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9 de enero de 2016

Una búsqueda ridícula, un juez cuestionado y una Procuradora en la mira. Maria del Carmen Falbo, procura para la Morza

La búsqueda de los condenados por el triple crimen que se fugaron va de fracaso en fracaso. Las responsabilidades de Falbo y de un magistrado con prontuario que milita en Justicia Legítima
Hubiese sido imposible la destrucción que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires si el kirchnerismo, y su variante sciolista, no hubieran tenido la complicidad de sectores del Poder Judicial que le garantizaron impunidad y protección.

 Una búsqueda ridícula, un juez cuestionado y una                                  Procuradora en la mira.

           El juez Melazo junto al ex jefe de gabinete sciolista, Alberto Pérez, y el ex ministro de Justicia, Ricardo Casal               El juez Melazo junto al ex jefe de gabinete sciolista, Alberto Pérez, y el ex ministro de Justicia,                                                                      Ricardo Casal.

La búsqueda de los condenados por el triple crimen que se fugaron va de fracaso en fracaso. Las responsabilidades de Falbo y de un magistrado con prontuario que milita en Justicia Legítima

Hubiese sido imposible la destrucción que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires si

el kirchnerismo, y su variante sciolista, no hubieran tenido la complicidad de sectores

del Poder Judicial que le garantizaron impunidad y protección. En el caso concreto de la

administración bonaerense, jugó un rol primordial la procuradora María del Carmen “La

Pochi” Falbo, que como jefa de los fiscales habría ordenado que se hiciera la plancha en

la mayoría de las causas que involucraban al poder político de la Provincia.                                           

A la Pochi se le suman algunos “jueces K” que forman parte de la agrupación Justicia

Legítima, como es el caso de César Melazo.                                                                                                        

Estos mismos personajes hoy están involucrados en el escándalo por la infructuosa

búsqueda de los tres condenados por triple crimen de General Rodríguez que se

fugaron del Penal de General Alvear.

Ayer, se registraron una serie de insólitos allanamientos y algunas detenciones como la

de una mujer que vive en Ciudad Oculta, donde supuestamente se le habría dado

alojamiento a los hermanos Lanatta y a Víctor Schillaci. También hubo operativos en la

casa de la abuela de uno de los condenados y en Chascomús, donde fue demorado un

comerciante sospechado de haber dado protección a los fugados. También se realizaron

operativos en la ciudad de Posadas. Todo se pareció a una gran farsa.                              

Por eso, desde el gobierno nacional, están acelerando las acciones para que la causa,

rápidamente, pase al fuero federal ya que la red de complicidades que unen a ciertos

funcionarios judiciales de la Provincia con las redes delictivas les están haciendo pagar

un enorme costo político.

En este escenario, la labor del fiscal de Azul que investiga la fuga, Cristian Citterio, que

fue secretario de Melazo durante 12 años y también forma parte de la troupe de

funcionarios que responde a Falbo, quedó en la mira.  Y más si se tiene en cuenta que

su padre, Roberto Citterio, fue el abogado del ex jefe de la Polícia Bonaerense, Alberto

Sobrado, que fue enjuiciado por sus depósitos off shore en las Bahamas. El ahora fiscal

trabajaba para Melazo, haciendo tareas de contabilidad, cuando el polémico juez anuló

la causa contra Sobrado.  A su vez, el propio Melazo está siendo muy cuestionado ya

que liberó rápidamente a Marcelo Mallo, el ex líder de Hinchadas Unidas Argentina que

había sido apresado por tenencia de armas de guerra y que está sospechado de

mantener vínculos tanto con Aníbal Fernández como con los condenados por el triple

crimen.

Mallo, quien ya no niega su vínculo con el ex jefe de Gabinete, también sostiene que no

tiene nada que ver con los prófugos del triple crimen de General Rodríguez. Lo mismo

cree Melazo, quien tampoco oculta su apoyo explícito a Fer,ez. Sólo basta con recorrer

su historial en Twitter para darse cuenta que a Melazo se lo puede definir como un

"juez militante" por su apoyo a CFK y también por su respaldo a La Morsa, de estrecho

vínculo con el ex líder de Hinchadas Unidas Argentina.

