LA JUSTICIA K SIGUE ENTERRANDO A NISMAN.     Por :   JULIO BLANCK.

La procuradora general Alejandra Gils Carbó tendrá en sus manos, desde mañana, la posibilidad de mantener enterrada la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman. Si lo hace, continuará con la línea de acción seguida por el sector de la Justicia obediente a las órdenes y necesidades del kirchnerismo.

Gils Carbó está habilitada para desistir el recurso directo que presentará ante la Corte Suprema el fiscal general de la Cámara del Crimen porteña, Ricardo Sáenz. Pedirá que el caso sea investigado por la Justicia federal, en tanto están involucrados funcionarios del Gobierno anterior incluyendo a la ex presidenta Cristina Kirchner. Si la procuradora bloquea el recurso de Sáenz, la Corte Suprema podría quedar técnicamente impedida de considerar esa petición.

El fiscal Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero en enero de 2015, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces Presidenta por encubrir a ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA que costó 85 muertos.

El fuero criminal ordinario, donde está radicada la causa, fue el escenario donde desde el comienzo se buscó hundir la muerte de Nisman. Durante un año, la hoy jubilada fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini dejaron la investigación exactamente donde había empezado. Ni siquiera llegaron a determinar si fue homicidio o suicidio. Una maniobra perfecta para que todo quedase oculto y oscuro.

El fiscal Sáenz dirá en su escrito a la Corte que Nisman representa un caso de “muerte violenta de carácter político”. Y basa su pedido de pase a la Justicia federal en que la jueza Palmaghini ordenó hace tres semanas que se investiguen posibles cruces telefónicos de Cristina con ex funcionarios, en los días anteriores y posteriores a la muerte de Nisman.

Harán una presentación similar ante la Corte las dos querellas del caso: las hijas de Nisman representadas por su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado; y la madre de Nisman, patrocinada por el abogado Pablo Lanusse.

La procuradora Gils Carbó es la pieza fundamental del artefacto de resistencia y entorpecimiento que el kirchnerismo dejó sembrado en la Justicia, antes de abandonar el poder obligado por la decisión inapelable del voto popular.

En ese batallón militante se inscriben camaristas, jueces y fiscales. En todas estas instancias hubo acciones orientadas a desviar y frenar tanto el caso por la muerte de Nisman, como la denuncia de encubrimiento contra la ex presidenta, su canciller Héctor Timerman y otros dirigentes y allegados, beneficiarios del poder kirchnerista.

En diciembre la jueza Palmaghini había separado a la fiscal Fein de la causa y ordenó decenas de medidas de prueba. A comienzos de marzo le tomó declaración al ex jefe de espías Jaime Stiuso. El hombre declaró que a Nisman lo había matado “un grupo relacionado” con el gobierno de Cristina.

De inmediato Palmaghini mandó el caso a la Justicia federal. La Cámara del Crimen lo aprobó el 22 de marzo. En abril asignaron el expediente al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano. Pero la defensa de Diego Lagomarsino, el colaborador que dijo haberle prestado a Nisman el arma con que se disparó el balazo mortal, apeló el cambio de jurisdiscción.

En junio la Cámara de Casación porteña aceptó el reclamo y devolvió el caso a la Justicia ordinaria.

Entre los tres firmantes de esa resolución estuvo María Laura Garrigós de Rébori, titular de esa Cámara y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Otro miembro de Justicia Legítima, con cargo de vocal en esa organización, es Javier De Luca. Como fiscal de la Cámara de Casación fue quien el año pasado bloqueó el pedido del fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, para que se reabriera la investigación de la denuncia de Nisman contra Cristina, que ya había sido desestimada de manera fulminante por el juez federal Daniel Rafecas.

Para que De Luca pudiese cumplir con la misión encomendada fue precisa la estratégica demora de una sala de la Cámara Federal. Es la que integran Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Moldes presentó su apelación en los últimos días de marzo de 2015. Avisó que se apuraba porque “no quiero caer en una maniobra de sincronización de tiempos que haga que cuando mi recurso llegue a Casación me esté esperando con los brazos abiertos un fiscal militante de Justicia Legítima”.

Eso fue lo que sucedió. Cuando el 15 de abril los camaristas mandaron la apelación de Moldes a Casación, que es el máximo tribunal penal del país, justo entraba de turno el fiscal De Luca. La demora se había sostenido incluso con una breve licencia del camarista Freiler por problemas estomacales. El 20 de abril del año pasado De Luca rechazó continuar la investigación contra Cristina. La diputada Elisa Carrió lo trató de “cómplice de un asesinato”.

Este año la dinámica de la denuncia de Nisman y su inmediata muerte comenzó a cambiar. Influyeron la pérdida de poder y control judicial por parte del kirchnerismo y el impulso social que despertó a una Justicia que en demasiadas instancias había permanecido temerosa o dormida.

Dato clave del cambio es que la DAIA, representación política de la comunidad judía, decidió presentarse como querellante en la causa por la denuncia de encubrimiento a Cristina en el atentado a la AMIA, la mutual de la colectividad. Lo hizo con la firma de su titular, Ariel Cohen Sabban, quien solicitó al juez Rafecas la reapartura de la causa. La DAIA pidió ser querellante el 2 de agosto pasado. Apenas tres días después Rafecas rechazó a la vez ese pedido y el de reapertura de la causa.

El ex vicepresidente de la DAIA y actual diputado por el PRO, Waldo Wolf, declaró: “El fallo de Rafecas nos hace sentir que se profundiza la impunidad”.

Según la resolución del juez no existen nuevos elementos que permitan la reapertura de la denuncia. Ratificó así su resolución del año pasado en el mismo sentido. La base de esa decisión de Rafecas había sido un dictamen de la Procuración del Tesoro que encabezaba entonces Angelina Abbona. Se trata de una abogada que de funcionaria de Cristina pasó a revistar ahora en el gobierno de Santa Cruz que encabeza Alicia Kirchner.

La participación de la Procuración del Tesoro motivó una dura denuncia del fiscal Moldes contra Abbona, basada en que ese organismo tiene como misión defender al Estado pero no a sus funcionarios. Justo eso es lo que había hecho Abbona: elaborar un dictamen que diera argumentos para salvar a Cristina y Timerman de la acusación por haber firmado un pacto con Irán que implicaba encubrimiento en el caso AMIA.

Revelaciones hechas en el programa de Jorge Lanata, que serán ampliadas, muestran cómo operaron los abogados del Estado liderados por Abbona para proteger a la entonces Presidenta. Correos electrónicos entre ex funcionarios revelarían la coordinación de tareas con ese fin ilegal.

En diez días los camaristas Freiler y Ballestero recibirá la apelación de la DAIA para que reabra la denuncia de Nisman que Rafecas cerró dos veces sin tomar una sola medida de prueba. A su vez, el fiscal Moldes pedirá la nulidad de la decisión original de esos camaristas respaldando la posición del juez. A partir de ese día serán Freiler y Ballestero quienes podrán rechazar esos recursos y seguir enterrando a Nisman.

Pero la estrategia defensiva de Cristina está amenazada desde varios frentes.

El juez federal Claudio Bonadio avanza con una causa por traición a la Patria contra Timerman, por las mismas razones en las que se basó Nisman para acusar a Cristina por el pacto con Irán.

Familiares de dos personas muertas en el atentado a la AMIA son las querellantes en este nuevo caso.

El fiscal Eduardo Taiano pidió a Bonadio medidas de prueba similares a las que su colega Gerardo Pollicita solicitó sin éxito al juez Rafecas.

Si Bonadio y Taiano avanzan, la causa que ellos tienen podría absorber la que Rafecas cerró dos veces y también incluir a Cristina.

El fiscal Moldes ya pidió investigar si la denuncia de Nisman contra Cristina no implica también el delito de traición a la Patria.

La diputada Carrió, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias, reclamó que la comunidad apoye el juicio político a Rafecas.

Un peritaje psicológico pedido por la jueza Palmaghini concluyó hace cinco días en que Nisman “no sufría un sindrome autodestructivo”.

El fiscal Eduardo Rosende, que reemplaza a la fiscal Fein, acaba de solicitar la reconstrucción detallada del momento de la muerte de Nisman.

La comisión bicameral de control de los organismos de seguridad, que preside Sergio Massa, aceptó una propuesta del diputado Wolf y decidió citar a “todas las personas involucradas en la responsabilidad de la seguridad interior” la noche en que Nisman apareció muerto.

El gobierno de Mauricio Macri se limita a contemplar este proceso, que está apuntado a desentrañar cuestiones de inédita gravedad institucional.

Los que empujan en dirección a la verdad dicen simplemente:                                            “Queremos evitar que Nisman vuelva a morir”.

buendianoticia.com