El condominio IOS on the Bay donde las tres firmas registraron domicilio en Miami . Crédito: Infobae.-

Tres de los imputados en la causa de las cooperativas de Quilmes no declararon ante la AFIP las sociedades que habrían constituido en Miami, por las que se los investiga en la Justicia Federal de Capital y de Quilmes, a partir de una denuncia por presunto desvío de fondos otorgados por el Municipio a cooperativas y una empresa. Así surge de un informe del organismo fiscal que llegó a los Tribunales federales de ese municipio del sur del conurbano bonaerense. 

Los investigados que no habrían declarados esas firmas offshore son el ex subsecretario de Hábitat de la gestión de Mayra Mendoza, Sebastián Raspa; el también ex funcionario del Municipio de Quilmes Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari.                                         

Raspa renunció el 23 de abril después que se conociera por una publicación del sitio El Disenso, que cooperativas de trabajo ligadas a él, a su socio Bordalejo y a sus familiares, recibieron más de $500 millones del Municipio conducido por la intendenta de La Cámpora para tareas, en su mayoría, de mantenimiento y limpieza de espacios públicos.                                                                                   

La Cooperativa La Estrella, cuyo responsable es Bordalejo, fue la más favorecida con contratos adjudicados en forma directa - por casi $397 millones - en lo que va del mandato de Mayra Mendoza. En tanto, la constructora de Scozzari, The Wolf Building, resultó adjudicada con contratos por más de $88,5 millones, otorgados por el Municipio quilmeño entre mayo del 2020 y abril de 2022.                                                                 

Raspa, Bordalejo y Scozzari son, a su vez, socios en la constructora J D Vetruvio, y Raspa y Bordalejo, además, en Cantón Towers Gestión SAS.

Martín Bordalejo y Sebastián Raspa, son socios y fueron funcionarios de la gestión de Mayra Mendoza .  El Disenso .                                                                                    Las sociedades no declaradas ante el fisco argentino y ahora bajo la lupa son Borda Investments LLC, Raspa Investments LLC y SCO Investments LLC.                                                         

Los nombres remiten a los apellidos de cada uno de ellos.                                 

Si bien Mayra Mendoza es la otra imputada en este expediente que lleva el juez federal Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo, no hay documentos del registro público societario de Miami que la vinculen a ella con alguna de estas sociedades en el exterior.                                                                                              En un video difundido hace 20 días, la intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas” y desmintió la acusación “de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan”. También negó tener cuentas o firmas afuera.

Sociedades gemelas.

Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC fueron constituidas el mismo día, el 5 de noviembre de 2020 como compañías de responsabilidad limitada, conocidas por la sigla LLC (Limited Liability Company) en Estados Unidos. Quién las registró como agente fue Jaime Parlade. La firmas fueron inscriptas poco antes de que se firmara contrato entre la Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo La Estrella, el 30 de diciembre de ese año, por $8.954.865, para la ejecución de la obra “cierre de malla la Ribera 3″.                      La existencia de las offshore fue revelada también por El Disenso, pero al hacerse pública su existencia, fueron cerradas el 6 de mayo pasado, el mismo que se conoció que Raspa, Bordalej, Scozzari y Mayra Mendoza quedaron imputados por el fiscal federal Ramiro González en la causa que se sustancia en Comodoro Py. Así surge de los documentos públicos del Registro Comercial del estado de Florida consultados por Infobae, donde actualmente figuran como “inactivas”.

En ambas sociedades, como directivos y administradores (o managers) figuran Bordalejo y Scozzari, la ciudadana norteamericana Wendy Silva, y SCO Investments LLC, la tercera firma bajo sospecha.

Las firmas Borda Investments y Raspa Investments fueron constituidas como compañías gemelas en Miami.

SCO Investments LLC, que comparte el agente registrado (Jaime Parlade) con las otras dos, fue abierta el 2 de mayo de 2017, y Scozzari figura como “miembro autorizado” (AMBR por authorized member), y Silva como administradora (manager). Bordalejo se sumó en noviembre de 2020 (para la misma fecha en que fueron registradas Borda y Raspa Investments) también como “miembro autorizado”.          

