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22 de marzo de 2018

El Gobierno comenzó a pagar la ayuda escolar a casi 6,5 millones de niños y adolescentes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar la asignación por ayuda escolar anual a casi 6,5 millones de niños y adolescentes por un monto global de más de 8 mil millones de pesos.

El Gobierno comenzó a pagar la ayuda escolar                                  a casi 6,5 millones de niños y adolescentes.                                       Por : Bernardo Gonçalves Borrega. Periodista acreditado.  Corresponsal en Casa de Gobierno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar la asignación por ayuda escolar anual a casi 6,5 millones de niños y adolescentes por un monto global de más de 8 mil millones de pesos.
Del total, 3.154.358 son hijos de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas; 2.686.240 de titulares de la Asignación Universal por Hijo; 587.716 a cargo de jubilados y pensionados y 45.572 de titulares de la Prestación por Desempleo.
El monto percibido es de 1250 pesos y lo cobran las familias cuyo ingreso grupal no supere los 94.786 pesos en el año y el ingreso individual no sea de más de 47.393 pesos.
El pago corresponde a los titulares de niños de 45 días a 18 años de edad que concurran a un establecimiento educativo nacional, provincial, municipal o privado (subvencionado o no) incorporado a la enseñanza oficial y obligatoria en el que se imparta educación inicial, primaria o general básica, educación secundaria o polimodal.
Quienes no hayan percibido la prestación en forma automática deberán solicitarla ante el organismo previsional presentando el Formulario PS 2.68 – Acreditación de Escolaridad/Escolaridad Especial/Formación.
También les corresponde el pago a las personas con discapacidad cuando concurran a establecimientos donde se dicte enseñanza diferencial, talleres protegidos o instituciones de formación laboral que ayuden al desarrollo e inserción social.
Además quienes reciban enseñanza de maestros particulares que posean matrícula habilitante o concurran a establecimientos públicos o privados controlados por la autoridad competente en los que se presten servicios de rehabilitación.

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