Autopistas del Sol maneja la Panamericana y la General Paz. Foto Juano Tesone
La española Abertis, dueña de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, las concesionarias de los dos accesos a la Capital, presentó una denuncia contra la Argentina ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial donde se resuelven controversias entre empresas y países.
El grupo, que viene batallando contra el Gobierno, presentó el martes una solicitud formal de arbitraje para que Argentina respete la renegociación del contrato firmada por la administración de Mauricio Macri en 2018, que el Gobierno de Alberto Fernández busca anular, publicó el diario español El País.
Al grupo español lo representan el bufete de abogados neoyorquino Freshfields Bruckhaus Deringer y el argentino Marval, O’Farrell & Mairal, mientras que Argentina se defiende a través de la Procuración del Tesoro.
Grupo Concesionario del Oeste gestiona la autopista entre Buenos Aires y Luján (56 kilómetros), y Ausol es titular de la concesión de 119 kilómetros del acceso Norte -la autopista Panamericana— y del mantenimiento de la General Paz.
Abertis ya había recurrido a un tribunal internacional cuando en octubre del año pasado hizo un pedido de emergencia ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para que Argentina se abstenga de avanzar en el proceso de anulación del contrato de las autopistas.
En ese momento, la compañía española obtuvo una “medida interina” que frenó las intenciones del Poder Ejecutivo de poner fin al contrato de concesión.
Según ahora publica El País, «aunque esa decisión fue notificada al Estado argentino, el Gobierno de Alberto Fernández decidió ignorarla. Las concesionarias presentaron entonces una solicitud de arbitraje ante la CCI cada una pidiendo que se reconociese la validez del acuerdo renegociado y que se condenase a Argentina a cumplirlo y a pagar las cantidades adeudadas».
Por su parte, Argentina hizo a fines del año pasado una presentación (”extemporánea”, a juicio de Abertis) solicitando el cese de las actuaciones arbitrales y poniendo objeciones al árbitro designado por las concesionarias en cada caso. Ahora la presentación ante el Ciadi no toma por sorpresa al Gobierno: Abertis envió una carta al Presidente y al ministro de Economía, de Obras Públicas, a Cancillería y al embajador argentino en España en noviembre para notificar la existencia de una controversia en el marco del tratado de protección de inversiones que ambos países firmaron en 1991. «Con ello, se daba inicio al período de negociación amigable previsto en dicho tratado, que ha terminado sin acuerdo«, advierte El País.
Es la segunda vez que Abertis va al Ciadi contra el país por estas mismas concesiones. En 2015 demandó a Argentina a causa del desequilibrio financiero que acumulaban las concesionarias por el congelamiento de los peajes. Esa discusión se cerró justamente cuando se renegociaron los contratos durante el gobierno de Macri
La renegociación de GCO contemplaba la extensión de la concesión por 12 años, hasta 2030, reconocer los reequilibrios pendientes por 247 millones de dólares, un plan de inversiones adicional para mejorar la red por 250 millones de dólares, un nuevo esquema de revisión de tarifas y el cese de los procedimientos entre las partes.
En el caso de Ausol, la prórroga de la concesión fue por 10 años, también hasta 2030, el reconocimiento de los reequilibrios pendientes por 499 millones de dólares, un plan de inversiones adicional de 430 millones de dólares y también un nuevo esquema de tarifas y el fin del arbitraje. En ambos casos, el Gobierno asumía además, el riesgo de demanda, entre otras cláusulas.