Así figura en el Balance anual de la compañía del 2020, revisado por Infobae.                                                                                    

C es la única que sigue abierta a la fecha .-

Exhorto internacional

La información sobre la constitución de las sociedades en Miami deberá ahora ser corroborada oficialmente por el Juzgado Federal de Quilmes, en un exhorto internacional que sería despachado la semana próxima.                    Desde la Fiscalía a cargo de Silvia Cavallo aún no fue solicitado su envío, a la espera de recabar primero la mayor información posible para evitar que el oficio a las autoridades norteamericanas sea rechazado.

En la otra causa que tramita en la Justicia Federal de la Capital, el juez federal Ariel Lijo ya envió un exhorto internacional el 2 de junio último para el Tribunal con Jurisdicción y Competencia en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, brinde información sobre las empresas bajo la lupa, en las que aparecen Bordalejo y Scozzari. 

El objetivo es determinar si parte de los fondos de la intendencia de Quilmes entregados a las cooperativas bajo control de Raspa y Bordalejo, y a la empresa de Scozzari, The Wolf Building, se desviaron a cuentas offshore a nombre de estas firmas en las que los nombres de los tres imputados se entrecruzan.

Sobre el hecho de que las sociedad no figuran como declaradas ante la AFIP, fuentes judiciales explicaron a Infobae que “no informar una participación societaria en una declaración jurada impositiva es un delito. Después habrá que ver si esa sociedad tuvo ingreso de fondos y su origen, ya que podrían ser producto de una maniobra de evasión o de lavado de dinero”.

La sede de las firmas en Miami

Las tres firmas offshore compartían el mismo domicilio legal y de recepción de correspondencia en la Unidad 304 del condominio IOS on the Bay, en Miami. 

Infobae fue hasta el edificio ubicado en 720 NE 62ND Avenue, pero el encargado de la entrada no conocía a las sociedades por su nombre, ni a los argentinos vinculados a ellas. Este medio dejó un teléfono de contacto, al que se comunicó la dueña del departamento, Laura Vetta.

Según explicó, desconocía por qué las tres compañías tenían como domicilio el departamento que habían comprado con su esposo en mayo 2021. Pero tras una consulta con los dueños anteriores, se volvió a comunicar y explicó que su inquilina había sido Wendy Silva. Habría sido ella la que, como manager de las tres firmas vinculadas a Bordalejo, Scozzari y Raspa, registró esa dirección donde residía como domicilio legal de las firmas, algo usual con este tipo de sociedades.

Este medio localizó a Silva y la llamó a su número de celular en Estados Unidos, pero la joven no respondió los llamados ni los mensajes de Whatsapp y Telegram, pese a que figuraban como leídos.

Sin comentarios

“No tengo nada para decir”, fue la respuesta inicial de Raspa cuando Infobae lo llamó a su celular. “Lo que tenga para decir, lo haré ante la Justicia a través de mi abogado”, afirmó del otro lado de la línea a esta cronista. Molesto, tampoco quiso brindar el nombre de su abogado, pero según pudo saber este medio aún no presentó letrado en el expediente. “Todavía no designó abogado oficialmente, pero es de esperarse que designe pronto por el avance de la causa”, sostuvo una fuente judicial.

En la carta en que hizo pública su renuncia el 23 de abril, Raspa calificó la información publicada por El Disenso como “falsa, maliciosa y tendenciosa”, y sostuvo que se trataba de “operaciones mediáticas que quieren ensuciar el trabajo que se viene haciendo en el distrito, e inhabilitarla a ella (por Mayra Mendoza) de cara al debate público”. En el texto, afirmó “no tenía ni tuvo cuentas ni participación en empresas en el exterior”. Y agregó. “Ni siquiera he viajado a los Estados Unidos en toda mi vida: de hecho, nunca tuve visa para ingresar”. Para constituir una LLC en ese país no hace falta viajar, ya que se trata de empresas “de papel”, en la que un estudio actúa como intermediario para su apertura.

