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7 de diciembre de 2015
IOMA: los negociados con la industria farmacéutica que salpican a Quintana y Baradel
Las denuncias que viene realizando el diario Hoy (ver notas relacionadas) por los negociados multimillonarios en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) tuvieron un enorme impacto político, al punto que la gobernadora electa, María Eugenia Vidal, decidió postergar la confirmación de quien será el responsable de conducir los destinos de la obra social a partir del 10 de diciembre.
Lo que se sabe, hasta el momento, es que la gobernadora electa asumió el compromiso de “transparentar” el funcionamiento del instituto.

     IOMA: los negociados con la industria farmacéutica que salpican                                           a Quintana y Baradel.

  • Prueba concretas. La denuncia por la cartelización farmaceútica involucra a representantes de UPCN y Suteba
Prueba concretas. La denuncia por la cartelización farmaceútica involucra a representantes de UPCN y Suteba.
 
 
DIARIO HOY, 06/12/2015, LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-
 
Se trata de convenios irregulares que superan los $100 millones mensuales.
 
Denuncian que “se utilizaron asociaciones Ilícitas y estafas reiteradas”

Las denuncias que viene realizando el diario Hoy (ver notas relacionadas) por  los negociados multimillonarios en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) tuvieron un enorme impacto político, al punto que la gobernadora electa, María Eugenia Vidal, decidió postergar la confirmación de quien será el responsable de conducir los destinos de la obra social a partir del 10 de diciembre.
Lo que se sabe, hasta el momento, es que la gobernadora electa asumió el compromiso de “transparentar” el funcionamiento del instituto.
Y esa decisión puso nerviosos a más de uno.

Para darnos cuenta de la magnitud del negocio basta con recordar con que el presupuesto del IOMA, para este año, roza los 15 mil millones de pesos, es decir, unos 1500 millones de dólares a tipo de cambio oficial.
En ese marco, desde distintos sectores políticos y sindicales, se muestran cada vez mas temerosos de perder “el privilegio” que significa participar en este esquema corrupto que, cabe destacar, es responsabilidad primaria del gobierno bonaerense, que designa a dedo al presidente de la obra social (y a gran parte del directorio), cargo que es desempeñado desde hace mas de cinco años por Antonio La Scaleia, quien a su vez viene desempeñando distintos cargos en la obra social desde los años ´90.

Ahora bien, en el directorio hay representantes sindicales, que responden a Roberto Baradel (Suprema) y Carlos Quintana (UPCN), que son corresponsables del desfalco.
De hecho, están directamente imputados en las 15 denuncias que actualmente tramitan en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata.

Una de las denuncias más graves (IPP Causa Nº 22563/14)  apunta a los escandalosos y multimillonarios contratos firmados entre el IOMA y la industria farmacéutica.
Según la Asociación de Profesionales de la obra social (Apioma), los denunciados “realizaron un convenio –contrato- cerrado para cartelizar los medicamentos de altísimo costos (contemplados en el Plan MEPPES) y otros fuera de convenios, por cifras de más de $100.000.000 por mes”. Y remarcaron que “se utilizaron asociaciones Ilícitas y estafas reiteradas que buscan dudosos intereses, con funcionarios políticos.
Todos apadrinados y puesto por el gobierno con UPCN”.
La denuncia también mencionada “retornos”, es decir coimas, equivalentes a un 20% de esa facturación.

Ante esta situación, la demanda solicita que se investigue a los responsables de la maniobra por los delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal.  Todo esto se da en momentos en que las prestaciones del IOMA son cada vez más deficientes, multiplicándose las quejas de los afiliados a lo largo y ancho de la provincia que se ven obligados a realizar extenuantes trámites y hasta recursos de amparo para que se le reconozca los tratamientos que necesitan para poder vivir.

