Lunes 28 de Septiembre de 2020

Hoy es Lunes 28 de Septiembre de 2020 y son las 14:34 Tomemos Conciencia. "No me preocupan los corruptos y ladrones." Me preocupa todo un pueblo que mira con indiferencia el comportamiento mafioso.

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7 de junio de 2016

SOLICITA APERTURA DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA SALA III DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA POR EL DELITO DE PREVARICATO Y ADJUNTA DOCUMENTOS PROBATORIOS.

Señor Presidente del Consejo de la Magistratura
Doctor Miguel Piedecasas – Libertad 731, 1er. piso, Buenos Aires
Carlos Alberto Isidro Chev allier-Boutell, titular del documento nacional de identidad número 574.372, abogado, tomo 15, folio 987, con domicilio en Paseo Colón 221, 8° piso, Buenos Aires, al señor Preside nte digo:

                SOLICITA APERTURA DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MAGISTRADOS                                                                 DE LA SALA III DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES                                                                                   DE LA PLATA POR EL DELITO DE PREVARICATO                                                                                                                  Y ADJUNTA DOCUMENTOS PROBATORIOS.

Señor Presidente del Consejo de la Magistratura
Doctor Miguel Piedecasas – Libertad 731, 1er. piso, Buenos Aires
Carlos Alberto Isidro Chev allier-Boutell, titular del documento nacional
de identidad número 574.372, abogado, tomo 15, folio 987, con domicilio en
Paseo Colón 221, 8° piso, Buenos Aires, al señor Preside nte digo:
I. Objeto

Solicito que de conformidad con los artículos 25 y siguientes de la ley 24.937/97 se disponga la apertura del procedimiento de remoción de los juecesde la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos
Norberto Nogueira, Antonio Pacilio y Carlos Alberto Vallefín a quienes atribuyo el delito de prev aricato previsto en el artículo 269 del Código Penal ( Sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta
perpetua el juez que dictare resolucio nes contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.                                                                                                                                   Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la penaserá de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absolutaperpetua).
II. Aclaración preliminar.
Desde fines del 2012 concurro regularmente al Complejo Penitenciario Federal II ubicado en Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires , para visitar a personas allí alojadas, lo que me permitió conocer casos en los que se dictaron resoluciones judiciales cuya irregularidad salta a la vista llevándome a considerar que los autores de ellas habrían incurrido en el tipo penal de prevaricato, siendo uno de e sos casos el que motiva esta presentación.
III. Antecedentes.

(i) El 24-11-76 a una compañía de la Dirección de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en el cuartel ubicado en la avenida 1 entre las calles 59 y 60 de la ciudad de La Plata, se le ordenó presentarse en el inmueble situado en la calle 30, entre las calles 55 y 56 de dicha ciudad en el que tenía lugar un tiroteo entre sus ocupantes y una comisión policial.
(ii ) Algunos integrantes del contingente movilizado, compuesto por unos cuarenta efectivos, incluyendo jefes y tropa, -entre los que se encontraban los agentes Néstor Ramón Buzatto, Cecilio Reinaldo Gómez y Osvaldo Sconza-, fueron distribuidos en los techos de las fincas vecinas mientras continuaba el tiroteo, y por causa de la precisión de los disparos provenientes del inmueble, cayeron los agentes Buzatto, Gómez y Sconza, falleciendo en el
acto el último de ellos y sufriendo graves heridas los dos primeros, con motivo de las cuales fueron trasladados al Hospital Italiano de La Plata.

Al enfrentamiento, de extensa duración e intensidad, puso fin el arribo
de tropas del Regimiento 7 de Infantería Motorizado, Coronel Conde, del Ejército Argentino, prov isto de armamento con el que se perforaron las paredes del edificio, en el interior del cual se hallaron los cadáveres de cuatro personas mayores, una de ellas de sexo femenino, madre de una menor que según organismos de derechos humanos habría sobrevivido al tiroteo desconociéndose su paradero.