Raspa también aseguro en esa carta no ser “parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio de Quilmes en la presente gestión”. Sin embargo, hasta su salida, Raspa se desempeñó en su doble rol de funcionario municipal y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo, que agrupa a cooperativas de la zona. Funciona en el mismo domicilio en Quilmes - Sudamérica 20 - que el informado por las empresas que comparten Raspa, Bordalejo y Scozzari. De 41 años, Raspa es además el responsable de una de las cooperativas que integran esta Federación, Barrio Unido, en la que aparece como firmante de sus cheques junto a Romina Cangelosi. Se trata de su pareja, quien también es empleada del Municipio, en la Dirección General de Personas Mayores de Quilmes, y está también imputada en la investigación abierta en Comodoro Py.

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Infobae también se contactó por celular con Bordalejo, pero éste no respondió los llamados ni los mensajes. Pese a los intentos, esta cronista no pudo localizar a Scozzari. Al empresario se lo habría visto en Ezeiza, el viernes 10 de junio, volviendo de Miami. Scozzari es el único de los cuatro imputados en el expediente en la Justicia de Quilmes que designó abogado, Juan Tiberio. Pero el letrado tampoco contestó las preguntas ni los mensajes enviados por mail y Whatsapp.

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Dinero cruzado.

De los dos informes de la AFIP - de 9.400 y 8.500 fojas cada uno- surge un profuso entrecruzamiento de dinero - que incluyen préstamos cruzados - entre las cooperativas investigadas, entre Raspa, Bordalejo y Scozzari, así como entre sus empresas, tanto las que tienen cada uno, como las que comparten. Por ejemplo, los investigadores se encontraron con que hay una cooperativa de las que está siendo investigada que le factura a Canton Tower Gestiones Integrales SAS, la empresa de Raspa y Bordalejo.

Esos movimientos llamativos de dinero no involucran a Mayra Mendoza en forma personal, al menos de la documentación que hasta el momento figura en el expediente. “Hay movimiento de las cooperativas que parecen empresas”, señaló un investigador. Ahora la Justicia deberá determinar si lo declarado como ganancia de las empresas, o a título personal, es consistente con sus consumos, sus bienes o inversiones.

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Esta información fue corroborada por el informe confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF) que llegó la semana pasada a los Tribunales de Quilmes, y que fue revelada por Infobae. Del cruce de los datos enviados por la AFIP y la UIF al Juzgado de quilmes, los investigadores detectaron por ejemplo que Raspa estaba vinculado a varias cooperativas favorecidas con contratos, tenía acceso a sus cuentas y hacía depósitos o retiraba plata a nombre de ellas, a la vez que era funcionario del Municipio.

Scozzari figura también profusamente en los datos aportados por la AFIP, con reiterados depósitos en efectivo, de grandes montos de dinero. 

Como dueño de la constructora The Wolf Building, la Justicia analizará si ese flujo de efectivo está justificado o no.

Según el informe de la UIF, además, entre 2021 y 2022, este empresario quilmeño registró, al menos, 11 operaciones de cobro de fichas y premios en el Bingo de Quilmes y el Casino de Buenos, en varios casos por montos fraccionados.         “El cobro de premios y fichas en una sala de juegos está considerada una maniobra de posible lavado de dinero, porque aunque el ‘apostador’ pierda plata en relación con el dinero jugado, le permite blanquear lo que ganó, ya que el cambiar los premios por caja, lo ingresa al sistema. Por debajo de determinado monto, el casino no le pide al jugador que se identifique lo que facilita la maniobra si se concreta mediante fraccionamientos”, explicó un investigador. Ahora, desde el Juzgado de Armella buscarán corroborar y ampliar la información de la UIF - que no sirve como prueba en el expediente - con oficios al Instituto Provincial de Lotería y al Casino Buenos Aires, ubicado en un barco flotante en Puerto Madero.