El general Gonçalves Días tuvo que explicar por qué abrió una puerta a las personas que rompieron vidrios y otros objetos. (Twitter)
El exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (GSI), Marco Edson Gonçalves Dias, se presentó ante la Policía Federal para contar su versión de la historia sobre las famosas grabaciones dentro del Palacio de Planalto el 8 de enero. Allí se le ve guiando a los manifestantes y abriéndoles puertas, aún así, el hombre de confianza de Luiz Inácio Lula da Silva negó tener responsabilidades. Frente a las autoridades dijo que el seguimiento de los movimientos que tuvieron como consecuencia la invasión de la sede de los Tres Poderes era “responsabilidad del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa”. De acuerdo con el reporte de Jovem Pam, el general agregó que GSI “no fue invitado a la reunión sobre el Plan de Acción Integral, celebrada el día anterior a la invasión, y que la falta de reacción del Gobierno el 8 de enero se debió a ‘un apagón general en el sistema por falta de información para la toma de decisiones’”. En resumen, quiso desmarcarse de lo que ocurrió. De esta manera continuó con su argumento. En el caso de campamentos en áreas militares, correspondía al Ejército inspeccionarlos y retirarlos. Y que entendía que, en la noche de la invasión, “no era conveniente y seguro detener a los vándalos” que estaban acampados frente al Cuartel General del Ejército, sin planificación previa, “debido a los ánimos exaltados y a la presencia de familias, ancianos y niños”, apuntó el medio brasileño.
“Estaba haciendo gestión de crisis”
Más allá de los operativos —o de supuestas exclusiones que habrían cometido otras instancias, ignorando al hombre a cargo de la seguridad personal del presidente de Brasil— el general tuvo que explicar por qué abrió una puerta a las personas que rompieron vidrios, mesas y otros objetos en Planalto. Esta fue otra parte del relato:
«Al entrar en el Palacio de Planalto, se dirigió a la cuarta planta y comprobó que había invasores y que estaban siendo desalojados por agentes de la GSI y que tras bajar a la tercera planta hizo un barrido y encontró a otros invasores en la habitación contigua y condujo a estas personas a la salida. Cuando se le preguntó por qué no detuvo a los invasores, el general dijo que ‘estaba haciendo gestión de crisis’ y que estas personas serían detenidas por agentes de seguridad en el segundo piso en cuanto bajaran, porque era el protocolo; que no tenía las condiciones materiales para hacer la detención él mismo”.
Sobre las botellas de agua que el mayor José Eduardo Natale de Paula Pereira entregaba a los agresores dentro del edificio, Gonçalves Dias dijo que de haberlo visto, “lo habría detenido”. Sin embargo, en todo esto hay contradicciones. Como el hecho de que el general confirmó la entrega de las imágenes de las cámaras de la Presidencia a todas las instituciones del Estado, “sin omitir posibles filmaciones”. En cambio, el magistrado Alexandre de Moraes determinó “la ruptura del secreto” de las grabaciones, decisión que en teoría no tendría que tomar si se supone que podían ser entregadas, como hizo Gonçalves Días.
Filtración de videos sacude el entorno de Lula: reculan e inician imputaciones
Un ministro brasileño dijo que el mandatario «desconocía las imágenes del circuito interno» que mostraban a Gonçalves Dias. Por otro lado, diputados petistas cambian de opinión sobre una comisión de investigación, mientras que el magistrado Alexandre de Moraes decide procesar a los primeros 100 acusados.
La administración izquierdista de Lula quiere desligarse a toda costa del escándalo por las grabaciones. (EFE)
La renuncia de Marco Edson Gonçalves Dias como ministro de jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, así como hombre de confianza de Luiz Inácio Lula da Silva, solo es el punto de partida de un enorme revuelo político. Un día después de que salieron a la luz videos que lo comprometen con los ataques contra los poderes públicos el 8 de enero, desde el Supremo Tribunal Federal (STF), el Parlamento y el Palacio de Planalto se están moviendo fichas.
Paulo Pimenta, ministro de la Secretaría Especial de Comunicación Social (Secom) dijo a GloboNews que el actual mandatario “desconocía las imágenes del circuito interno” de la sede presidencial. Luego de los hechos habría recibido una recopilación de grabaciones, pero estas —extrañamente— no contenían los momentos cuando aparece Gonçalves Dias.
Mientras la administración izquierdista busca evitar posibles responsabilidades por el escándalo de las grabaciones, el expresidente Bolsonaro fue citado a declarar por la Policía Federal de Brasil para el próximo miércoles 26 de marzo. El sistema judicial insiste en que este tuvo que ver con los ataques, a pesar de que las imágenes parecen demostrar otra cosa, ya que es el ministro de Lula da Silva quien aparece guiando y abriendo puertas a los manifestantes. Unas 300 personas siguen detenidas por estar relacionadas con el episodio. Sin embargo, ahora más que antes, abundan las dudas respecto a quiénes son los verdaderos responsables.
De Moraes y la petición de prisión contra Gonçalves Dias
Este 20 de abril más de 30 diputados bolsonaristas exigieron la detención de Gonçalves Dias ante la Fiscalía General. Además, pidieron un trato igualitario con los demás procesados por los hechos, que se incaute su pasaporte y se decrete prisión preventiva.
En pocas palabras, solicitan para el exministro las mismas represalias aplicadas contra Anderson Torres, anterior titular de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, quien está tras las rejas desde hace más de tres meses con problemas de salud, según sus abogados. Dos días antes de que salieran a la luz las grabaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) había pedido revocar su privativa de libertad.
En una carta enviada al magistrado Alexandre de Moraes, y citada por Revista Oeste, detallan que el exfuncionario perdió más de 12 kilos y “ha entrado en un estado de profunda tristeza”. Por eso proponen otras medidas “que cumplen de manera más adecuada los fines en cuestión” como uso de tobillera electrónica, prohibición de salida del Distrito Federal o no mantener contacto con otros investigados. El 8 de enero Torres estaba en Estados Unidos, pero a pesar de eso lo detuvieron cuando llegó al país.
Finalmente, de Moraes rechazó el pedido porque, según él, la investigación reforzó la necesidad de mantener preso al exministro Torres “por las declaraciones de testigos y la incautación de documentos que apuntan a pruebas contundentes de la participación del peticionario en la elaboración de un supuesto ‘proyecto golpista’”. Se desconoce si el magistrado aplicará las mismas decisiones sobre Gonçalves Días por el escándalo de las grabaciones.
Gobierno de Lula reculó
Desde las estructuras gubernamentales hay más movimientos. El gobierno de Lula pasó de rechazar a apoyar la creación de una comisión que investigue los hechos del 8 de enero. Los videos que publicó CNN Brasil fueron el detonante de ese cambio de opinión.
De desestimar su creación, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ahora dice que el gobierno de Lula da Silva debería haber apoyado desde el principio la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI). No hay que olvidar que hasta mediados de marzo pasado Humberto Costa, senador y vicepresidente del Partido de los Trabajadores, aseguraba que el presidente brasileño haría “todo lo posible para impedir su instalación”. El STF también puso su propio pie en el acelerador al votar para imputar a los primeros 100 acusados por los eventos de enero contra las sedes de los poderes públicos. Seis de los diez magistrados estuvieron a favor, con lo cual obtienen mayoría, aunque otros cuatro tienen hasta el 24 de abril para revelar su opinión. Alexandre de Moraes fue el primero en dar su veredicto.
Por : ORIANA RIVAS. 
Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes de política y economía. Especialista en plataformas digitales