El respectivo proceso de negociación, habría comenzado el 25 de septiembre de 2012, cuando la presidente Fernández de Kirchner anunció de modo sorpresivo en las Naciones Unidas que había instruido a su canciller Héctor Timerman para que inicie un procedimiento de negociación con la República Islámica de Irán en torno al caso AMIA.(fs.210).

Cabe destacar que resulta impecable la reconstrucción de los hechos que precedieron a la firma del “acuerdo político”, sugerido por Noble, director general de Interpol, que transcurrieron al margen de la cancillería, pero implicando a algunos de sus funcionarios y narrados con precisión en la sentencia o mejor dicho resolución interlocutoria dictada por el Dr. Bonadío. Este modo de actuar paralelamente al margen del ordenamiento político administrativo, fue una constante en los gobiernos “K”.

Ese memorándum tiene un contenido absolutamente ilegal e inconstitucional, que hace inexplicable que el Congreso lo haya convertido en ley.

La “comisión de la verdad” significa desplazar la investigación hecha por jueces argentinos, cuya finalidad como lo dicen los códigos procesales penales es “llegar a la verdad”. Es cierto la negativa de la República Islámica de Irán a cumplir con las extradición pedida por un juez argentino, crea una presunción en su contra, pero el llamado a prestar declaración indagatoria, es un acto de defensa, de donde los propios imputados se negaron a ejercer su derecho de defensa.

La “comisión de la verdad” debía recibir por parte de los dos gobiernos, argentino e iraní “…la evidencia e información que se posee sobre la causa Amia….y los comisionados llevarían adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados…”. (sic)

La comisión luego “…de haber analizado la información recibida de ambas partes y efectuado consultas con las partes e individuos (¿?)… expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras”.

El art. 5 es groseramente nulo ya que la comisión junto con autoridades judiciales argentinas e iraníes “…se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja…”. En verdad la notificación fue consecuencia de un pedido hecho por un Juez de la Nación.

Pues bien este Memorando fue convertido en la Ley N°26.843 que luego fuera declarada inconstitucional por el poder judicial argentino.                                                                                                                            Antes de continuar podemos afirmar que la Ley N°26.843 vulnera varios artículos de la constitución nacional;                                                                                                                                                                   

Veamos: El art. 16 que no Admite prerrogativas de ningún tipo ni fueron personales, como parecería serlo la comisión de la Verdad.

El articulo 18 en cuanto dispone que nadie pueda ser juzgado por comisiones especiales o sacadas de los jueces naturales y garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Esta garantía es válida tanto para el imputado como para la víctima, de donde los afectados por el atentado se verían excluidos del derecho de acudir a un juez de la nación para que investigue la verdad y en su caso establezca las responsabilidades y culpas del caso.

El artículo 29 de la constitución fulminan con la sanción de “nulidad insanable” a los actos que significan otorgar sumisiones o supremacías por los que “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna” y quienes formulan este tipo de actos, como la ley 26843, quedaran sujetos a la responsabilidad y pena “…de los infames traidores a la patria”.

Es esta norma de la Constitución la que penaliza no solo a los autores del Memorando sino a los que sancionaron y aprobaron la Ley N°26.843.                                                                        No se llega a la figura de la “traición a la patria” por el hecho que el estado islámico de Irán haya realizado un acto beligerante contra la nación y la República argentina, se llega por la vía del art. 29 de la Constitución Nacional.                                                                                                                  No era por la vía del art. 119 de la Constitución que debía llegarse a esta grave figura penal, tipificada en la propia Constitución Nacional ya que nunca hubo estado de beligerancia con el estado de Irán ni nunca se rompieron las relaciones diplomáticas. Podría ser que las relaciones fueran frías o mínimas, se mantenían a través del nivel de “encargados de negocios” (fs. 340) de la sentencia) pero jamás la Argentina hizo una declaración al respecto, por tanto mal puede afirmarse que ese memorando, convertido en ley, implicó un acto a favor o en beneficio de “enemigos”, en todo caso lo fue de “prófugos”.                                                                                                                                                        Por otra parte como el juicio no han podido continuar por la negativa de los imputados a presentarse ante los jueces argentinos, lo que existe procesalmente son presunciones, pero no hay cosa juzgada que establezca la responsabilidad de un Estado extranjero.

La respuesta al título de la nota es “SI”, pero violación al artículo 29 de la Constitución Nacional, por ello también deberían ser procesados todos los legisladores que votaron a favor el proyecto del Poder Ejecutivo que finalizó en la Ley N°26.843.

La situación de Cristina Fernandez de Kirchner es muy especial, ella envío el proyecto de ley insanablemente nulo y logró su aprobación y promulgó la ley y en consecuencia dio principio de ejecución el Memorando de entendimiento.

Su participación fue necesaria y decisiva en la sanción de una ley que creó supremacías en beneficio de imputados por el Poder judicial argentino, sustraídos a la acción de los jueces naturales y que menoscabó y perjudicó el honor de las víctimas para obtener una sentencia judicial reparatoria siendo privados además de la garantía al debido proceso.

Por ese motivo en la votación del Senado, deberían excluirse y excusarse al considerar el desaforo, quienes votaron favor la Ley N°26.843, por estar interesados en la cuestión, fueron participes necesarios.

La señora Cristina Fernandez de Kirchner debería ser suspendida hasta que haya sentencia en la causa que tramita el Dr. Bonadío ya que su acción y participación podría calificarse como “infamante”, es decir deshonrosa. No sería aplicable la doctrina ”de la cosa juzgada”, ya que en los precedentes, como el del Dr. Menem, no se refieren a hechos con penas infamantes, sino a delitos tipificados en el código penal.                                                                                                        La ex presidente juró por el cumplimiento de la Constitución que ha violado.

Transcribe el Juez Bonadío la siguiente expresión de Fernández de Kirchner “…tengan la certeza de que esta Presidenta no va a tomar ninguna resolución respecto de ninguna propuesta que le sea formulada, sin consultar PREVIAMENTE con quienes han sido las víctimas directas de esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas políticas con representación parlamentaria en mi país, porque esto no lo puede decidir una sola fuerza política…”(fs. 335).

Esta declaración virtualmente reconoce su plena autoría intelectual en el contenido del Memorando y en la sanción de la Ley N°26.843 y a la vez la plena conciencia que se estaba promoviendo un acto jurídico insanablemente nulo.

Es ilustrativa para establecer la responsabilidad penal constitucional de la ex Presidente y los legisladores que votaron la Ley N°26.843 la declaración del ex diputado Jorge Yoma que se transcribe a fs. 336 de la sentencia: “…Sólo se contaba con la orden del Poder Ejecutivo y el texto del memorándum, es decir, en aquellos tiempos era una práctica muy común del bloque oficialista votar a libro cerrado las instrucciones del Poder Ejecutivo. Quiero aclarar que cuando le requerí al bloque más información, me contestaron que era una orden de la presidenta…”.                                                             Cabe presumir que la Cámara confirmará el procesamiento de los imputados, pero con otros fundamentos, a partir de lo dispuesto pro el art. 29 de la Constitución Nacional.

Por la naturaleza y particularidad de la cuestión y respeto a la República y a la ciudadanía, los senadores que hayan votado positivamente la Ley N°26.843 deberían excusarse de participar en la decisión sobre el desaforo pedido por el Dr. Bonadío, de la senadora Cristina F de Kirchner y debería ser suspendida hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa.