Salta, Febrero 2016  

           COMUNICADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS SALTA                                    SOBRE DECLARACIONES DE  VERBITSKY CONTRA MARCOS LEVIN EN EL PRIMER JUICIO                                                                                             A UN EMPRESARIO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.  

En el Juicio que tiene al empresario Marcos Levín como acusado principal, a solicitud de la querella y de la fiscalía ha declarado como testigo el periodista Horacio Verbitsky.  Lo hizo en el marco de la persecución contra los empresarios que, según él, serían corresponsables de la represión durante el gobierno militar iniciado el 24 de marzo de 1976.                                                                                     No es la primera vez que Verbitsky se ocupa de los empresarios y de las fuerzas de represión estatales. Casi se diría que se trata de una obsesión personal que se despertó allá por fines de los años ’60 cuando eligió la vía violenta de las armas para llegar al poder.                                                   Al respecto, vale recordar (ya que ningún medio “políticamente correcto” lo hace) que este señor, como subjefe de Inteligencia de la banda terrorista Montoneros, fue acusado por su responsabilidad en el asesinato de 23 de las personas que se encontraban almorzando en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal.                                                                                                         El juicio, en el que habría podido mostrar su verdad no se llevó a cabo porque Verbitsky prefirió eludirlo solicitando y obteniendo la prescripción de la causa.                                                                     La banda terrorista Montoneros, en la que Verbitsky ocupaba un lugar de jerarquía, definió tanto a las FF.AA. o de Seguridad del Estado como los empresarios como sus enemigos de clase.                   Son numerosas las manifestaciones que ilustran, al respecto pero, más elocuentes aún, son los asesinatos atroces de empresarios y policías con los que incendiaron el país.  

“La política es la continuación de la guerra por otros medios”.                                   Esta inversión de la célebre frase de John Von Clausewitz le cabe a Verbitsky como anillo al dedo.   Ya no por medio de las armas de fuego como antaño sino con declaraciones en juicios es como se ocupa de cumplir con sus objetivos de terminar con sus “enemigos de clase”.                                        

Ahora bien, en esto no está solo porque hay gente que le cree y, peor aún, le hace caso  No se entiende de otra manera que un tribunal considere como veraz el testimonio, contra Marcos Levin y ex policías que nunca conoció, de un individuo que desde hace 50 años dice y obra en contra de empresarios y policías y, además, cuenta entre sus antecedentes el haber pertenecido a una banda terrorista que asesinaba a empresarios y policías por el mero hecho de pertenecer a determinada clase social o profesión.                                                                                                       ¿Qué credibilidad y qué autoridad moral tiene para  los señores jueces integrantes del Tribunal, Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Diaz y Gabriel Casas, este sujeto para poner en duda la honorabilidad del señor Marcos Levin y los otros acusados?  

Señores jueces del tribunal, La causa armada contra Marcos Levin es un mamarracho ilegal.               Se inscribe en la persecución pergeñada por una política de venganza y curro que constituye una clara violación de los derechos humanos de los acusados y, como bien saben, estos delitos no prescriben.   

El periodista de Página 12 declaró en el juicio que se le sigue al ex dueño de La Veloz del Norte.         Lo hizo en el marco del informe que el CELS publicó con el título de “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”.  

La citación de Verbitsky fue solicitada por la fiscalía y la querella del juicio, por ser presidente del CELS y uno de los autores del informe en cuestión.                                                                                       El periodista declaró por video conferencia.  Según Verbitsky y su informe, la empresa efectivamente estuvo comprometida en delitos de lesa humanidad y el policía Víctor Hugo Bocos era el brazo ejecutor de las ordenes de la empresa, aunque cumplía funciones dentro de la misma sin que nadie supiera el cargo que tenía.  

Sobre el informe que provocó la citación a Verbitsky, Cuarto Poder hizo un resumen el 12 de diciembre del 2015 con el título “La Historia negra del empresariado”.                                                   El caso salteño es objeto de análisis entre las páginas 181 y 214 de la publicación.                               Tras una breve referencia histórica de la empresa, el escrito enfatiza que al menos 22 trabajadores de la firma resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad.                                                               Y aunque ninguna de ellos engrosa el número de desaparecidos, sí quedaron los testimonios sobre las detenciones ilegales que fueron seguidas de torturas y trasladados a la cárcel de Villa Las Rosas para lo cual fue imprescindible la provisión por parte de la empresa de recursos materiales y logísticos. El objetivo era simple: disciplinar a los activistas sindicales de la UTA.  

