“Si usted fuera argentino, sería peronista” le dijo un sonriente Alberto Fernández al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping abrazándolo a la historia de su partido de pertenencia política sin reparar de que se trata de uno de los gobiernos más denunciados en el mundo por flagrantes violaciones a los derechos humanos. Un gesto de cordialidad diplomática similar tuvo el presidente argentino con su par ruso, Vladimir Putín, al decir que Argentina debía ser “la puerta de entrada para la expansión rusa en América Latina”. Rusia también se encuentra observado por sus constantes atropellos a los derechos civiles y a la libertad de expresión.

Antes de su gira por Rusia y China, Fernández fue advertido a través de una carta por Amnistía Internacional sobre la grave situación que se vive en ambos países por las constantes vejaciones que sufren sus ciudadanos de parte de sus gobiernos. En esa misiva, Amnistía Internacional hizo referencia a la comprobada existencia de delitos de estado en China con “persecuciones, encarcelamientos y torturas” y destaca la legislación homofóbica existente en Rusia al denunciar que “la denominada ley sobre ‘propaganda de relaciones sexuales no tradicionales’ prueba el carácter homofóbico de las legislaciones vigentes y la necesidad de adoptar medidas urgentes para la protección plena de todas las personas”.

Aunque los organismos de DDHH más caracterizados en nuestro país, con una pertenencia muy acentuada con el kirchnerismo, no hicieron mención alguna a los elogios de Fernández a sendos gobiernos autoritarios, no es novedad que estas situaciones, que podrían ser fácilmente presentadas como “terrorismo de estado”, lo que los convertiría en delitos de lesa humanidad, suceden y son cometidos por los gobiernos halagados por el presidente argentino.

También el kirchenrismo ha demostrado más de una vez al mundo ser ciego, sordo y mudo frente a los atropellos criminales de las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.

Suena increíble que el presidente de una república con una democracia consolidada, luego de haber atravesado una de las dictaduras militares más violentas de occidente durante el siglo XX, invite a que nuestro país sea cabecera de playa para el desembarco territorial y posterior expansión política y comercial a Rusia, que solo durante el año pasado encarceló a 12.000 manifestantes y a su principal opositor, Aleksei Navalny, a quien aún se le niega acceso a atención médica independiente luego de un sospechoso intento de envenenamiento antes de apresarlo. Resaltemos también que nuestro gobierno pretenda ayudar a expandir en la región a un régimen que prohíbe los derechos de las minorías sexuales con normas agregadas recientemente en su Constitución, que determinan que la sola elección sexual puede costar la cárcel.

Esto nos lleva a realizarnos una pregunta: “¿Interesan a Fernández y a su gobierno los Derechos Humanos?”. La respuesta es no, al menos no de un modo determinante, porque su visión es bastante sesgada de acuerdo a distintas conveniencias.

Mucho más nos convencemos de esta afirmación cuando tomamos en cuenta el accionar que tuvo el gobierno nacional durante la pandemia, acompañando con un ominoso silencio los centenares de denuncias y hechos sucedidos en distintas provincias del país, siendo Formosa la punta del iceberg que permitió visibilizar los crímenes en manos de fuerzas de seguridad provinciales, que ya eran denunciadas en distintos informes por legisladores opositores como Fernando Iglesias, Karina Banfi y Rubén Manzi, y no por los organismos de DDHH enrolados en el oficialismo, que prefirieron mirar la cuarentena por TV.

En la oposición preocupa mucho el alineamiento del gobierno de Alberto Fernández con modelos autoritarios. Este es un punto que alienta el debate interno para adoptar posiciones más duras, sobre todo en la UCR con la presidencia de Gerardo Morales, que ya advirtió que no admitirá debilidades al respecto.

“Hablan de derechos humanos para criticar el préstamo con el FMI, pero se abrazan a Putin que persigue y reprime a todo aquel que se le opone”, señala un legislador opositor que promete llevar el tema al recinto cuando traten el entendimiento con el organismo.

El peronismo tiene una relación compleja con los DDHH. Durante los gobiernos de Perón las persecuciones políticas a opositores eran gestadas no solo por el Estado sino también por los propios militantes y organizaciones sindicales. Los ejemplos abundan y muchas veces se nos pide que pongamos esa situación en un contexto histórico. Sin embargo, y mucho más cerca en nuestra historia, aún se espera una condena de esa fuerza política y una clara intención para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el gobierno de Juan Domingo Perón e Isabel, vinculados a la Triple A.

Pasa el tiempo y seguimos contextualizando. El problema es que, ya en 2022, cuando esos debates deberían estar lejos de interpretaciones, oportunismos y conveniencias políticas, el presidente Fernández y su gobierno deambulan sosteniendo elogios y conformando alianzas con esos modelos de gobierno anclados en el tiempo que habitan el oscuro lado de la política global, donde los derechos humanos no forman parte de la agenda prioritaria.

Si no reparamos en esto, esta posición oficial tolerante con ciertos autoritarismos hará que nuestra democracia pierda calidad y debilite esos mismos valores que la fortalecieron.