“La Universidad libre es
la Universidad en privilegio».
Andres Cisneros.
Andres Cisneros.
Hace muchos años comencé a discutir con los profesores universitarios el papel que juega la libre admisión y la libre admisión de nuestras Universidades públicas en nuestro país; En ese momento, y ya hablo de dos décadas, uno de mis mejores amigos me regaló la frase que encabeza esta nota.
A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Alieto Guadagni, a quien no me canso de citar, muestra cómo la educación pública en Argentina, e incluso la educación privada, se ha deteriorado, especialmente en los últimos diez años.
Ayer, sin embargo, nuestro Presidente, al inaugurar el nuevo edificio integrado al complejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se mantuvo al contrario; Frases como “La universidad pública gratuita es un igualador social” son simplemente, falsos clientes, dispuestos a ser creídos, comprados y vendidos por la ya famosa Cámpora.
La realidad, no es buena para la Sra. Cristina, es muy diferente, lo miras desde el ángulo que lo haces. El concepto populista, por el contrario, es una máquina de mantener privilegios, y basta para confirmarlo analizando qué porcentaje de estudiantes de la Universidad son de clases media-baja y baja.
Porque, sin necesidad de estudiar números y estadísticas, basta un simple razonamiento deductivo para confirmar la afirmación. ¿Estudiar una carrera es el mismo esfuerzo para un hijo de clase media, cuyos padres pueden mantenerlo, que uno de una familia de clase trabajadora, que necesita un trabajo de estudiante para la universidad para vivir?
Por otro lado, ¿es comparable alguien que llega a la universidad en coche o vive muy cerca de él a alguien que tiene que desplazarse durante horas en transporte público para llegar a clase?
Desde otro ángulo, todos sabemos que la Universidad pública se sostiene con aportes del Tesoro cuyo tesoro, a su vez, proviene de los impuestos que pagamos todos. ¿Es razonable que el apoyo más pobre de su esfuerzo diario sea una Universidad que no tiene ningún tipo de demanda y donde sus hijos no pueden asistir?
Otro punto de vista es el resultado de pensar por qué el país debe pagarlo todo para que algunas carreras de estudio no sirvan al grupo social y que, en la mayoría de los casos, egresen personas que no encuentran e inserción laboral en el campo elegido, produce frustración y resentimiento. Nuestras ciudades están llenas de arquitectos-taxistas, abogados-empleados, médicos-enfermeras.
Finalmente, la Ley Federal de Educación vigente, al prohibir la difusión pública de las evaluaciones de los establecimientos educativos de los niveles secundario y universitario, iguala a continuación, porque impide la sana competencia basada en la calidad y calificación de los títulos otorgados a cada uno. .
En la Argentina, como bien dice Guadagni, el promedio de permanencia en los claustros de los estudiantes de carrera con currículo de cinco años es de siete y, a diferencia de todos nuestros vecinos, la Universidad ha egresado sólo veinte y dos de cada cien ingresantes.
Este estiramiento artificial de la vida universitaria produce naturalmente mayores costos de salarios docentes y no docentes, de infraestructura, de recursos para la investigación, etc., todo lo cual queda rezagado respecto de la población en general, incluidos los sectores cuyo único consumo es la alimentación básica, está gravado por el IVA.
La pobreza generalizada de los salarios de los docentes en todos los niveles hace que solo puedan ingresar a la formación académica aquellos que, además de una vocación única, tengan otra forma de vida o que busquen, en la cátedra, un premio social. Esto no siempre va acompañado de la calidad de la enseñanza impartida.
Finalmente, y para no hablar del diagnóstico, sólo un ejemplo: en Japón, con ciento quince millones de habitantes, hay dieciocho mil abogados autorizados para ejercer la profesión; en Francia, con cincuenta y cinco millones, el número se reduce a quince mil; En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene tres millones, los abogados somos más de cincuenta mil.