Víctor Manuel Cobos es pieza clave de esta historia. Su caso permitió que Marcos Levín esté siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Cobos tenía 27 años en aquellos años, se había sindicalizado en 1973, militaba en la Agrupación Peronista de la UTA y formó parte de la Junta Ejecutiva de la seccional de Salta de la UTA que por entonces protagonizaba conflictos sindicales. Según la reconstrucción del CELS y FLACSO, tales conflictos, estaban relacionados con el atraso y mal pago de los sueldos, horas extras no retribuidas y falta de horas de descanso para los choferes que iban y venían de Tucumán.  

El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 permitió a la empresa pasar del hostigamiento a las detenciones de los trabajadores sindicalizados. Carlos Norberto Hoyos, el secretario general de la UTA – Salta, fue detenido ese mismo día 24 de marzo. Era empleado de la empresa de transporte Atahualpa propiedad de la familia Balut y estuvo detenido clandestinamente en la cárcel de Villa Las Rosas hasta noviembre de 1976.  

El caso de los trabajadores de La Veloz del Norte, sin embargo, fue distinto: fueron detenidos en simultáneo el 21 de enero de 1977 a partir de una causa fraguada por “defraudaciones reiteradas”. El número de la misma fue la N° 45520, se inició en 1977, prescribió en 1985 y tenía su origen en una inspección en la que supuestamente se identificó al guarda Ciriaco Nolberto Justiniano otorgando boletos mal confeccionados. Justiniano fue detenido, trasladado a la Comisaría 4ta de Salta y en los papeles la persona que involucró a los demás choferes en la maniobra.                          La mayoría de los detenidos eran empleados de la sucursal de Salta mientras 5 pertenecían a la sucursal de Tucumán.  

 La lista negra  

Víctor Manuel Cobos, fue detenido el 22 de enero de 1977 después de realizar un viaje desde Tucumán a Salta. Durante el mismo, a la altura de Metán, subió un hombre que al requerírsele el boleto dijo haber olvidado sacarlo y por lo tanto recibió el ticket del mismo Cobos que al llegar a la garita del Portezuelo fue obligado a frenar por el propio  Marcos Levín que estaba en su Torino blanco. Levín subió y se dirigió al hombre que había subido en Metán quien presentó su boleto.         A la mañana siguiente, cuando Cobos se aprestaba a realizar un nuevo viaje, el subcomisario Bocos se presentó en la empresa, acompañado por dos policías que sin mediar explicaciones esposaron al chofer y lo subieron a un coche que pertenecía a La Veloz del Norte. Su destino fue la Comisaría 4°, donde el detenido  estuvo encapuchado, incomunicado y en donde fue torturado por Ignacio “Sapo” Toranzos que actuaba a las órdenes de Bocos. El interrogatorio versó sobre trabajadores afiliados a la UTA y las reuniones y actividades realizadas con el gremio. Asimismo, a punta de pistola lo obligaron a confesar por escrito que formó parte de la estafa en presencia de del juez Jorge Alberto Tricavelli. Permaneció detenido hasta el 19 de abril de 1977 en Villa Las Rosas y tras ser liberado no volvió a la empresa ni a vivir en Salta.  

El chófer Rubén Héctor Vrh fue detenido en la terminal y trasladado en el Torino blanco de Marcos Levín a la Comisaría 4ta, donde estuvo detenido 4 días. En la seccional fue torturado, obligado a “confesar” y amenazado por Víctor Hugo Bocos. A su salida, fue despedido de la empresa e ingresó a una compañía de transporte tucumana, que pasó a manos de La Veloz del Norte en 1983.  