(iii ) Del sintético relato que antecede resulta patente que bastante antes
de finalizar el enfrentamiento, los agentes Buzatto y Gómez ya no estaban en el lugar en el que aquél tuvo lugar, sino que, por causa de las heridas sufridas, se hallaban internados en terapia intensiva.
Tras su recuperación, aunque con secuelas permanentes, los agentes
Buzatto y Gómez fueron promovidos al grado inmediato superior –cabos- y luego objeto de sendas distinciones.
(iv) Ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corre ccional Federal de la Capital Federal tramitó la causa número 44/85 en la que, entre otros hechos, se investigó la posible desaparición de la menor Clara Anahí Mariani, supuestamente hallada en el lugar del enfrentamiento.        En esa causa número 44/85, en el año 1986 los agentes Gómez y Buzatto fueron citados a prestar declaración testimonial.
(v) Tanto para los integrantes de ese tribunal -doctores León Carlos
Arslanián,  Andrés J. D’Alessio,  Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, JorgeTorlasco y Jorge Valerga Araoz -, cuanto para el fiscal que ante él actuaba, doctor Julio César Strassera, y su adjunto doctor Luis Gabriel Moreno Ocampo, la citación de los mencionados agentes policiales no sólo era indicio de ausencia de conducta reprochable por parte de esos agentes, sino que probablementepodrían aportar datos útiles para medir la magnitud del enfrentamiento.
(vi) La investigación del tribunal apuntaba a conocer algo acerca de lasupervivencia y posible apoderamiento de la menor.                                                                                                                                                                                               El resultado de la actividad procesal desplegada fue la inexistencia de prueba respecto al paradero de la menor, la evidencia del intenso y largo enfrentamiento y del poder del armamento empleado con el resultado del hallazgo de cadáveres calcinados, todo lo cual condujo al tribunal a no tener por acreditado el apoderamiento y absolviendo al único acusado de ese hecho, el entonces jefe de policía de la Provincia de Buenos Aires, general Ramón Juan Alberto Camps.
(vii) En la causa número 2955 caratulada Almeida, Domingo y otros, vque tramitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, presidido por el doctor Carlos Alberto Rosanski, uno de los hechos juzgados fue el enfrentamiento ocurrido el 24-11-76 en la calle 30 entre las calles 55 y 56 de la ciudad de La Plata, que organismos de derechos humanos calificaban como cuádruple homicidio en concurso real con apoderamiento , retención y ocultamiento de una menor de 10 años.
(viii) Con el objeto de desvirtuar la calificación, los defensores de los acusados en dicha causa número 2955 ofrecieron el testimonio de los agentes Buzatto y Gómez, a lo que el tribunal accedió citándolos a declarar. ​
(ix ) Aunque extemporáneamente, los querellantes impugnaron la citación argumentando que los referidos agentes Buzatto y Gómez habían sido denunciados ante el juzgado instructor (Juzgado Federal Penal número 3 de La Plata, entonces a cargo del doctor Arnaldo Hugo Corazza ). Con la pasividad del fiscal actuante en esa causa número 2955 y la complacencia del tribunal , los querellantes lograron la postergación de la declaración de los agentes Buzatto y Gómez e increíblemente el doctor Corazza ordenó la captura de los referidos agentes. (x) En rigor la decisión mencionada al final del punto (ix) no fue tan increíble, pues quienes transitan lo s pasillos de la justicia federal platense saben que, con loables excepciones que confirman la regla, los integrantes de ese fuero son fuertemente influenciados por una pléyade de organismos acusadores. (xi ) Lo cierto es que en el lapso de 36 años los agentes Buzatto y Gómez pasaron de ser víctimas condecoradas por el enfrentamiento del 24- 11-76, a homicidas y apropiadores de una menor de edad.                                                                                                                                           Cambio tan drástico y radical fue obra del juez Corazza , quien con fundamento ni siquiera apenas aparente, el 13-06-12 ordenó la captura de los agentes Buzatto y Gómez, dictándoles a ambos el procesamiento con prisión preventiva por considerarlos partícipes necesarios de los delitos de homicidio doblemente calificados por el concurso de dos o más personas y por un medio idóneo para crear peligro común, en concurso real con sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años, delitos todos ellos previstos en los artículos 55, 80 (incisos 5° y 6°) y 146 del Código Penal. Estrictamente se dictaron dos interlocutorios, uno respecto a Buzatto, firmado por el juez Manuel Humberto Blanco, y otro respecto Gómez, firmado por el juez Corazza, funcionarios que no se incluyen en esta petición porque el primero falleció el 02-09-14 y el segundo renunció, sin perjuicio de que el sobreviviente responda por el delito en sí de prevaricato. IV. El prevaricato. (i) Cuando en el penal de Marcos Paz me enteré del caso de los agentes Buzatto y Gómez, pensé se exageraba y no di crédito a lo que escuchaba pues racionalmente no podía concebir que un juez ordenara la captura, el procesamiento y el encarcelamiento de dos simples agentes de la policía, y que la Cámara de Apelaciones confirmara esas decisiones. (ii ) Mi incredulidad se incrementó tras tomar conocimiento que por su parte los jueces Blanco y Corazza habían escuchado o al menos leído el relato de Gómez y Buzatto, agentes con poco más de un año de antigüedad, conducidos por sus superiores al lugar en el que se desarrollaba un tiroteo con malvivientes o subversivos -hecho éste intrascendente porque lo importante era el tiroteo en sí con prescindencia de si eran de una u otra categoría-; ubicándose los referidos agentes en el lugar que se les indicó, siendo alcanzados por disparos provenientes del interior de una vivienda que les provocaron heridas de consideración, y la muerte de otro agente, señor Osvaldo Sconza, y menos creíble aún, que las decisiones mencionadas en IV(i) fueran confirmadas por la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
(iii ) Todavía más, Buzatto y Gómez están encarcelados desde hace dos y tres años, respectivamente, con el agravante de que con suerte recién serán juzgados a fines del año 2016 o a mediados del año 2017. Y más aún, si a Gómez y Buzatto el sorteo les deparara la desgracia de que su juicio se radique ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, presidido por el doctor Carlos Alberto Rosanski, puede asegurarse que con el apoyo de los fiscales controlados por los querellantes, serán condenados a prisión perpetua como invariablemente ocurre en las causas ante el referido tribunal. (iv ) Cuando tuve acceso a las resoluciones de primera y segunda instancia del caso Buzatto, advertí que mis interlocutores no habían exagerado un ápice y que ese caso, supongo que semejante al de Gómez, inevitablemente traían a la memoria episodios célebres que registra la historia, tal como el del capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, que a su vez motivó el no menos célebre manifiesto de Émile Zola, Yo Acuso. (v ) La primera sorpresa la deparó la lectura del siguiente párrafo de la sentencia de la sala III, fechada el 17-12-13 y firmada por Carlos Norberto Nogueira y Antonio Pacilio, que expresa: Puntualmente, dicha intervención consistió en que al estar presente durante la contienda habría distraído la atención de las ví ctimas, pues aunque haya sido con su presencia o con los disparos que habría efectuado, lo cierto es que esto habría obligado a quienes se encontraban dentro del domicilio de Teruggi y Mariani a distribuir su defensa contando con la presencia del imputado que, cabe recordar, se encontraba subiendo al techo de la casa lindera, delante de Camps y de Etchecolatz –ver dichos del propio imputado en su declaración indagatoria (cuarto párrafo del punto 1 del capítulo VII que está en la página 19 de la decisión del 17-12-13). No ingresaré en los múltiples interrogantes que la lectura del párr afo transcripto