“Tiene la buena noticia de un único precio para el bioetanol, sea elaborado a partir de maíz o de caña de azúcar”, opinó el Cr. Víctor Acastello, Subgerente General de la Asociación de Cooperativas Argentinas y directivo de ACABIO, la principal planta etanolera del país y de la provincia de Córdoba, al ser consultado en relación a la reglamentación de la Ley de Biocombustibles que el gobierno –por iniciativa kirchnerista- dictó hace algunas semanas.

Agregó que la norma regulatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial como Decreto 717/2021, “mantiene los 12 puntos de corte, siempre que se respete el mecanismo de la Resolución 852 del 3 de septiembre de 2021, que fijó el precio en $ 59,35 por litro, valor que se actualizará mensualmente según la variación del precio de la nafta en surtidor”. O sea, ata el precio del bioetanol al del combustible de orígen fósil.

“La desventaja (de la reglamentación difundida hoy) -apuntó Acastello-, es que si el precio de la nafta se "congela" por varios meses y los costos de producción de las industrias etanoleras -maíz, gás y otros componentes- siguen subiendo, nos puede quitar la ajustada rentabilidad que hoy tiene el sector de bioetanol de maíz”.

Una ley que atrasa
El texto de la Ley sancionada por el Congreso –con personal impulso de Máximo Kirchner- y promulgada por Alberto Fernández, generó una ola de preocupaciones en el sector de los biocombustibles por el “viraje” que representaba en relación al régimen de estímulos que rigió durante más de una década y que permitió que se realizaran importantes inversiones en esta nueva agroindustria.

Córdoba se convirtió en la mayor productora de etanol base de maíz. La concepción de la nueva legislación –un claro retroceso en las reglas de juego que se venían aplicando, en beneficio de las petroleras- ponía en peligro la estabilidad económica de las cuatro grandes industrias que se erigieron en territorio cordobés.

Regulaciones complementarias
Otro punto del Decreto 717 El Decreto 717/2021 que deja abiertas dudas es que instruye a la Secretaría de Energía para que en 180 días lleve a cabo una revisión del marco regulatorio del sector en materia de seguridad, calidad y registración, que deberán observar las plantas de producción, mezcla y almacenaje de biocombustibles, y propicie el dictado de la normativa pertinente.