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Peligroso: Presentan proyecto para regular alquileres en la Ciudad .                         Positivo: Las operaciones inmobiliarias en la Ciudad crecieron un 39,7% en mayo.

Organizaciones vinculadas a los inquilinos junto al Ministerio Público de la Defensa porteño, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad que busca “establecer las condiciones de acceso a la vivienda en condición de alquiler”.
La iniciativa, promovida por la diputada María Rosa Muiños, fue elaborada en conjunto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según se informó, el proyecto se “focaliza especialmente en las barreras de ingreso al alquiler, y es un aporte colectivo para generar condiciones más justas en la relación entre locador y locatario para garantizar una mayor protección estatal de los inquilinos frente al abuso del mercado inmobiliario”.

La propuesta contempla “eximir totalmente del pago de comisión inmobiliaria a los inquilinos”, y establece un tope del 4,15 por ciento del monto total del contrato sobre lo que se cobre a los propietarios.

Además, crea oficinas de asesoramiento y atención al público en cada Comuna, que a su vez certificarán en forma gratuita las firmas de los contratos de alquiler, y prevé que se entreguen también gratis los informes de dominio que se soliciten para la celebración de contratos de locación.

Asimismo, establece que “las negativas a alquilar un inmueble por factores como etnia, nacionalidad, religión, sexo, ocupación o composición familiar” y “la exigencia de que las garantías sean de un familiar directo” son “actos discriminatorios en el marco de las leyes locales y nacionales que los sancionan”.

Por último, propone un modelo de contrato de alquiler de referencia “que elimina las cláusulas abusivas en perjuicio de los inquilinos, que suelen incluir los contratos tipo que proponen las inmobiliarias, y se incluye la obligación del Poder Ejecutivo de establecer un sistema de difusión e incentivos para que ese modelo sea utilizado”.