naturalmente prov oca en cualquier mente desapasionada y despejuiciada, sin necesidad de que sea abogado o integrante del poder judicial. Centro la atención en lo siguiente: para los firmantes de la decisión del 17-12-13 basta con la sola presencia de Buzatto y Gómez en el lugar del enfrentamiento para considerarlos responsables de un cuádruple homicidio, doblemente agravado en concurso con apoderamiento de bebé. No sé de qué mente puede surgir una afirmación como la transcripta, aunque en rigor no debería sorprender porque para esos jueces esa presencia es suficiente, ya que según el punto 3 del capítulo IV de la sentencia titulado Momento histórico en el que se desarrollaron los hechos investigados , todo respondía a un plan sistemático de persecución y represión ilegal (v er final de la página 5 y comienzo de la página 6 de ella), plan que podría estar entre los propósitos de los integrantes de la junta militar, pero nunca, ni en la imaginación más febril, en la mente de dos meros agentes de la policía provincial. En síntesis, poco importa que ambos agentes heridos hayan sido evacuados no bien se ubicaron en las posiciones asignadas, pues de todas formas, aunque se encontraran inconscientes e internados en terapia intensiva a varias cuadras del lugar de los hechos, para los firmantes de la decisión del 17-12-13, esos agentes fueron partícipes necesarios. Difícil concebir semejante despropósito, aun para un auto con el alcance previsto en el artículo 306 del ordenamiento procesal (. . . el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste). (vi ) Ni Buzatto ni Gómez se encontraban presentes cuando murieron las personas atrincheradas en el inmueble, pues bastante antes de ello y precisamente por los disparos de esas personas, gravemente heridos ambos, habían sido evacuados del domicilio de Mariani-Teruggi. En tales circunstancias, para cualquier persona medianamente razonable es un cabal desatino insinuar siquiera la responsabilidad de Buzatto y de Gómez en cuatro homicidios calificados y en la apropiación de una menor. El encarcelamiento que vienen padeciendo Buzatto y Gómez, reitero que desde hace dos y tres años, respectivamente, desde su inicio mismo carece de justificación alguna. Los tres jueces aquí denunciados son responsables del delito de prevaricato ya que desaprensiva y dolosamente avalaron las sentencias de primera instancia de los entonces jueces federales Blanco y Corazza. La exigencia del artículo 306 del Código Procesal antes transcripto brilla por su ausencia. Ningún delito cometió Buzatto ni Gómez al subir al techo de una vivienda lindera con el inmueble desde el que partía nutrida balacera que alcanzó su objetivo pues provocaron la muerte de Sconza y graves heridas a aquéllos. Resolver lo contrario, como hicieron Nogueira, Pacilio y Vallefín, fue más que una herejía jurídica, al decir del renombrado procesalista italiano Giuseppe Bettiol, fue una blasfemia jurídica. Y no exagero si también adjudico la descalificación de ridículo jurídico a la pretensión de que Buzatto y Gómez , obedeciendo órdenes de sus su periores, incurrieron en delito al concurrir al lugar del tiroteo y ubicarse en el lugar indicado por sus superiores, porque no puede haber duda alguna que los disparos que pusieron fin al enfrentamiento y el posterior apoderamiento de la criatura Mariani, ocurrieron cuando aquéllos se encontraban inconscientes en terapia intensiva. Pues bien, por causa de esa blasfemia, herejía o ridículo jurídico, lo cierto es que, como reza el dicho castizo, sin verla ni beberla, Buzatto y Gómez llevan dos y tres años de prisión sin miras de enmendarse tamaña iniquidad. (vii ) Viene muy al caso la lectura de un capítulo del reciente libro de Santiago Kovadloff, titulado: Las huellas del rencor. Meditaciones de una década autoritaria. El capítulo que interesa se titula Una pena infinita, una denuncia fundamental. A propósito de Diana Cohen Agrest y está en las páginas 169/172 del libro. Santiago Kov adloff explica que Ezequiel, hijo de la señora Diana Cohen Agrest, fue asesinado por un delincuente que ya era peligroso antes de come
