El contenido publicado en la aplicación Mi Argentina no se refiere a acciones o actos relacionados con la gestión, tampoco puede considerarse información de bien o interés público ni se trata de un mensaje relevante para la población en general, sino que consiste lisa y llanamente en opiniones personales del Presidente de la Nación sobre los resultados electorales del partido gobernante el domingo pasado. Se utilizan canales y recursos oficiales reservados a la atención y servicio a los ciudadanos para difundir mensajes de índole militante.

A 60 días de las elecciones nacionales, el Poder Ejecutivo no puede emitir desde los canales de difusión estatal publicaciones que contengan elementos que promuevan expresa o implícitamente la captación del voto porque ello atenta contra la libertad, la equidad y la transparencia dentro del proceso eleccionario.

Por otro lado, lo ocurrido incumple con la protección de datos personales de los ciudadanos y expone información sensible de los usuarios. Se trata de una invasión a las libertades personales de los argentinos que, al aceptar los términos y condiciones de la aplicación en su celular, no brindaron su consentimiento para recibir propaganda partidaria.

En este sentido, cabe destacar el reciente secuestro de los datos de millones de ciudadanos que sufrió este gobierno cuando la base de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) fue hackeada. Por lo que el uso de la app para fines propagandísticos podría vulnerar aún más las condiciones de ciberseguridad exigidas para una base con información de registros personales.

La aplicación Mi Argentina es una herramienta que fue creada durante la gestión de Juntos por El Cambio con el único objetivo de eliminar trabas y mejorar el funcionamiento del Estado para ponerlo al servicio de la gente. Actualmente, además, es de uso obligatorio para recibir servicios e información sanitaria, como certificados de vacunación o resultados de hisopados.

Tal como lo expresó la Comisión Interamericana de Derecho Humanos: “Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con la población e informar”. Lo difundido por canales estatales debe ser “información de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios”.

Desde Pro exigimos que se elimine toda publicidad política de Mi Argentina, respetando la ley de partidos políticos 26.571 y la ley de protección de datos personales 25.326 ya que los recursos del estado y la información personal no pueden ser manipulados para fines partidarios.

Silvana Giudici