El Poder Ejecutivo remitirá en las próximas horas al Congreso un proyecto de ley para cambiar la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con el objetivo de garantizar la independencia judicial y recuperar la confianza pública en la Justicia.
La iniciativa busca dar “cumplimiento con lo que se comprometió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de trabajar y tratar la cuestión del funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura”.
Segun pudo conocerse el texto se elaboró “luego de haber escuchado las voces y sugerencias del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público”.
El texto, que deberá discutir el Congreso e ingresará por el Senado, propone que el Consejo de la Magistratura pase de tener 13 miembros a 17, sumando un juez, dos abogados y un representante del sector académico o científico.
Todos los nuevos integrantes que se suman ninguno pertenece al estamento político”, y  eso “permitirá una representación más equilibrada que permitirá avanzar en unos de los objetivos centrales del gobierno que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura”.
La reforma propuesta también incorpora “la cuestión de género y de equidad de género: al menos dos de los jueces y tres de los representantes del Poder Legislativo deben ser mujeres, y al menos dos de los representantes de los y las abogadas deben ser mujeres, y en el caso de los académicos y científicos al menos una debe ser mujer”, detalló la Portavoz.
También  “en cuanto a las mayorías especiales requeridas para las dos funciones centrales del Consejo, que son la presentación de terna o remoción de jueces, no se propone ninguna modificación”.
El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Regulado por la ley 24.937, tiene entre sus atribuciones la emisión de propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados, la administración de recursos y ejecución de presupuestos asignados a la gestión de justicia y la apertura de procedimientos de remoción y suspensiones, entre otras.