil, apoyando con descaro a candidatos que, en todos los casos, se encuentran procesados, prófugos o encarcelados por corrupción, como Evo Morales, Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Silva, cuyas historias y suertes parangona con la de la PresidenteVice.   ¡ Otra implícita confesión de su culpabilidad !

Es evidente que Cristina Fernández ya no se detendrá ante ningún límite legal y seguirá intentando demoler lo poco que queda del fenomenal andamiaje jurídico sobre el cual nuestra ahora saqueada y decadente República fue construida. Por ello, todos debemos preguntarnos, porque el artículo 21 de la Constitución Nacional nos lo exige, hasta cuándo estaremos dispuestos a tolerarlo y a qué remedio recurriremos para evitarlo.

Bs.As., 12 Dic 20