El Gobierno de Johnson impone al dueño del Chelsea la prohibición de viajar o de realizar transacciones comerciales con individuos o entidades británicas

El Gobierno de Boris Johnson ha actuado finalmente este jueves contra el oligarca ruso más conocido en el Reino Unido: Roman Abramóvich, el dueño del club de fútbol Chelsea, no podrá viajar al Reino Unido ni realizar transacciones comerciales o financieras con individuos o entidades británicas. Todos sus activos quedan congelados, lo que supone paralizar de inmediato la posible operación de venta del club, anunciada la semana pasada por el propio Abramóvich, así como posibles fichajes. El Chelsea, según ha aclarado el Gobierno, obtendrá una licencia para continuar con sus “actividades relacionadas con la competición deportiva”, incluido el partido de la Premier League que debía jugar este mismo jueves contra el Norwich. El club londinense ha confirmado disponer de ese permiso. En un comunicado difundido en redes sociales, el Chelsea declara que tiene “la intención de entablar conversaciones con el Gobierno del Reino Unido sobre el alcance de la licencia”.

Junto a Abramóvich, el Reino Unido ha ordenado una batería de sanciones económicas inmediatas contra otros seis oligarcas rusos: Oleg Deripaska, el propietario del grupo con intereses energéticos y de minería EN+; Igor Sechin, un hombre de extrema confianza de Vladímir Putin, ex miembro del KGB, brazo derecho del presidente ruso en el Kremlin y presidente de la compañía petrolífera rusa Rosneft; Andrei Korstin, presidente del banco VTB; Alexei Miller, director ejecutivo de la empresa pública Gazprom; Nikolai Tokarev, presidente de la compañía pública de oleoductos Transneft; y Dimitri Lebedev, presidente del consejo de administración del Banco Rossiya. Entre todos ellos, se calcula que poseen activos y patrimonio por valor de casi 18.000 millones de euros.

Las sanciones a Abramóvich habían sido reclamadas insistentemente durante las últimas dos semanas por la oposición laborista, varios diputados conservadores y organizaciones de transparencia y anticorrupción. El magnate ruso posee una mansión de 15 dormitorios en la exclusiva calle londinense de Kensington Palace Gardens, valorada en más de 135 millones de euros, y un ático de tres plantas en el Chelsea Waterfront de la capital, cuyo coste se estima en casi 20 millones. El oligarca había precipitado en los últimos días su intención de vender todas las propiedades. Tiene participaciones en el gigante del acero Evraz PLC, y vendió un 73% de sus acciones de la petrolera Sibneft a la gasista Gazprom por 11.700 millones en 2005. Según el Gobierno británico, su patrimonio total asciende a 11.200 millones de euros. “Es uno de los pocos oligarcas surgidos durante la década de los noventa que mantiene influencia sobre Putin, y ninguno de nuestros aliados había actuado aún contra él”, asegura Downing Street en un comunicado público.

“No puede haber refugios seguros para todos aquellos que han respaldado el despiadado ataque de Putin contra Ucrania”, ha dicho Johnson. “No tendremos piedad contra aquellos que permiten el asesinato de civiles, la destrucción de hospitales y la ocupación ilegal de nuestros aliados soberanos”, ha añadido.

El propio Johnson aseguró a EL PAÍS la semana pasada que “no tenía sentido lanzarse a por alguien solo para darse de bruces contra un batallón de abogados”, y que era necesario “hacerlo bien, y no ir solamente contra un individuo”, cuando fue preguntado por la aparente impunidad de Abramóvich.

El Listado Consolidado de Objetivos de Sanción Financiera en el Reino Unido, publicado este jueves por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, en sus siglas en inglés) del Ministerio de Economía británico, argumenta los indicios contra Abramóvich: “Se le asocia con una persona —llamada Vladímir Putin— que ha estado implicada en la desestabilización de Ucrania, y en socavar y amenazar la integridad territorial, soberanía e independencia de ese país”, asegura el documento. El propio Abramóvich, asegura la OFSI, estaría directamente implicado en socavar la integridad territorial y soberanía de Ucrania a través de su empresa Evraz PLC. “La compañía ha suministrado servicios financieros, y ha proporcionado fondos, recursos económicos, bienes y tecnología que han podido contribuir a la desestabilización de Ucrania (...) incluido el potencial suministro de acero al ejército ruso para la producción de tanques”, añade el informe.

Por sus vínculos con la comunidad judía de Ucrania, el Gobierno de Volodímir Zelenski pidió a Abramóvich que actuara como intermediario, durante los primeros días de la invasión rusa. El empresario se desplazó hasta la zona fronteriza de Bielorrusia para actuar de modo discreto durante las negociaciones, pero nada indica que su intervención llegara a facilitar la situación. Mientras ocurría eso, la maquinaria del Gobierno británico ya se había puesto en marcha para actuar contra el oligarca ruso más popular del Reino Unido.