Entre otros efectos negativos, es fácil de imaginar, el exceso de competencia torna grosero el ejercicio profesional, se reducen los honorarios y cada día los abogados tienen menos capacidad para vivir de su talento. Sin embargo, la UBA sigue graduando futuros reprobados, y el costo de la graduación lo soporta toda la población. Parece extraño, por decir lo menos, ¿no?
Mientras tanto, grandes conglomerados internacionales de industrias punteras se ven impedidas de instalarse en el país porque no encuentran suficientes ingenieros informáticos, geólogos, químicos, físicos, matemáticos, geógrafos, etc.
En resumen, y como muchas otras cosas, los argentinos queremos que la realidad sea lo que queremos que sea, y no lo que realmente es. Y seguimos intentando, durante décadas, obtener resultados diferentes con los mismos métodos. ¡Qué absurdo!
Todo esto tiene solución, pero hace falta coraje y un poco de conexión con los gritos apasionados de La Cámpora, dispuesta a aplaudir cualquier locura que proponga doña Cristina, incluida su eterna reelección. (¡No es cuestión de que dejen a la mujer abiertamente, económica y judicialmente hablando!).
Mi propuesta, repetida en notas y publicaciones antiguas, es muy sencilla.
Se trata de establecer -la Argentina sin duda tiene una forma informatizada de hacerlo- cuántos nuevos graduados en cada una de las disciplinas se necesitarán en el país en cinco años. Para ello, basta con introducir en el ordenador la información que proporcionan las empresas y el sector público, incluidos los posibles inversores que acuden.
Con el resultado de esta investigación se establecerá un primer cupo de ingresantes a la Universidad. Para ser parte de ella, los estudiantes deben rendir un examen de ingreso muy difícil -en matemáticas, lenguaje, ciencias y ciencias sociales- y mantener un nivel de excelencia a lo largo de la carrera, confirmado por las pruebas del semestre.
A los integrantes de esa primera cuota, obviamente, no sólo no se les cobrará matrícula alguna sino que, por el contrario, se les otorgará un salario razonable, que les permitirá mantener a sus familias, a lo largo de sus estudios.
Como es claro, quienes hayan cumplido con el cumplimiento del primer cupo encontrarán una clara oportunidad laboral, porque el Estado y las empresas están ansiosos por encontrarlos.
Luego, crea una segunda cuota que tenga en cuenta la capacidad física de cada una de las habilidades. Al menos en algunas de ellas, hay asignaturas en las que los profesores tienen que dar clases a más de cien alumnos a la vez, lo que impide una buena enseñanza.
Esa segunda cuota, es decir, quienes elijan carreras que no se necesitan en el país -y, por tanto, injustamente necesitan ser apoyadas- o para los estudiantes que no hayan alcanzado el nivel de excelencia requerido para la primera, deberán pagar para estudiar. Así de simple: si quieres hacerlo, depositalo tu mismo.
También se incluirá una ley en este reglamento que impondrá al sector público la obligación de contratar a la Universidad como consultor externo, y pagar los honorarios correspondientes.
Veamos, antes de rechazarla in limine, cuáles son los efectos de la solución propuesta.
En primer lugar, producirá mejores egresados y el país contará con excelentes profesionales en las disciplinas más necesitadas.
Entonces, impide la permanencia del “alumno crónico”, aquel en el que el bajo nivel de exigencia en cuanto al número de asignaturas aprobadas permite permanecer en los claustros por muchos años, lo que inquieta al verdadero alumno.
Con los ingresos de la colegiatura que pagan los integrantes de la segunda cuota, además de los honorarios que recibe la Universidad por sus servicios de consultoría externa, se conformará un interesante presupuesto propio, que permitirá incrementar significativamente el salario docente y la inversión. en infraestructura y medios de comunicación, investigación.
Al pagar un salario real, se incrementará la vocación por la docencia, lo que permitirá también una mayor exigencia en la calidad de los docentes.
El círculo virtuoso cerrará el nivel de excelencia en los claustros docentes, transformando a la Universidad en una verdadera luz capaz de iluminar el futuro del país, dejando de ser una luz miserable que sólo nos permite ver las escaleras que descienden donde nos llenamos.
A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Alieto Guadagni, a quien no me canso de citar, muestra cómo la educación pública en Argentina, e incluso la educación privada, se ha deteriorado, especialmente en los últimos diez años.
Ayer, sin embargo, nuestro Presidente, al inaugurar el nuevo edificio integrado al complejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se mantuvo al contrario; Frases como “La universidad pública gratuita es un igualador social” son simplemente, falsos clientes, dispuestos a ser creídos, comprados y vendidos por la ya famosa Cámpora.
La realidad, no es buena para la Sra. Cristina, es muy diferente, lo miras desde el ángulo que lo haces. El concepto populista, por el contrario, es una máquina de mantener privilegios, y basta para confirmarlo analizando qué porcentaje de estudiantes de la Universidad son de clases media-baja y baja.
Porque, sin necesidad de estudiar números y estadísticas, basta un simple razonamiento deductivo para confirmar la afirmación. ¿Estudiar una carrera es el mismo esfuerzo para un hijo de clase media, cuyos padres pueden mantenerlo, que uno de una familia de clase trabajadora, que necesita un trabajo de estudiante para la universidad para vivir?
Por otro lado, ¿es comparable alguien que llega a la universidad en coche o vive muy cerca de él a alguien que tiene que desplazarse durante horas en transporte público para llegar a clase?
Desde otro ángulo, todos sabemos que la Universidad pública se sostiene con aportes del Tesoro cuyo tesoro, a su vez, proviene de los impuestos que pagamos todos. ¿Es razonable que el apoyo más pobre de su esfuerzo diario sea una Universidad que no tiene ningún tipo de demanda y donde sus hijos no pueden asistir?
Otro punto de vista es el resultado de pensar por qué el país debe pagarlo todo para que algunas carreras de estudio no sirvan al grupo social y que, en la mayoría de los casos, egresen personas que no encuentran e inserción laboral en el campo elegido, produce frustración y resentimiento. Nuestras ciudades están llenas de arquitectos-taxistas, abogados-empleados, médicos-enfermeras.
Finalmente, la Ley Federal de Educación vigente, al prohibir la difusión pública de las evaluaciones de los establecimientos educativos de los niveles secundario y universitario, iguala a continuación, porque impide la sana competencia basada en la calidad y calificación de los títulos otorgados a cada uno. .
En la Argentina, como bien dice Guadagni, el promedio de permanencia en los claustros de los estudiantes de carrera con currículo de cinco años es de siete y, a diferencia de todos nuestros vecinos, la Universidad ha egresado sólo veinte y dos de cada cien ingresantes.
Este estiramiento artificial de la vida universitaria produce naturalmente mayores costos de salarios docentes y no docentes, de infraestructura, de recursos para la investigación, etc., todo lo cual queda rezagado respecto de la población en general, incluidos los sectores cuyo único consumo es la alimentación básica, está gravado por el IVA.
La pobreza generalizada de los salarios de los docentes en todos los niveles hace que solo puedan ingresar a la formación académica aquellos que, además de una vocación única, tengan otra forma de vida o que busquen, en la cátedra, un premio social. Esto no siempre va acompañado de la calidad de la enseñanza impartida.
Finalmente, y para no hablar del diagnóstico, sólo un ejemplo: en Japón, con ciento quince millones de habitantes, hay dieciocho mil abogados autorizados para ejercer la profesión; en Francia, con cincuenta y cinco millones, el número se reduce a quince mil; En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene tres millones, los abogados somos más de cincuenta mil.
Entre otros efectos negativos, es fácil de imaginar, el exceso de competencia torna grosero el ejercicio profesional, se reducen los honorarios y cada día los abogados tienen menos capacidad para vivir de su talento. Sin embargo, la UBA sigue graduando futuros reprobados, y el costo de la graduación lo soporta toda la población. Parece extraño, por decir lo menos, ¿no?
Mientras tanto, grandes conglomerados internacionales de industrias punteras se ven impedidas de instalarse en el país porque no encuentran suficientes ingenieros informáticos, geólogos, químicos, físicos, matemáticos, geógrafos, etc.
En resumen, y como muchas otras cosas, los argentinos queremos que la realidad sea lo que queremos que sea, y no lo que realmente es. Y seguimos intentando, durante décadas, obtener resultados diferentes con los mismos métodos. ¡Qué absurdo!
Todo esto tiene solución, pero hace falta coraje y un poco de conexión con los gritos apasionados de La Cámpora, dispuesta a aplaudir cualquier locura que proponga doña Cristina, incluida su eterna reelección. (¡No es cuestión de que dejen a la mujer abiertamente, económica y judicialmente hablando!).
Mi propuesta, repetida en notas y publicaciones antiguas, es muy sencilla.
Se trata de establecer -la Argentina sin duda tiene una forma informatizada de hacerlo- cuántos nuevos graduados en cada una de las disciplinas se necesitarán en el país en cinco años. Para ello, basta con introducir en el ordenador la información que proporcionan las empresas y el sector público, incluidos los posibles inversores que acuden.
Con el resultado de esta investigación se establecerá un primer cupo de ingresantes a la Universidad. Para ser parte de ella, los estudiantes deben rendir un examen de ingreso muy difícil -en matemáticas, lenguaje, ciencias y ciencias sociales- y mantener un nivel de excelencia a lo largo de la carrera, confirmado por las pruebas del semestre.
A los integrantes de esa primera cuota, obviamente, no sólo no se les cobrará matrícula alguna sino que, por el contrario, se les otorgará un salario razonable, que les permitirá mantener a sus familias, a lo largo de sus estudios.
Como es claro, quienes hayan cumplido con el cumplimiento del primer cupo encontrarán una clara oportunidad laboral, porque el Estado y las empresas están ansiosos por encontrarlos.
Luego, crea una segunda cuota que tenga en cuenta la capacidad física de cada una de las habilidades. Al menos en algunas de ellas, hay asignaturas en las que los profesores tienen que dar clases a más de cien alumnos a la vez, lo que impide una buena enseñanza.
Esa segunda cuota, es decir, quienes elijan carreras que no se necesitan en el país -y, por tanto, injustamente necesitan ser apoyadas- o para los estudiantes que no hayan alcanzado el nivel de excelencia requerido para la primera, deberán pagar para estudiar. Así de simple: si quieres hacerlo, depositalo tu mismo.
También se incluirá una ley en este reglamento que impondrá al sector público la obligación de contratar a la Universidad como consultor externo, y pagar los honorarios correspondientes.
Veamos, antes de rechazarla in limine, cuáles son los efectos de la solución propuesta.
En primer lugar, producirá mejores egresados y el país contará con excelentes profesionales en las disciplinas más necesitadas.
Entonces, impide la permanencia del “alumno crónico”, aquel en el que el bajo nivel de exigencia en cuanto al número de asignaturas aprobadas permite permanecer en los claustros por muchos años, lo que inquieta al verdadero alumno.
Con los ingresos de la colegiatura que pagan los integrantes de la segunda cuota, además de los honorarios que recibe la Universidad por sus servicios de consultoría externa, se conformará un interesante presupuesto propio, que permitirá incrementar significativamente el salario docente y la inversión. en infraestructura y medios de comunicación, investigación.
Al pagar un salario real, se incrementará la vocación por la docencia, lo que permitirá también una mayor exigencia en la calidad de los docentes.
El círculo virtuoso cerrará el nivel de excelencia en los claustros docentes, transformando a la Universidad en una verdadera luz capaz de iluminar el futuro del país, dejando de ser una luz miserable que sólo nos permite ver las escaleras que descienden donde nos llenamos.
Buenos Aires, 10 Mar 11.
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