Las críticas a la OTAN por ponernos “una base en Malvinas”, denunciada por la vicepresidente Cristina Kirchner en el discurso de apertura del Eurolat el pasado 13 de abril en Buenos Aires, en momentos en que en Moscú se habla de una tercera Guerra Mundial y que en Europa sus habitantes vuelven a asomarse al horror producido por la matanza indiscriminada de civiles ucranianos en pleno siglo XXI, puede ser un preludio de un nuevo round en la interna que carcome al Frente de Todos y que en Cancillería tiene protagonistas claramente definidos.

Mientras que en el Palacio San Martín conviven un ala referenciada en las potencias occidentales y otra corriente que está más cercana a los nuevos liderazgos autocráticos que vienen del este del planeta, el presidente Alberto Fernández y su canciller Santiago Cafiero, deberán decidir en breve si sostienen la condena explícita a la agresión y violación de los derechos humanos provocada por la administración de Vladimir Putin, que fue confirmada por la Argentina en la reciente votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y conllevó a la suspensión inmediata de la Federación de Rusia del organismo rector en defensa de los derechos individuales.

No es un dato menor señalar el hecho que uno de los malestares que han dejado trascender los voceros del Instituto Patria con la gestión diplomática de Alberto Fernández se debe al alineamiento del Gobierno con las potencias occidentales en detrimento de la posición rusa que recibió el apoyo de gobiernos autoritarios como Cuba, China o Nicaragua y abstenciones de países cercanos a la Argentina, como Brasil, que se encuentra unido a Rusia de una manera más sustanciosa que por la mera ideología. Brasil y Rusia son socios junto a India, China y Sudáfrica del selecto club de países bautizado como BRICS y que enseñan al mundo el poder que poseen al constituirse como las grandes potencias emergentes del planeta.

Si bien a la vicepresidente la hubiera conformado un voto de abstención, la orden que se dio en la Casa Rosada fue la de condenar las agresiones de los militares rusos en suelo ucraniano. No fue un voto menor teniendo en cuenta la tradición del país en foros vinculados con el respeto de los derechos humanos y por detentar, la Nación Argentina, la titularidad del Consejo al que preside por primera vez bajo la dirección del embajador Federico Villegas.

Finalmente, el 7 de abril pasado, la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia de Consejo de Derechos Humanos por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Se trato de la segunda ocasión en que la Asamblea General toma una decisión tan extraordinaria. En marzo de 2011, el parlamento mundial decidió suspender la membresía de Libia, gobernada por Muamar El Gadafi, por haber cometido violaciones graves y sistemáticas a esos derechos.

La Asamblea General tuvo en cuenta en su decisión las expresiones de preocupación manifestadas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la última actualización sobre la situación de estas garantías fundamentales hecha por la Misión de Observación en Ucrania el 26 de marzo de 2022.

La lucha entre los funcionarios pro-rusos y los pro-occidentales dentro del Gobierno

Los conflictos de intereses y las diferentes visiones en el diseño de la política internacional volverán a producirle tensiones a un Gabinete dominado por la incertidumbre y la desconfianza entre “albertistas” y “cristinistas”.

Entre los primeros se ubican los diplomáticos Jorge Arguello, actual embajador nacional en Washington, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, y un funcionario con despacho en Casa Rosada, referenciado en el Vaticano y con rango de secretario de Estado, Gustavo Béliz.

Entre los segundos se encuentra el vicecanciller, Pablo Tettamanti, que fue embajador en Rusia en el Gobierno de Cristina Kirchner, durante la administración de Cambiemos no obtuvo destino diplomático y con el ascenso del Frente de Todos al poder, el Instituto Patria lo ubicó como número dos de la Cancillería durante la gestión de Felipe Solá y conservó el cargo con el arribo del actual canciller, Santiago Cafiero, con quien mantiene severas diferencias. A pesar de ello, las desavenencias más importantes con la Casa Rosada residen en el despacho del embajador ante la OEA, Carlos Raimundi.

