Diana Cohen Agrest. Foto: Jorge Sánchez.

La filósofa habla de la injusticia y de la instalación de la inseguridad y de la impunidad en la sociedad a través de fiscales y jueces militantes.

Hace diez años, Diana Cohen Agrest sufrió el asesinato de su hijo Ezequiel.                                        Desde entonces, la filósofa transformó su dolor en denuncia. Dialogó con Clarín sobre la inseguridad y el letal sistema de (in)justicia que cree se ha instalado en nuestro país.

¿Qué es el “abolicionismo en la (in)Justicia”?                                                                              ¿Por qué se ha instalado en nuestro país?

En verdad, esa es una expresión irónica con la que suelo caracterizar una teoría que, en Argentina, termina siendo un reproductor de injusticias. Propone la abolición del sistema penal, implosionarlo desde adentro valiéndose de fiscales y jueces militantes que sientan jurisprudencia, a veces inconstitucionales, con fallos ridículos o aberrantes con los que van socavando al sistema penal. 

Hoy en día, por ejemplo, se dictan penas inferiores al mínimo establecido por el Código Penal en juicios abreviados.

¿Es un problema de las leyes o de la aplicación por parte de los jueces?

A veces son las leyes porque los legisladores, para llegar a un acuerdo y con el afán de que sean sancionadas, ceden en puntos cruciales. Por ejemplo, la ley de víctimas nacional no contempla un abogado gratuito universal para la víctima en delitos contra la vida. El imputado sí dispone de un defensor desde que se inicia el sumario policial hasta que se cumple la pena…por lo general incumplida. Pero la víctima -la única persona en la escena que no hizo nada para estar allí- está absolutamente sola. El fiscal representa al Estado. El defensor oficial, por definición, defiende al imputado con uñas y dientes. De no hacerlo, es sancionado. La mayoría de los jueces fueron formados en el abolicionismo. Cuando la norma dice “el juez podrá” ellos interpretan “el juez deberá”. Otorgan beneficios tales como libertad condicional, prisión domiciliaria, pulsera). ¿De qué “igualdad de armas”, expresión hiperbólica vacía si la hay, se habla, entonces?

¿Qué rol juegan en este sistema las fuerzas de seguridad y el sistema carcelario?

A diferencia de la mayoría de las democracias occidentales, aquí en Argentina se las considera parte del sistema que se debe implosionar. En el caso de los policías, son mal pagos, no son capacitados y se los obliga a usar un arma letal en lugar de una taser paralizante. A mi juicio, es una medida intencional que apunta a que puedan ser imputados si actúan. O bien, motivados por el temor de quedar sin trabajo, que mueran en un enfrentamiento, como el Agente Roldán asesinado en el Malba. En última instancia, el pensamiento de escritorio del abolicionismo se traduce en la producción en una sucesión imparable de mártires que intentan cumplir con su deber. La tinta de los abolicionistas está hecha de sangre de gente inocente. Y respecto de la sobrepoblación carcelaria, no hay una política de construcción de cárceles, sólo proyectan modificar la ley para liberarlos. En el fondo, ni siquiera se interesan por los derechos humanos de los presos, como no se interesaría el director de un hospital si enviara a los pacientes a su casa.

¿A que le atribuye que en Argentina se haya instalado la inseguridad y la impunidad?

En 1973, con (Héctor) Cámpora, se liberaron delincuentes. Con la vuelta de la democracia, se confundió “autoridad” con “autoritarismo”. Así, las políticas de derechos humanos fueron funcionales a los delincuentes comunes. La Convención Constituyente de 1994 creó el Consejo de la Magistratura que es una bolsa de gatos que exonera a los jueces. Y de allí en más, el manual de Zaffaroni fue la biblia de generaciones de abogados que hicieron que la inseguridad sea una política de Estado. Y no es sólo nuestro ex Juez. Hay celebridades del mundo del derecho que piensan igual.

¿Esto ocurre solamente aquí o también en otros países del mundo?

Zaffaroni infestó gran parte de Latinoamérica. Por algo es una de las regiones más pobres del mundo, reino de narcos, con dictaduras incipientes y una tasa de delito descomunal. Por suerte, no pudo ni en España ni en Uruguay ni en Chile.

Como filósofa, ¿por qué se cree que se ha confundido víctima con victimario?

En la mejor versión, por un “buenismo” absurdo que hace del asesino o del violador, una víctima de la sociedad injusta, esa creencia ilusoria y nada pragmática de que bastan las buenas intenciones. Así se calman las conciencias de las almas puras que terminan criminalizando la pobreza. En la peor versión, porque desde hace años que el Estado argentino se nutre de las mafias y de “vatayones militantes” que, eventualmente, puedan servir de milicias.

¿Entonces en su opinión la clase política es cómplice? ¿Patrocina el sistema por ganancia o por incompetencia?

Por supuesto que es cómplice; y no sólo la clase política. También la élite intelectual, muchos periodistas y todos los que se quedaron pegados al imaginario setentista.

¿Qué piensa de la propuesta de Alberto Fernández de limitar el mandato de los magistrados?

Es inviable porque la Constitución nacional establece que duran en sus cargos mientras dure su buen desempeño. Para hacerlo, habría que cambiar la Constitución.

¿Hay ideología detrás de estas propuestas de política pública? ¿Qué objetivos persiguen quienes la fomentan?

Como dije, están formateados por el “buenismo”. Es difícil de rebatir públicamente porque lo políticamente correcto puede más. Pero también porque se perdió la cultura del trabajo en el ámbito judicial. El juez gana lo mismo si absuelve o si condena. Por lo cual es más fácil absolver y sacarse trabajo de encima.

¿A 10 años del asesinato de su hijo Ezequiel, qué balance hace de la justicia y de la política?

Estamos peor todavía. Porque hay más pobres, chicos sin escolarizar y más hambre. Y con los viejos se está cometiendo un genocidio cuando no dan la segunda dosis que deberían recibir. La mayor parte de la clase política es cómplice de lo que estamos viviendo.

Usted puso su dolor personal al servicio de la acción colectiva. ¿Por qué la ciudadanía no hace de la protección de sus vidas un reclamo?

Desde Epicuro se sabe que los seres vivos buscan el placer y escapan al dolor. Nadie puede imaginar que, en la lotería en la que vivimos, una bala alcanzará a un ser querido. Y preferimos cerrar los ojos a esa posibilidad. Lo cierto es que la muerte de mi hijo le arrebató todos sus sueños, todos sus proyectos. Fue un sinsentido. Me comprometí a luchar de por vida por esta causa en la que estoy acompañada en Usina de Justicia por un puñado de padres enlutados y miembros de la sociedad civil que luchan por una Argentina que duela un poco.. un poco menos.

Perfil

Diana Cohen Agrest es es Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster de Bioética por la Universidad de Monash, Australia. Fue docente e investigadora del Departamento de Filosofía de la UBA. Dirige un programa de formación en bioética en modalidad virtual en la Universidad Isalud. Conferencista invitada por numerosas universidades del exterior. Es autora de Ausencia Perpetua: inseguridad y trampas de la (in)Justicia (Editorial Debate). Recibió numerosos premios y distinciones por su labor intelectual y social, como el Premio Konex de Platino en Ética.

Es fundadora y Presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia.