De hecho, la vicepresidenta electa se dirige hacia una encerrona el próximo jueves, cuando está prevista la sesión de jura de los 24 nuevos senadores elegidos en octubre. Mientras Villarruel piensa que ese día se votará el nuevo presidente provisional del cuerpo, segundo escalón en la línea sucesoria presidencial, un importante número de legisladores kirchneristas tiene decidido postergar esa discusión para febrero.
Aquí entra a tallar la mano de Cristina Kirchner, que citó la sesión para este jueves en virtud de los artículos 56 de la Constitución Nacional y 7 al 12 del Reglamento de la Cámara alta, todos relacionados a la jura de los nuevos senadores. Nada dice acerca de la elección de las autoridades del cuerpo, las que siempre se modifican cuando hay un recambio presidencial y mucho más cuando hay un cambio de color político en la Casa Rosada.
El dilema que enfrenta Villarruel es más complejo aún, ya que incluso en el caso de que el Frente de Todos decida cederle el cargo a los libertarios, como se pronunció Cristina Kirchner la semana pasada, Milei tampoco tendría asegurada la designación de Paoltroni, a quien eligió la semana pasada para ocupar la presidencia provisional.
Esto ya genera críticas en usinas legislativas libertarias contra Villarruel, que ven cómo la vicepresidenta electa recorre el espinel de despachos de la Cámara alta pero en reuniones protocolares, en las que no avanza con ningún tipo de compromiso que le garantice el control del Senado.
Las quejas apuntan también al entorno de colaboradores que eligió Villarruel para rodearse en su desembarco en el Senado, a los que acusan de no haberla alertado sobre este tipo de cuestiones reglamentarias.
La vicepresidenta electa, mientras tanto, mantiene un hermético silencio, al extremo de que no ha dado señales, sobre todo con los bloques enfrentados con el kirchnerismo, para tratar de garantizarse la elección de personas de su confianza en otros dos cargos clave en el manejo del Senado, como son las secretarías Administrativa y Parlamentaria, casilleros que ocupan María Luz Alonso y Marcelo Fuentes, respectivamente, funcionarios de extrema confianza de Cristina Kirchner.
Alonso es una dirigente de La Cámpora que fue electa legisladora provincial en La Pampa, por lo que se estima que renunciará al cargo y podría abrir una vacante que habría que llenar. No obstante, bien podría fungir la función su segundo, el también kirchnerista Mariano Cabral, si es que el peronismo decide postergar la elección de un nuevo secretario administrativo. Fuentes, por su parte, no tiene obligaciones que le impidan seguir al frente de la Secretaría Parlamentaria.
Gustavo Ybarra