:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/grupoclarin/ASFEXLZHD5FF5K3RDHS43VBZAQ.webp)
PARA AYUDAR A CHOCOLATE RIGAU CUANDO ESTABA PRESO.
:quality(70)/s3.amazonaws.com/arc-authors/lanacionar/2749023.png)
Hugo Alconada Mon
El electricista Julio «Chocolate» Rigau ubicó a una veintena de familiares y amigos en empleos públicos.
Julio Segundo “Chocolate” Rigau colocó a su esposa dentro de la Legislatura bonaerense.
Y a tres hijos.
Y también a una nuera.
Y a dos nietas.
Y a un consuegro.
Y a seis vecinos de su barrio.
Y a varios militantes.
Y la lista sigue.
Porque también ubicó a otros familiares en la Municipalidad de La Plata.
A los 65 años, el electricista que sólo terminó la escuela primaria puede sentirse orgulloso.
Su militancia se tradujo en empleo público para una veintena de familiares y amigos, y protección política para sí y los suyos ante su detención y los prontuarios de dos hijos, según reconstruyó LA NACION, a partir de documentos oficiales y fuentes nacionales, provinciales y comunales al tanto de lo ocurrido.
Varios de esos familiares y vecinos figuran entre aquellos que le entregaron sus tarjetas de débito a Rigau.
Son empleados que trabajan para varios bloques: Frente de Todos y Frente Renovador, en su mayoría, pero también Juntos por el Cambio.
Y todos declararon en tribunales que lo hicieron voluntariamente porque “Chocolate” les hacía el favor de retirarles dinero, fines de semana incluidos, como el sábado 9 de septiembre, cuando lo detuvieron, aunque la Fiscalía sospechaba que varios eran “ñoquis” que prestaban su nombre a cambio de obra social y aportes jubilatorios, quedando sus salarios para engordar una “caja” para enriquecimiento de políticos o financiamiento electoral.
Pero la lista es mayor. Rigau colocó dentro del sector público a varios militantes del peronismo bonaerense.
Y también ubicó a los suyos dentro de la Municipalidad de La Plata.
Entre ellos, a sus hijos Cristian –que además de trabajar, en teoría, en la comuna y en la Legislatura, figura como empleado en Supermercados Nini- y Maximiliano –que junto a sus empleos público aparece en simultáneo trabajando para la firma Pestarino SA-, del mismo modo que Lorena Valdata también se desempeña en la Municipalidad, donde también trabajó Cecilia Valdata hasta que falleció en 2020 en un incidente vial.
El logro de los Rigau resulta notable. Entre otros motivos, porque Cristian y Maximiliano arrastran problemas penales.
El primero afrontó en 2002 una causa por tenencia de armas y munición de guerra ante la UFI 13 de La Plata, según pudo reconstruir LA NACION, en tanto que la señal de noticias TN detalló que también afrontó cargos por robo calificado, abuso de armas y violación de domicilio.
Fue condenado y en 2007 accedió a la libertad condicional. Pero eso no le impidió acceder a empleos públicos. Y algo más: en el legajo laboral que recibió la Justicia consta que ingresó el 3 de enero de 2014 a la Legislatura bonaerense y ocho meses después firmó un formulario en el que, bajo juramento, afirmó no ocupar otro cargo, ni tener otro empleo, público o privado.
Su hermano Maximiliano también arrastra una causa penal. En 2017 fue denunciado por lesiones agravadas por el vínculo, en el contexto de violencia de género, por lo que podía afrontar una pena de seis meses a dos años de prisión, según indicaron fuentes judiciales a LA NACION, mientras que TN indicó que el juicio no se concretó porque el acusado no se habría presentado a la audiencia. Y en el legajo laboral que recibió la Justicia consta que ingresó en mayo de 2020 a la Legislatura, aunque firmó el formulario y juró que no ocupaba otro cargo, ni tener otro empleo, público o privado, en enero de 2022.
El dato no es menor. Para ingresar a un empleo en la Legislatura, por ejemplo, se exige –en teoría- cumplir con algunos requisitos y presentar –en teoría- múltiples documentos; entre ellos, un certificado de antecedentes penales que debieron gestionar muchísimos empleados. Debieron acudir, ellos mismos, a una delegación del Ministerio de Justicia de la Avenida 13 entre 34 y 35 de La Plata, al igual que todos los contratados, que debían gestionarlo y presentarlo cada año. Eso cambió tras la pandemia, cuando la Legislatura se encargó de requerir esos certificados por sí misma.
La pregunta es quién o quiénes cobijan y protegen a Rigau y, al mismo tiempo, se benefician con sus servicios.
¿Quién intercedió por él mientras estuvo detenido?
¿Quién le franqueó el ingreso a la Legislatura y a la Municipalidad de todos sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de militancia?
Porque por cada nombramiento, un legislador o un bloque debe enviar una nota al área administrativa precisando qué persona quiere contratar, por cuántos “módulos” y en qué condiciones. Y por encima de eso, ¿quién lo protege y potencia?
Operador del massismo .
Esa trama de conexiones, cabe aclarar, es distinta a la de Raúl “Cabezón” Pérez, otra referencia histórica del massismo en la Legislatura bonaerense, devenido hoy en uno de los máximos operadores de Massa en su sueño presidencial.
“Pérez es más prolijo para esas lides que Albini.
Para eso lo tiene a su primo, Néstor ‘Pochi’ Méndez”, indicó a LA NACION una fuente que hace décadas fatiga la Legislatura y conoce a todos los mencionados.
Con una salvedad: todos lo señalan al “Cabezón” Pérez como factor insoslayable para entender el fallo de la Cámara Penal que anuló la investigación y liberó a “Chocolate” Rigau.
Pero la lista de dueños de tarjetas de débito que “Chocolate” tenía en sus manos al ser detenido ahonda en la conexión Albini. .
Entre otros motivos, porque en esa lista también figura Agata Plana, pareja de Facundo Muñoz (de la Asociación Mutual de Trabajadores del Estado –AMTE- e hijo del fallecido Juan José “Tuerto” Muñoz), quien sumó porotos políticos en el massismo con “Suma”, una agrupación en la que también participó Facundo Albini.
Otro de los que aparecen en esa lista es Daniel Mederos. A los 63 años y habiendo ingresado a La Legislatura en 2004, no logró dar el nombre de un solo empleado con quien trabaja allí o de un jefe cuando debió declarar ante la Justicia. Pero sí confirmó que conoce a Rigau, a quien le entregó su tarjeta de débito.
Con un salario neto de $540.000 le preguntaron cómo era su jornada laboral. ¿Respuesta? “No tengo horarios. He tenido días que trabajo 12 horas, otros días dos horas y algunos que no trabajo”, pero luego tampoco logró mencionar por su nombre a ningún interlocutor en la Cámara, con la excepción de uno. “He oído hablar de Claudio Albini”, dijo. “Se que existe ahí como directivo, pero no tengo trato; no lo conozco”.
En ese contexto, los diputados provinciales Guillermo Kane y Laura Cano, del Frente de Izquierda, reclamaron a las autoridades de la Cámara -tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio- que se haga un balance y memoria contable de la ejecución presupuestaria de este año. También pidieron se informe al público cuántos nombramientos de personal se registraron durante 2022 y 2023, dónde cumplen funciones, a pedido de quiénes y cuánto ganan, entre otros datos. Cosecharon silencio.