Este Protocolo, firmado por la Argentina y otros 27 países en Madrid el 4 de octubre de 1991, es un instrumento clave para la protección medioambiental en la Antártida, en el cual se establecen mecanismos destinados a regular actividades y a minimizar cualquier tipo de impacto humano sobre el continente antártico, declarado como "reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia".