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29 de marzo de 2016 |
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| Crean la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | |
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Con motivo de una serie de hechos delictivos, derivados de actos de gobierno de funcionarios estatales, es que el Gobierno Nacional dispuso la creación de un organismo que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.
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Crean la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Por Bernardo Goncalves Borrega. Periodista Acreditado. Corresponsal en Casa de Gobierno-
Con motivo de una serie de hechos delictivos, derivados de actos de gobierno de funcionarios estatales, es que el Gobierno Nacional dispuso la creación de un organismo que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.
El mismo, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estará a cargo de Juan Félix Marteau. En cumplimiento con los estándares internacionales en la materia, emanados del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas, se creó a través del decreto 360/16 la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La Coordinación tiene por misión fortalecer la lucha contra el lavado de activos, enfocándose específicamente en los mecanismos de coordinación interinstitucional de las políticas públicas referentes a la prevención, detección y sanción de los delitos financieros, a fin de lograr una mayor efectividad en los procedimientos. El titular de dicha coordinación, Juan Felix Marteau presenta una amplia experiencia en el país y el exterior en el diseño e implementación de políticas contra los ilícitos financieros en el sector público y privado. Actúa como consultor del FMI, el BID y las Naciones Unidas. Actualmente, interviene como experto de este último organismo en un proyecto de asistencia técnica al continente africano. La Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo también tiene la facultad de proponer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos políticas públicas en relación con la problemática, y producir indicadores y proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la efectividad del sistema.
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