Apenas una hipótesis

En los años en que desarrollé mi profesión he escuchado el concepto “lawfare” – mencionado de otra manera- en boca de una multitud de ciudadanos que fueron en búsqueda de justicia y la sentencia les salió desfavorable.                                                       

Igual sensación habrán tenido, y seguramente con mayores razones y motivos, aquellos que sufrieron ejecuciones hipotecarias en Santa Cruz impulsadas por el conocido estudio jurídico del Dr. Néstor Kirchner sufriendo un verdadero “lawfare” a la inversa ya que la justicia adicta, encolumnada detrás de los políticos dueños de tierras sureñas que los nombraron, fallaban sin solución de continuidad contra los ejecutados que no llegaban a cancelar sus deudas en tiempo y forma.

Quien siembra vientos, recoge tempestades.

La Dra. Marcela Losardo, eximia profesional y uno de los bastiones principales de Alberto Fernández, se desempeñó correctamente en su cargo y se mantuvo fiel a sus convicciones hasta su renuncia.

Es una mujer honesta que siempre creyó en una justicia independiente y que no interfirió en la labor del poder judicial permitiendo que este hiciera su trabajo acorde los elementos y probanzas existentes en cada causa que afecta a un funcionario público actual o de cualquier gestión anterior.

El problema radica en aquellos que no son afectos a la República y que entienden la actuación de la Dra. Losardo como una afrenta imperdonable.                                                                                      Por eso, y solo por eso, presionaron para forzar su salida del cargo.

Insisto, en un país hiper-presidencialista el primer mandatario es el que maneja la lapicera.              Y es él quien tiene que dar un golpe sobre su escritorio e imponer a su candidato.                               Eso dejaría bien en claro que mantiene el timón del barco.

De no ser así, la renuncia de la Dra. Losardo estaría presagiando la posible dimisión del presidente a su cargo en los próximos meses.                                                                                                              De todas formas, en los ámbitos tribunalicios, nadie está dispuesto a contribuir a la desaparición de ese poder esencial en un país democrático, ya sea porque pretenda absorberlo el ejecutivo o el poder legislativo.                                                                                                                                            Los miembros de la Corte Suprema están convencidos- por unanimidad- que son el último bastión para sostener la institucionalidad inspirada en los principios de Montesquieu.

En el sistema democrático de nuestro país el vicepresidente no tiene poder, por más operadores que posea.

En su fuero íntimo, el presidente brega por dejar de lado una grieta, aunque a veces sobreactúe, y que solamente le es funcional a los contrincantes que se enfrentan con el único fin de mantener viva la división social.

Puedo imaginar una movida acertada de Alberto Fernández para demostrar que mantiene intacto su poder de decisión y que no es un “títere” como propios y ajenos le señalan.

El cargo de Ministro de Justicia debe recaer en alguien de estrecha confianza del presidente.            Y luego podría colocar a su lado, sin tanta resistencia, a quien le pudiese “hacer la segunda” como suelen decir los adolescentes.

A quienes suelen seguir mis notas no les extrañará que proponga para el cargo a una mujer en la cual Alberto Fernández confía ciegamente, que tiene carácter y pergaminos suficientes para ocupar dicha cartera.

Sé de su vocación y transparencia política, aun cuando personalmente no comparta muchos de sus criterios políticos y/o puntos de vista.

Es su momento señora Vilma Ibarra.

Y el presidente la necesita más que nunca.

Son momentos complicados para nuestro país como para dejar descubierto un flanco fundamental para cada uno de nosotros y para las futuras generaciones.

Depende de usted, Alberto.

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