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18 de diciembre de 2015
Sergio Szpolski y Garfunkel denunciados por lavado de dinero
Los medios kirchneristas comienzan a vivir su ocaso, y tal es así, que el dirigente del Frente Renovador, Walter Martello, denunció ayer ante la Unidad de Información Financiera (UIF) a los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel por “lavado de dinero”.
El ex diputado provincial de la CC establece así la primera denuncia oficial con los medios K, que a lo largo de la última década recibieron decenas de millones de pesos en materia de publicidad oficial.

Sergio Szpolski y Garfunkel denunciados                                         por lavado de dinero.                                                                              Szpolski no es para nada bien visto entre los tigrenses y ahora la pagó una concejal del massismo

 

DIARIO HOY, 18/12/2015.-LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-
 
Los medios kirchneristas comienzan a vivir su ocaso, y tal es así, que el dirigente del Frente Renovador, Walter Martello, denunció ayer ante la Unidad de Información Financiera (UIF) a los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel por “lavado de dinero”.
El ex diputado provincial de la CC establece así la primera denuncia oficial con los medios K, que a lo largo de la última década recibieron decenas de millones de pesos en materia de publicidad oficial. Lo más grave del hecho es que Martello remarca en su acusación que en todo el gobierno kirchnerista existieron grupos de medios oficiales que estuvieron manejadas por testaferros del poder, entregando cientos de cheques sin fondos, reteniendo los aportes patronales de los empleados y ocultando cuál fue el destino real de los millonarios fondos que recibían del Estado.
Para fortalecer su denuncia, el dirigente del FR cita las investigaciones hechas por el diario Hoy, asegurando que “los millones de la publicidad oficial tendrían como destino empresas fantasmas, varias de las cuales están siendo vaciadas”.
En su denuncia, de 27 páginas, Martello sostuvo que resulta “imprescindible la intervención de la Justicia para dilucidar si los actos realizados por los responsables de la conducción de las empresas sindicadas (Grupo Veintitrés) constituyen delitos penales”.

 

 

 

 

 


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