Otro chofer detenido fue Miguel Ángel Rodríguez. Ocurrió el 20 de enero de 1977 por la noche fue detenido por personal policial en un Falcon celeste. Tras resistirse, el oficial Cardozo apuntó con su pistola a la cabeza de su hijo de ocho años (…) fue encapuchado y llevado a la Comisaría 4ta donde estuvo secuestrado 17 días. Fue torturado por Flores bajo las órdenes del subcomisario Bocos. Asegura que mientras permaneció secuestrado vio a Levín caminando por un pasillo de la comisaría mientas preguntaba a los policías si habían logrado que se hiciera cargo.                                         También recordó la presencia del juez Trincavelli, firmo una declaración sin leerla y fue trasladado a la cárcel hasta su liberación.  

El chófer Carlos Lidoro Aponte se presentó a la Comisaría 4ta por su cuenta cuando se entero que personal vestido de civil lo había ido a buscar la noche anterior a su casa. Fue encerrado sin explicación alguna durante 15 días y torturado como los demás. Mientras estuvo detenido, vio a Levín en dos oportunidades. Para obligarlo a firmar su “confesión”, el policía Cardozo lo amenazó con hacerlo desaparecer detrás del templete de San Cayetano. Tuvo que ratificar esa declaración ante el Juez Trincavelli y posteriormente fue trasladado al penal de Villa Las Rosas.                       Luego de su liberación, el Jefe de Personal, Grueso, le ofreció reincorporarse a la empresa ya que lo creía “recuperable”.  

Sonia Rey, era azafata, estaba afiliada a la UTA y participaba a escondidas de las reuniones en el gremio. Fue detenida por personas de civil en la casa de su madre en el Falcon celeste. Reconoció a Víctor Hugo Bocos (…) Durante la primera de las tres noches que estuvo secuestrada, vio a Levín en la comisaría. Tras ser liberada se dirigió a la compañía a hablar con Levín, quien le respondió que había “traicionado” a la empresa y que era una “desgraciada”. Fue despedida.  

Jorge Arturo Romero fue detenido en la empresa cuando se presentó para conducir un micro a Tucumán por dos personas de civil a quienes identificó como Cardozo y Figueroa. Fue trasladado en el Falcon celeste que era propiedad de la compañía y en la seccional fue torturado e interrogado.       Le preguntaron por la actividad gremial que desarrollaba y si tenía relación con la organización Montoneros. Fue encerrado en una habitación con el resto de los choferes. Allí estaba Víctor Hugo Bocos, a quien en una oportunidad lo había visto en compañía de Marcos Jacobo Levín.                   Como sucedió con el resto, fue visitado por el juez Trincavelli y ante su presencia firmó una “confesión” que ya estaba redactada. Estuvo detenido quince días en la Comisaría 4ta, un mes en Villa Las Rosas y al salir fue despedido.  

Aurelio Rada fue subido a un Falcón celeste y llevado a la Comisaría 4ta. Tras una hora de tortura ingresó una persona y preguntó a quién picaneaban y al mencionarse su apellido, el visitante advirtió que según Marcos “él no tenía nada que ver”. Fue incitado a declarar en contra de Víctor Manuel Cobos. Rada vio a Levín en la comisaría y también había visto a Víctor Hugo Bocos en la empresa en varias oportunidades.  

Sebastián Lindor Gallará, chofer desde 1973, padeció lo mismo. Además de “indagarlo” sobre la supuesta estafa, también lo interrogaron por las actividades gremiales.  

Oscar Horacio Espeche, chofer desde 1971, fue detenido dentro del galpón de la compañía, llevado a la Comisaría 4ta y torturado. Fue liberado una semana después, sin que debiera firmar papel alguno. Fue reincorporado a la empresa.  

A Juan Alberto Alonso solo le exigieron que firmase su ´confesión´, sin interrogarlo sobre actividades gremiales o políticas. Asegura haber visto al policía Bocos en varias oportunidades en la empresa y escuchar que Levín le había regalado una cupé Torino.                                                           Tras ser liberado, Alonso regresó a la compañía de la cual se jubiló en 2002.  

