El informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 en el mundo, elaborado por el gobierno de los Estados Unidos, advirtió este Martes que funcionarios argentinos ejecutivos, legislativos y judiciales “participaron en prácticas corruptas con impunidad”.

“La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios; no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley”, alertó el documento, en su versión en español, presentado por el Departamento de Estado norteamericano y continuó  “Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción” por parte del gobierno de Alberto Fernández. El informe fue presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken en la Casa Blanca.

En el capítulo dedicado a la corrupción en el país, el informe cita las investigaciones “contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, incluida la vicepresidente Cristina Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri”.

En ese marco, menciona la causa de los cuadernos en el que la ex mandataria y otras 52 personas “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160.000.000. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros 5 casos de corrupción financiera a partir de Noviembre”, reseñó. Macri fue mencionado por la investigación por el supuesto espionaje ilegal durante su gobierno.

Además, aludió al caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido. “Condenado a 5 años y 8 meses por fraude, uso indebido de fondos y falta de supervisión relacionada con un accidente de tren en 2012 que mató a 52 personas”, indicó el informe.

También advirtió que “la corrupción ocurrió en algunas fuerzas de seguridad”. Y precisó: Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la promoción de la prostitución. Además fueron frecuentes las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales”.

El informe continuó, “La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″.

Además, señaló que “la ley establece un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetaron la independencia y la imparcialidad judiciales. Según las ONG locales, los jueces de algunos tribunales penales y ordinarios federales fueron sometidos en ocasiones a manipulación política”, alertó y añadió: “Las demoras prolongadas, los atascos procesales, las brechas prolongadas en el nombramiento de jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia general obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discreción de los jueces sobre la realización de las investigaciones y la forma de hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones eran arbitrarias”.

El documento del departamento de Estado afirmó que “la Constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. Una prensa independiente y un sistema político democrático se combinan para promover la libertad de expresión, incluida la prensa”, indicó.

“Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones”, prosiguió el reporte, aunque advirtió que “hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas”.

El informe aseguró que el gobierno respetó la libertad en internet, la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. En el marco de la pandemia y las medidas restrictivas, mencionó las “protestas antigubernamentales a gran escala en Buenos Aires y en todo el país” que “se llevaron a cabo sin incidentes”.(TN)