La denuncia de APIOMA pide que se investigue el accionar de todos los integrantes del directorio, entre ellos el propio La Scaleia; Roberto Jorge Passo (Vicepresidente IOMA y secretario general del sindicato de empleados del Automóvil Club), Humberto Jorge PUMO ( Vocal del IOMA), Patricia Viviana NISEMBAUM (Vocal del IOMA por el gremio SUTEBA, liderado por Baradel), Luis PÉREZ ( Vocal del IOMA, por el gremio UPCN), Nicolás VITALE (DGP, Director General de Prestaciones del IOMA),  Alejandro FERNANDEZ, (DGA, Director General de Administración del IOMA) y el Jefe de Gabinete, Daniel BURGOS. A ellos se suman ex integrantes del directorio como Gustavo SEVA (ex vocal del IOMA, secretario general del Sindicato de Municipales de San Isidro), Jorge Héctor GIORDANO (ex vocal, representante del Centro de Oficiales Retirados de la Policía de la provincia de Buenos Aires) y Osvaldo H. ROMANATTI (ex vocal por el gremio UPCN); el ex subdirector de Farmacias, Marcelo PIERGIACOMI (ligado a UPCN) y  ex jefe del departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica Sergio Leonardo MASSACCESI (también vinculado a UPCN). Estos dos último se encuentran procesados en otra causa penal y está a punto de ir a juicio oral. Se los acusa por estafa con medicamentos oncológicos de alto costo que eran recetados a afiliados fallecidos.

En la denuncia se  afirma que “a partir de Abril del 2011 las incorporaciones de nuevos principios activos al MEPPES pasaron a  formalizarse a través de un simple acto administrativo, abandonando el IOMA la obligación contractual de rubricar actas, acuerdos complementarios del Convenio con todos los firmantes del mismo, y su tratamiento en la Comisión de Seguimiento de convenios creada a tal efecto. Con este nuevo esquema, libre de control, el sector Industrial pasa coordinar “libremente” los precios y las marcas de los medicamentos que el IOMA deberá financiar.  De esta forma, la  falta de control,  pasa a consolidar nuevas prácticas monopólicas  con la consiguiente cartelización del mercado de los Medicamentos de Alto Costo (MAC)”.

“La evolución del gasto de IOMA fue de tal magnitud que al mes de Agosto del 2013  los medicamentos dispensados al IOMA valorizados al Precio Venta al Público llegaron alcanzar un valor de $98.000.000 por mes para la dispensa de 28.700 recetas.  Se estima que según los descuentos pactados con la industria, en ese entonces el IOMA pagó la suma de $54.000.000 por la provisión de los Medicamentos de Alto Costo”.
La denuncia también consigna que “desde hace años por resoluciones del directorio se comenzaron a otorgar, sin control, las autorizaciones de compras directas de Medicamentos de altísimo costo a droguerías por fuera del convenio.                             Esto nunca fue objetado pero tampoco fue aprobado para la asistencia de los afiliados con patologías de baja incidencia.
Eso significa que en la actualidad además de detentar el monopolio en el Plan MEPPES a través del convenio con el CFPBA, el IOMA compra y entrega ilegalmente a sus afiliados una gran cantidad de medicamentos biológicos (monoclonales, antiangiogénicos,) por fuera del circuito del convenio con el Colegio de Farmacéuticos provincial. Por valores que superan los $ 25.000.000 por mes sin control solo por decisión de la Presidencia del Dr. LA SCALEIA y de todos los vocales del Directorio”.

“No sólo se autoriza la compra ilegal de medicamentos de alto costo al segundo eslabón comercial, droguerías,  sino que IOMA los acopia y  entrega a los afiliados en el mismo edificio del Instituto (en el 3er piso había heladeras con candados), violando “todas” las leyes vigentes de comercialización y dispensa de medicamentos y la misma ley de IOMA. 
Con lo cual las compras directas que el IOMA viene efectuando no solo violan todas las normativas, sino que seguramente resultarían más costosas”, dice la denuncia.
Todo esto constituye apenas una pequeña parte de los delitos denunciados ocurridos en el IOMA. Sólo la demanda por cartelización tiene más de 90 páginas y hay otras 14 denuncias penales en trámite.


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