Varios trabajadores secuestrados y torturados en la Comisaría 4ta de Salta provenía de las instalaciones de la empresa en Tucumán: Carlos Horacio Pereyra, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Miguel Zelarayán y Jorge Francisco Delaloye. El informe detalla lo siguiente: “Una vez detenidos, todos fueron llevados a la  Brigada de Investigaciones de Tucumán y luego trasladados en un micro de larga distancia de La Veloz del  Norte a la ciudad de Salta. Recuerdan que la unidad era conducida por un compañero llamado Miguel Ángel ´gringo´ Merluzzi custodiado por dos policías, uno de los cuales fue identificado como Flores. Al llegar a la comisaría, fueron recibidos por Marcos Levín, José Antonio Grueso y Víctor Hugo Bocos (…) Más tarde, fueron torturados brutalmente e interrogados por la ´estafa´ y por su participación y adhesión sindical. Todos fueron obligados a firmar una declaración cuyo contenido desconocían”.  

Del informe se desprende que el policía Víctor Hugo Bocos era nexo entre la empresa y las fuerzas de seguridad: prestó servicios en la empresa como inspector desde el 1 de enero de 1975 al 28 de febrero de 1975 y luego servicios de adicionales y vigilancia desde el 1 de mayo de 1975 al 31 de diciembre de 1976, en horarios vespertinos.  

 Te doy, pero dame  

“(…) los relatos de los ex trabajadores no solo hablan del aporte de vehículos por parte de la empresa para la realización de las detenciones sino también de la presencia de personal directivo y del propio Levín en las mismas (…) los relatos no solo hablan de la presencia de Levín y Bocos, sino también de Grueso, el entonces Jefe de Personal (…) Aurelio Rada relató que, en el momento en que lo iban a liberar, José Antonio Grueso se encontraba presente en la comisaría (…)                             Asimismo, en referencia al caso de los empleados de la Veloz detenidos en Tucumán y trasladados a Salta, Emilio Bórquez mencionó que tanto Grueso como Levín se encontraban en la comisaría esperando su llegada”.  

Eso no fue todo, los testimonios aseguran que la empresa confeccionaba las listas con las que se llevaba a cabo las detenciones y, como vimos, aportó sus propios galpones para la ejecución de la represión que en algún caso incluyó personas que no trabajaban en la misma. “… según relatos de los sobrevivientes la organización del trabajo, de las salidas de los micros, los horarios de los viajes y los turnos de los choferes eran pensados para que los operativos de detención pudieran efectuarse (…)  

(…) “Por otro lado, algunos relatos hablan de una retribución otorgada por Levín a las fuerzas policiales encargadas de la represión. Jorge Delaloye recuerda una anécdota que vivió en la empresa luego de que fuera liberado” y que podían incluir desde cubiertas para los móviles policiales hasta cajas de vino para el personal de la fuerza. Como contrapartida el empresario “exigía que estas actuaran protegiendo sus intereses. La nota publicada en el periódico El Intransigente del 20 de marzo de 1976 (56), informa que los empresarios del transporte de la ciudad de Salta enviaron una carta al Jefe de Policía de la Provincia, el Teniente Coronel Miguel Raúl Gentil, solicitando que se aplique a la UTA la Ley de Seguridad del Estado. Dicha nota fue elaborada por la Festap (Federación de Empresarios Salteños del Transporte Automotor de Pasajeros), dirigida por Marcos Levín”. Algunos ex trabajadores aseguraron, además, que durante esos años las rutas de circulación de La  

Veloz se ampliaron: “En esa época La Veloz del Norte era Salta, Tucumán, Orán, Tartagal y Resistencia.                                                                                                                                             Después se extiende a Córdoba y después se extiende a Buenos Aires. Y después ya iba al Chaco y a Corrientes, y después a Bolivia y Perú. Todo esto después del 76”.  

El informe  finaliza reseñando que la empresa tomó diversas actitudes con los detenidos: algunos fueron despedidos pero otros, tal como lo reseñó Carlos Lidoro Aponte, fueron invitados a reincorporarse a la empresa. Él anuncio que no lo haría a lo que el Jefe de Personal le respondió que lo ocurrido eran cosas que “tenían que pasar. Pero vos todavía sus joven, sos todavía una persona recuperable”.  

Instigación de torturas y secuestros tribunal federal  

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, aseguró que “tuvo mucha importancia la participación de las empresas en el plan militar del país” durante la última dictadura.                                                                                                                                                         Esto lo aseguró ayer, en la última audiencia testimonial del juicio contra el ex propietario de La Veloz del Norte, Marcos Levín, y tres policías, acusados de cometer delitos de lesa humanidad.  

