Hola Rodolfomas.

Buenas noticias para los trabajadores que están al día con sus impuestos y que este mes cobran el medio aguinaldo: si están exentos del impuesto a los bienes personales -este año tendrá un piso de 800.000 pesos-, no pagarán Ganancias .
Éste es uno de los puntos más novedosos del acuerdo al que arribaron ayer el oficialismo y buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados en torno al megaproyecto del Gobierno que dispone el pago de las deudas a los jubilados y un blanqueo de capitales. Propuesta por el diputado Sergio Massa (Frente Renovador), la exención del pago de Ganancias para este medio aguinaldo a trabajadores que no tributan Bienes Personales fue una de las más de veinte modificaciones que el oficialismo aceptó incorporar en el proyecto original del Poder Ejecutivo. El acuerdo con la oposición incluye, además, la no eliminación del impuesto a los bienes personales hasta que se lo reemplace con un tributo a la riqueza (el proyecto original del Gobierno establecía su desaparición dentro de tres años).                                     Por otra parte, se imponen severas restricciones a la venta de las acciones de la Anses, que nutren el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.                                                                                                     Además, se ratificó que quedarán excluidos del blanqueo de capitales los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con gobernadores e intendentes. Todos estos puntos acordados se cristalizaron en un dictamen de mayoría de las comisiones de Previsión y de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Lo suscribieron el oficialismo; el Frente Renovador, que conduce Massa, y el Bloque Justicialista -con disidencias parciales-, que tiene a Diego Bossio como portavoz.                                       El Frente Amplio Progresista (FAP) también anticipó su voto positivo en general, aunque rechazará el capítulo referido al blanqueo. La iniciativa se discutirá el miércoles que viene en el recinto, y todo indica que la media sanción se aprobará con una mayoría abrumadora.                                                               El Frente para la Victoria (FPV), que tuvo como voz cantante al ex ministro de Economía Axel Kicillof, presentó un dictamen en minoría. En sintonía con la carta que publicó la ex presidenta Cristina Kirchner (ver aparte), Kicillof denunció que el blanqueo que propone el oficialismo es, en realidad, "una amnistía" para los funcionarios y empresarios involucrados en el escándalo de los Panamá Papers (causa judicial en la que también se investiga al presidente Mauricio Macri) y en la investigación por las más de 4000 cuentas en paraísos fiscales del banco HSBC.
También firmaron dictámenes en minoría el diputado aliado al kirchnerismo Carlos Heller y los bloques de Libres del Sur y de la izquierda. "Estamos ante un acuerdo nacional del capitalismo offshore para amnistiar a los vaciadores del país", acusó Néstor Pitrola (Partido Obrero).
Para el oficialismo, arribar a este acuerdo tan amplio significa todo un logro.                                           Para ello debió conceder numerosos cambios frente a dos interlocutores que de esta materia saben, y bastante: tanto Massa como Bossio fueron jefes de la Anses durante el gobierno kirchnerista.
"Lo de eximir del pago de Ganancias al medio aguinaldo que se cobrará este mes es un avance. Acordamos que sea sólo para aquellos trabajadores que estén fuera del impuesto a los bienes personales, que serán muchos, ya que esta nueva ley subirá a 800.000 pesos el piso a partir del cual se tributa", exaltó Massa, en diálogo con LA NACION.
"Es un premio que beneficiará a los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con el pago de sus impuestos", explicó el diputado Luciano Laspina (Pro), presidente de la Comisión de Presupuesto.
El megaproyecto en cuestión es por demás complejo pues incluye varios capítulos muy disímiles entre sí. Uno de ellos establece el pago de las deudas del Estado con los jubilados por haberes mal cobrados, tengan o no sentencias firmes. También, el reajuste a futuro de los haberes según los criterios establecidos por la Corte Suprema. El Gobierno estima que beneficiará a poco más de dos millones de jubilados. En este capítulo se incorporaron importantes modificaciones.                                                 Entre ellas son: El jubilado que cuenta con una sentencia firme en su pleito con el Estado por haberes mal cobrados podrán acogerse al programa de Reparación Histórica que propone el Gobierno con esta ley, o bien cobrar su sentencia tal como fija el fallo en su favor, sin dilaciones ni quitas.                             El programa del Gobierno establece el pago del 50% de los retroactivos y el resto en cuotas ajustadas. Pensión a la vejez: se prorrogará, sólo para las mujeres, la moratoria vigente desde el gobierno kirchnerista que permite a los trabajadores que no hicieron los aportes suficientes para obtener una jubilación. La mujer podrá optar entre acceder a esta jubilación a los 60 años vía moratoria (pagando los aportes correspondientes) o bien acceder a una pensión pero recién a los 65 años.                                   Esta pensión también le corresponde a los hombres de más de 65 años que no hicieron aportes.           Venta de acciones: las acciones que la Anses tiene en empresas privadas conforman el 9% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy cuenta con 750.000 millones de pesos.                                     Este FGS genera utilidades por 110.000 millones anuales. Todos estos recursos servirán para financiar el pago de las deudas a los jubilados y el reajuste de sus haberes con los criterios de la Corte.                 La oposición, en bloque, se resistía a que el Estado venda las acciones de la Anses de manera indiscriminada.                                                                                                                                               El oficialismo aceptó el reclamo y fijó que las tenencias accionarias de la Anses no deberán ser inferiores al 7%.                                                                                                                                                             Sólo en los casos de oferta pública de adquisición (OPA), canje de acciones en el marco de procesos de fusión empresaria o si el Congreso lo autoriza, el Estado podrá perforar hacia abajo ese porcentaje.         En materia de blanqueo, se establece que los fondos recaudados tendrán asignación específica a la Anses (no a gastos corrientes).                                                                                                             Además, el Gobierno accedió a que la Nación cubra los déficits de las cajas provinciales que no fueron transferidas.