Human Rights Watch (HRW) emitió un duro comunicado por la situación en la provincia de Gildo Insfrán, quien "adoptó medidas abusivas e insalubres".

Cuestionó las restricciones a la libertad de expresión, y recomendó al Gobierno de Alberto Fernández, quien en reiteradas ocasiones defendió y justificó al gobernador de Formosa, "trabajar con el Congreso para designar a un defensor que asegure credibilidad, independencia y evaluaciones confiables sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país".

Human Rights Watch (HRW) emitió un duro informe sobre la situación en Formosa, por las medidas adoptada para contener los contagios de coronavirus, a las que consideró "abusivas e insalubres", en relación a la situación en los centros de aislamiento. 

El documento, que también cuestiona la restricción al trabajo del periodismo independiente y el empleo excesivo de la fuerza en las protesta conta Gildo Insfrán, es acompañado por los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.

"Las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica", cuestionó asimismo el organismo internacional.

Alberto Fernández defendió la gestión de la pandemia del gobernador, así como lo hizo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que descartó violaciones a los DDHH en esa provincia.                                                                                                                                                      En cambio, para HRW sí existieron detenciones arbitrarias y mencionó el caso de personas que permanecieron "retenidas" por 30 días.

El informe destaca que desde abril de 2020, más de 24.000 personas fueron obligadas a permanecer confinadas en 188 centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias.

"Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes.

En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social.

En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí", indicó la entidad en el documento.

"Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19", expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins.                                                                                                  "Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo".

Entre enero y marzo de 2021, HRW entrevistó por teléfono a 45 personas, 30 de ellas habían estado confinadas en centros de aislamiento. El resto, médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas.                                                                              La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no se divulgarán sus nombres.                                                                                      Algunos, empleados públicas, temían perder su trabajo.

"Las autoridades de Formosa a menudo han incumplido sus propios protocolos", sentenció el organismo y agregó: "Si bien las condiciones en los centros de aislamiento y cuarentena varían, la mayoría de los entrevistados describieron estos lugares como insalubres y hacinados. En algunos centros de cuarentena, las personas compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños".

"Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo. Asimismo, mezclaron personas con resultados de test positivos con otras cuyo resultado era negativo o que aún esperaban sus resultados. El gobierno de Formosa sostiene que hay personal médico y de enfermería asignado en forma permanente a centros de aislamiento y cuarentena, pero varios entrevistados afirmaron que tuvieron acceso limitado a atención médica oportuna y adecuada", sostuvo.

El organismo destacó que, en enero, tras un marcado aumento de los casos de coronavirus, el gobierno provincial incrementó sustancialmente el número de personas retenidas en los centros. "Muchas de ellas reportaron abusos", indicó.

En este punto mencionó el caso de Zunilda Gómez, una mujer embarazada de 33 años, cuando fue encerrada junto a sus tres hijos en una habitación de hotel, el 19 de diciembre. El 5 de enero, tras un sangrado, perdió al bebé.

También se analizó la actuación de Pietragalla. Tras las visitas del funcionario, se establecieron nuevos protocolos, pero el paso administrativo no fue bien implementado. HRW recibió denuncias de condiciones insalubres y acceso limitado a atención médica en algunos centros después de que fueran adoptadas las nuevas medidas.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades de Formosa impusieron un "bloqueo sanitario" en la ciudad de Clorinda. "Como parte de este bloqueo, suspendieron el transporte público y han exigido que todos aquellos que pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid-19 y obtengan autorización de la policía. Estas restricciones han obstaculizado seriamente la posibilidad de los residentes de Clorinda de obtener atención médica debido a que el acceso a tratamientos médicos es muy escaso en esa ciudad", señaló el texto.

"Asimismo, las autoridades provinciales también han limitado la posibilidad de los periodistas de informar sobre la situación en Formosa, habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el Covid-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas", cuestionó.

A la vez, se estudió el rol de la policía de Formosa que realizó "búsquedas activas" en los barrios para identificar casos sospechosos: "Muchos afirmaron que la policía no les permitió empacar la ropa ni los artículos de higiene personal que necesitaban. En algunos casos, los trasladaron en vehículos durante horas, mientras la policía recogía a otras personas que supuestamente también habían tenido contacto con casos positivos, y las mezclaba en camionetas o ambulancias. Algunos dijeron que no les proporcionaron tapabocas durante los viajes".

Para HRW, "un aspecto alarmante de la respuesta de Argentina frente al Covid-19 ha sido la violencia policial hacia individuos acusados de romper la cuarentena. La policía no debería estar rastreando contactos estrechos a menos que no haya ningún otro recurso humano disponible con entrenamiento y experiencia apropiada para hacer el rastreo de forma segura y efectiva".

Como respuesta, Pietragalla -que visitó solo 4 de los 188 centros de aislamiento- volvió a referirse a "la permanente campaña de desprestigio llevada a delante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial".

"La secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas", replicaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins.

Ante los resultados del informe, los organismos recomendaron a Alberto Fernández "trabajar con el Congreso para designar a un defensor que asegure credibilidad, independencia y evaluaciones confiables sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país".