Reconociendo las afirmaciones de aquellos que declararon ser atacados por armas electrónicas, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que autoriza el pago a los funcionarios de la CIA y del Departamento de Estado que han sido atacados de esta manera.

Informes de noticias recientes han detallado estos ataques a diplomáticos estadounidenses en Cuba y China.

Apodado «El síndrome de La Habana», se informó que el personal de la CIA también ha sufrido tales ataques en Europa y Asia .

El Proyecto de Ley del Senado 1828 , la “Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos de 2021, o la Ley de LA HABANA de 2021”, autoriza el pago a los empleados calificados por lesiones cerebrales infligidas por neuromedicación.

En una carta a los patrocinadores del proyecto de ley, las senadoras Susan Collins y Jeanne Shaheen, la ex analista de la NSA Karen Melton-Stewart hizo la siguiente pregunta: “¿Sabías que en realidad estás excluyendo accidentalmente a un gran y significativo grupo de víctimas… que necesitan ayuda AHORA? «

En la carta, fechada el 2 de junio y también enviada a Marco Rubio, Mark Warner y otros, Stewart pide a los senadores que “escriban una ley que lo abarque todo para detener este horror, la explotación de personas inocentes con armas de microondas (y otras Energía dirigida DEW)»

Refiriéndose a la inclusión de muchos de estos individuos en la Lista de Control del Terrorismo, Stewart continúa afirmando que «personas inocentes son arrojadas a la lista de control, basándose en poco o nada, sin notificación o advertencia… utilizando esta nueva subclase secreta de «intocables» como sujetos de prueba no consentidos para el armamento del Complejo Militar Industrial como microondas, ondas milimétricas, ondas de lirio, WiFi armificado… así como gases de guerra, venenos…»

Según Stewart recibió una respuesta de la oficina de su senadora de Maryland, que decía que se estaban presentando preguntas al presidente Biden sobre este tema, y ​​la instó a seguir enviando información. Stewart declaró que no se recibió respuesta de los senadores Collins, Shaheen, Rubio o Warner.

La colocación no consensuada de individuos en programas de experimentación humana tiene una larga y sórdida historia en los Estados Unidos. Ciertos experimentos han sido reconocidos públicamente, como los experimentos de Tuskegee, que permitieron que los hombres afroamericanos no recibieran tratamiento para la sífilis con el fin de observar la «progresión natural de la enfermedad», así como el uso de personal militar como sujetos de prueba de toxinas y bioagentes, nuevamente sin consentimiento informado (Ver Edgewood Test Vets para más información).

Sin embargo Estados Unidos generalmente se resiste a admitir el grado en el que ha experimentado con sus propios ciudadanos sin el consentimiento informado.

Las audiencias de Church y Pike de la década de 1970 expusieron los programas de experimentación conocidos como MKULTRA , que involucraban el uso de drogas y electricidad para intentar controlar el comportamiento nuevamente sin el consentimiento de los sujetos de prueba.

El hecho de que el director de la CIA, Richard Helms, presa del pánico por las audiencias, ordenara la destrucción de los archivos de MKULTRA , hizo prácticamente imposible una investigación exhaustiva sobre el alcance y la extensión del programa.

En correspondencia con este reportero, Karen Melton-Stewart escribió:

Muchas personas están muy decepcionadas de que la nueva legislación impulsada por las senadoras Susan Collins (ME) y Jeanne Shaheen (NH) … no haya incluido ni mencionado a los miles de civiles estadounidenses inocentes que también han sido alcanzados con estas armas dentro de los años… prefiero sentirme animado por el hecho de que estos servidores públicos estaban tan indignados por los ataques que moldearon y aprobaron esa legislación a una velocidad impresionante.

“Es un pequeño paso en la dirección correcta”, dice Jack Christiana, ex director legal de Targeted Justice y actual director legal de Targeted America.

«Será más fácil abordar esto con el Congreso ahora, porque han reconocido que existe».

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Senado el 7 de junio y va a la Cámara para su aprobación.

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