En rigor, lo que está sucediendo con Melazo es una mancha que se suma a numerosos

hechos escandalosos que lo involucraron y que derivaron en distintos jurys. En los

pasillos judiciales afirman que actualmente es magistrado gracias al respaldo que en su

momento le dio la llamada Maldita Policia en los años ‘90, a lo que se le habrían

sumado contactos con el submundo del juego clandestino.                                                  

Mucho se comenta que gracias a algunos aportes económicos de algunos gerentes de

ese negocio ilegal se habría hecho una casa en la Costa Atlántica. En tanto, en los

últimos años, el sciolismo y el kirchnerismo lo hicieron zafar de un jury por su pésimo

desempeño en la causa por el triple crimen de la planta trasmisora del año 2007.

También afrontó un proceso similar bajo la acusación de haber frenado operativos

contra desarmaderos.  En los últimos años, Melazo y el sciolismo fueron carne y uña.                                                                                                                                                             Es más, el juez, el entonces jefe de gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y el ministro de

Justicia, Ricardo Casal,  junto a sindicalistas K como Julio Castro (Sosba) y Héctor

Nieves (UPCN), compartieron una velada en la casa del magistrado y hasta degustaron

un novillito. 

Cabe recordar que Casal, hasta el 10 de diciembre pasado, fue el máximo responsable

político del Servicio Penitenciario. De hecho, tanto Florencia Piermarini, que era la

titular del SPB durante la triple fuga y su superior, el subsecretario de Política

Criminal, César Albarracín, forman parte del riñón político del ex ministro sciolista.  

A Melazo también se lo sindica de trabajar, en tándem, con el polémico

abogado Fernando Burlando. De ahí que no sea casualidad que muchos de los políticos

corruptos de la Provincia, como los funcionarios del IOMA acusados de vender

clandestinamente medicamentos oncológicos de alto costo, terminaron siendo

defendidos por este personaje.

Detienen al jefe de Seguridad del Penal de General Alvear

El Oficial Subprefecto César Luis Tolosa, jefe de Seguridad del Penal Nº 30 de General

Alvear, fue detenido anoche sospechado de haber sido el entregador desde adentro del

Servicio penitenciario que facilitó la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci.

Tolosa que ya había sido detenido por 24 horas la semana pasada y quedó en libertad

por no encontrársele pruebas reales sobre su participación en el caso, fue apresado nuevamente por orden del fiscal interviniente en el caso.

A medida que fue avanzando la investigación, y a través de testimonios que constan en

la causa, los evadidos se retiraron del Penal en el momento de la fuga al grito de

“Tolosa nos cagó”, lo que lo ha puesto en la mira como el principal sospechoso de

haberles brindado las condiciones necesarias para que se profugaran.

El pez por la boca muere

Al intentar desligarse de Marcelo Mallo, ex líder de Hinchada Unidas Argentinas, Aníbal

Fernández sostuvo que su vinculación política se reduce a la participación que habría

tenido Mallo en la campaña de 1991 que lo llevó a la intendencia de Quilmes. La

realidad es que un hecho que pocos saben es que Mallo fue funcionario municipal de

Sergio Villordo, el intendente de Quilmes entre 2003 y 2007 que era manejado a control

remoto por Aníbal. Se de-sempeñaba como director de Programas Nacionales, con lo

cual estaba conectado directamente con Aníbal que durante ese periodo fue Ministro

del Interior de Néstor Kirchner, teniendo a su cargo las relaciones políticas con

intendentes y gobernadores.

A su vez, en aquella época, Mallo también se desempeño como coordinador en la

provincia de Buenos Aires de la agrupación Compromiso K que creó el entonces

secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el operador kirchnerista

Roberto Porcaro.

 

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