Según declaró, a través de videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, “había un plan militar y en ese marco tuvo mucha importancia la participación de las empresas, porque eran ellos los que contaban a quién había que echar, a quién había que perseguir, quiénes molestaban u obstaculizaban la producción”.  

La citación de Verbitsky fue solicitada por la fiscalía y la querella del juicio, por ser presidente del CELS y uno de los autores del informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, que contiene una sección dedicada a la empresa La Veloz del Norte.  

“Los dirigentes empresariales y directivos investigados tuvieron una responsabilidad equivalente a la de las autoridades militares y policiales, y en algunos casos fueron los instigadores”, dijo el periodista.  

Luego precisó: “En el caso de La Veloz del Norte tenemos la asistencia de secuestros, detenciones, la participación de fuerzas de seguridad en el control del trabajo, agentes policiales en cargos jerárquicos de la empresa, la utilización de instalaciones de las empresa para alojar detenidos y secuestrados, el uso de vehículos y móviles de la empresa para fines extorsivos, y la participación de directivos en tormentos a personas privadas ilegalmente de su libertad”.  

Entre otras empresas que participaron como responsables en el terrorismo de estado mencionó al ingenio La Fronterita, la yerbatera Las Marías y Acindar.  

Según Verbitsky y su informe, el policía Víctor Hugo Bocos cumplía funciones dentro de la empresa de transporte sin que nadie supiera el cargo que tenía. “Pero estaba permanentemente reunido con los directivos y participó en las torturas y detenciones de los empleados”, precisó.  

Finalmente, comentó que la denominada lucha contra la subversión era la fachada de un disciplinamiento de la clase trabajadora y de la eliminación de las leyes de derechos del trabajo.horacio V  

La sentencia podría ser en marzo.  

En este juicio, que ayer se reanudó tras la feria judicial de enero, además de Levín los imputados son Víctor Hugo Bocos, policía y empleado de esa empresa; el policíaEnrique Cardozo y el ex jefe de la Comisaría Cuarta, Víctor Hugo Almirón.  

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, integrado por Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, analiza los delitos de persecución, detención ilegal y aplicación de tortura en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, que era empleado de La Veloz del Norte.  

Cobos, detenido en la mañana del 22 de enero de 1977, integraba la comisión directiva de la delegación Salta de la  (UTA) y fue acusado de una supuesta estafa a la empresa.  

Una vez detenido, fue trasladado a la comisaría cuarta, donde lo torturaron y lo obligaron a firmar una declaración acusando a sus compañeros y aceptando el robo a la empresa, tras lo que fue derivado al penal de Villa Las Rosas y liberado tres meses después.  

Se estima que hacia fines de este mes comenzarán los alegatos de esta causa y que el 14 de marzo podría dictarse la sentencia correspondiente, de no mediar nuevas actuaciones.  

La abogada de la querella Susana Aramayo manifestó por Aries que con la declaración del periodista Horacio Verbitsky quedó consolidado que existía un plan sistemático no sólo de exterminio, secuestros o fusilamientos en masa, sino también un plan que involucró a determinados empresarios, entre ellos Marcos Levín.   

Aramayo manifestó que La Veloz del Norte desplegó una veintena de conductas durante el terrorismo de Estado, entre ellas torturas, secuestros, infiltración de personas y presencia de agentes de las fuerzas armadas.    

El testimonio de Horacio Verbitsky  fue contundente porque es producto de una investigación y se trata de un aporte científico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).   

 “No recuerdo otro caso se dieran tantos episodios de responsabilidad empresarial en la represión ilegal como en La Veloz del Norte”, declaró el periodista Horacio Verbitsky en el juicio oral y público contra el ex titular de la empresa, Marcos Levín, por presuntos delitos de lesa humanidad.   

La abogada Susana Aramayo manifestó además que no sólo se habla de culpabilidades sino también de responsabilidades empresariales, por ejemplo que la empresa La Veloz del Norte prestaba viviendas para que vivan los militares infiltrados en la empresa y colectivos con choferes en blanco para trasladar secuestrados.  

Centro de Estudios Salta  

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