ter ese crimen. El muchacho que mató a Ezequiel había sido detenido por robo y portación de armas y fue juzgado y condenado. Sus abogados apelaron la sentencia y la justicia garantista lo dejó en libertad, volviendo a la calle y a delinquir, siendo Ezequiel su siguiente víctima. El drama de la señora Diana Cohen Agrest la llevó a escribir un libro que tituló: Ausencia perpetua. Inseguridad y trampas de la (in)justicia . En el capítulo del libro de Santiago Kovadloff al que hago referencia, el autor expresa: Cohen Agrest subraya una y otra vez “la desidia de un Estado ausente en la protección de esos miles de vidas expropiadas, que no cuidó de sus hijos y que frente al dolor de lo irreparable sólo responde con la negación, el silencio y el olvido por parte de una justicia injusta. Contra esa arbitrariedad y sus crueles consecuencias, ella despliega la reflexión de este libro. Contra esa perversión que se enmascara en la retórica judicial, ella orienta su protesta y esgrime su lógica inflexible. . . . Subrayé la expresión retórica judicial porque ella es cabalmente aplicable a las sentencias que motivan esta presentación. Según el Diccionario de la Lengua Española, coloquialmente la palabra retórica, en plural,             retóricas, tiene el significado de sofisterías o razones que no son del caso. Y según el mismo diccionario la palaba sofisma significa razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso . En su más radical esencia las 25 páginas y media de la sentencia del 17-12-13 al igual que las 32 páginas de la de primera instancia del 02-09-13, ambas referidas al caso Buzatto, son pura retórica insubstancial. (viii ) En apoyo de cuanto llevo expuesto traigo la autorizada opinión de precisamente uno de los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, el doctor Ricardo Gil Lavedra, publicado en La Nación del 18-06-13 contenido en el Anexo I a esta presentación. Sentencias como las que motivan esta presentación se ubican en las antípodas de lo expuesto por el doctor Gil Lavedra en el referido artículo. (ix ) La separación de los tres jueces denunciados será un primer paso para reivindicar a Gómez y Buzatto, frente a ellos mismos, a los suyos y a la sociedad. (x ) Los jueces Nogueira, Pacilio y Vallefin harían bien en leer y si lo han leído, meditar en conciencia las enseñanzas de jurista italiano Francesco Carnelutti en su monografía jurídica titulada Las miserias del proceso penal (traducción de Santiago Sentís Melendo, editorial Temis S. A., Bogotá, Colombia, 2003), con particular énfasis en su capítulo VII titulado El juez y el imputado, del que extraigo los siguientes pasajes El homicidio no es solamente haber matado, sino haber “querido” matar. Esto quiere decir que el juez no debe limitar su investigación a los aspectos externos o sea a las relaciones del cuerpo del hombre con el resto del mundo, sino que debe descender, mediante su investigación al alma de aquel hombre. Y cucando se dice alma o espíritu o psiquis, como hoy prefiere la gente culta, se alude a una región misteriosa de la cual no conseguir hablar sino mediante metáforas. Es necesario ir con cautela en la investigación en ese terreno. El peligro más grave es el de atribuir a otro el alma nuestra o sea el de juzgar lo que él ha sentido, comprendido, querido, según lo que nosotros sentimos, comprendemos, queremos. Ciertamente, no se puede juzgar de la intención más que a través de la acción, o sea de lo que el hombre hace. Pero de “todo lo que hace”, no de una parte solamente. La acción del hombre no es el acto singular, sino todos sus actos en conjunto. Aquí el concepto que nos puede orientar es el del “individuo”, precisamente porque expresa la idea de la indivisibilidad; individuo no quiere decir otra cosa que indivisible. Un hombre se denomina individuo para significar en una palabra, que no se puede hacer su historia a trozos. Lo que el hombre ha querido no se puede conocer sino a través de lo que el hombre es; y lo que el hombre es se conoce solamente de toda su historia. El “yo” de cada uno de nosotros es un centro al cual se refieren y en el cual se unifican todos nuestros actos, cada uno de nuestros actos se relaciona con este principio. Físicamente el acto puede ser considerado en sí; psicológicamente, no. La voluntad de un acto es el principio; y el principio no se encuentra sino al final de la historia del hombre. Esto quiere decir, en una palabra, que cuando el juez ha reconstruido un hecho no ha recorrido más que la primea etapa del camino, más allá de esta etapa el camino pros igue, porque le queda por conocer la vida entera del imputado (páginas 55 y 56). Y todav ía hay mucho más, y ciertamente de trascendental substancia, en la monografía de Carnelutti, que para no extenderme me abstengo de transcribir, limitándome a afirmar que la lectura de esa obra, una verdadera joya, es necesidad imperiosa para todo abogado y con mayor razón si desempeña un cargo judicial. Las sentencias que motivan esta presentación han olvidado el siguiente pensamiento básico y elemental de Carnelutti: . . . el hombre . . . es . . . la razón y la función del derecho (página 12). Finalizo con esta reflexión. Toda sentencia debe expresar en forma sencilla las ideas que la inspiran y ser accesible al entendimiento de aquellos a quienes afecta. Pues en el caso sucede que al día de hoy Buzatto y Gómez se preguntan ¿cuál es la razón por la que nosotros, modestos agentes policiales, estamos en la situación en que nos encontramos? ¿qué hicimos el 24 -11- 76, o sea apenas ocho meses desde la toma del poder por parte de una junta militar, como para merecer el calvario al que estamos sometidos y para peor con lúgubres perspectivas? Estas y muchas otras preguntas se hacen tanto Buzatto y Gómez cuanto sus familias, y no sólo las sentencias de primera instancia y de la sala III no dan respuesta, sino que tampoco logran que alguien pueda darles una contestación. V. Prueba. (i ) Para acreditar lo expuesto en esta presentación basta con tener a la vista la causa número 21/13/TO1, en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Plata número 2 caratulada Muñoz, Pedro Raúl y otros sobre infracción artículos 144bis, 144ter y 80 del Código Penal en la que se encuentran las resoluciones de la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a través de las cuales se confirmaron los procesamientos de Néstor Ramón Buzatto y de Cecilio Reinaldo Gómez
(ii ) A fin de facilitar la tarea del Consejo de la Magistratura acompaño copia simple de esos pronunciamientos de primera instancia del 02-09-13 y de segunda instancia del 17-12-13, referidos al caso de Buzatto, que no difieren substancialmente de los correspondientes a su consorte en desgracia Gómez. (iii ) Aclaro que: (a ) la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en el caso de Néstor Ramón Buzatto no la firmó el doctor Carlos Alberto Vallefín sino sólo los doctores Carlos Norberto Nogueira y Antonio Pacillo; y (b ) no he podido confirmar si la de ese tribunal en el caso de Cecilio Reinaldo Gómez la firmó o no el doctor Carlos Alberto Vallefin. Obviamente, si al igual que en el caso de Buzatto, el doctor Vallefin no firmó en el caso de Gómez, queda excluido de esta denuncia. VI. Urgencia. Pido que con la premura que demanda el patético caso de Buzatto y Gómez, con fundamento en el inciso 5° del artículo 114 y en el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Nacional , pido se disponga la suspensión de los jueces Nogueira, Pacilio y Vallefín y la apertura del procedimiento de su remoción. V. Petitorio. Solicito: (i ) Se tenga por interpuesta esta denuncia. (ii ) De conformidad con el inciso 15 del artículo 7° y los artículos 25 y siguientes de la ley 24.937/97, prev io dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación se disponga la apertura del procedimiento de remoción de los jueces de la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Norberto Nogueira, Antonio Pacilio y Carlos Alberto Vallefín , resolviéndose eventualmente su remoción.                SERÁ JUSTICIA.-

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