Raimundi, que desde la OEA se convirtió en uno de los defensores del régimen despótico de Nicolás Maduro a pesar que el Gobierno de Alberto Fernández avaló el Informe Bachelet, que denunció las graves violaciones a los derechos humanos que suceden en el país caribeño, es parte de un grupo de “mosqueteros” de la vicepresidenta en Cancillería que también integran Sabino Vaca Narvaja, embajador en China, Eduardo Zuain en Rusia y Luis Ilarregui en Cuba.

Esta guerra de palacio que existe entre las segundas y primeras líneas de un gabinete que se vuelve moroso por culpa de las internas que lo atraviesan deberá ofrecer una respuesta al pedido de la embajadora ucraniana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que solicitó al organismo “un paso más” en su condena a la agresión de Rusia.

El pasado 25 de marzo durante la reunión del Consejo Permanente del Organismo con sede en Washington la diplomática ucraniana, Oksana Markarova, fijo su mirada en la del representante de la misión de la Federación de Rusia, Alexander Kim, y pidió la suspensión de ese país como observador permanente.

Oksana Markarova, embajadora ucraniana en Estados Unidos, agradeció a los miembros de la OEA la resolución sobre Ucrania de fines de marzo donde los países miembros alertaron por los actos que pueden considerarse crímenes de guerra. Pero, fue por más y solicitó que se “considere retirar a Rusia el estatus de observador permanente porque es inaceptable que alguien que no respeta los principios de soberanía e integridad territorial y que piensa que está bien matar niños y matar gente inocente en el territorio de otro Estado se siente a la mesa con gente que los respeta”.

El representante de la misión de observación permanente de Rusia, Alexander Kim, rechazó “categóricamente las acusaciones provocadoras e infundadas” y dijo que le parecía inapropiado que la OEA “considere temas que no son relevantes” para la región.

La OEA es un organismo compuesto por 35 naciones del continente americano que han ratificado su Carta de creación y ha habilitado la categoría de Observadores Permanentes, socios de otros continentes que brindan apoyo a los programas y conectan las Américas con la comunidad global.

Voceros de la organización explicaron a NA que “…cada año, la Asamblea General de la OEA ofrece una plataforma de diálogo entre los países miembros y los países observadores. En el contexto de este encuentro hemisférico las autoridades de los países observadores presentan sus visiones y prioridades de lo que significa para ellos la cooperación con la OEA y de cómo esperan continuar fortaleciendo el trabajo con la Organización”.

Rusia y Ucrania son países observadores y la propuesta de la embajadora ucraniana se vio revitalizada con las recientes denuncias de genocidio lanzadas por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, quien fue uno de los primeros en dar a conocer al mundo las presuntas ejecuciones sumarias de varios cientos de civiles en el suburbio de Bucha y en otras zonas al norte de la capital ucraniana.

Klitschkó y otros observadores de oficinas de derechos humanos subrayaron que los civiles sin vida hallados en las calles de Bucha tras la retirada de las tropas rusas "tenían las manos atadas a la espalda", tal y como pueden verse en las fotografías difundidas por medios internacionales que produjeron una oleada de indignación en países occidentales.

Con este contexto, el presidente Alberto Fernández deberá instruir a la delegación argentina la decisión de su administración cuando se ponga a consideración una posible suspensión de Rusia de la OEA que podría suceder el próximo jueves 21.

Fuentes diplomáticas consultadas por NA coincidieron en señalar y advertir que  “…si se condenó a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, antes de los crímenes de Bucha, lo usual sería sostener la argumentación y avanzar con sanciones en la OEA. Sin embargo, las internas palaciegas y el desenvolvimiento de la crisis política interna pueden terminar por delinear una decisión completamente errática en materia de derechos humanos, alineamiento internacional y política exterior”. (NA)